El lunes pasado, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal condenó a Gustavo Adolfo Soto Osorio, ex contador de Arnoldo Medrano, a 7 años de prisión, luego de declararse culpable de haber permitido la extracción anómala de Q21.8 millones del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, por lo que luego de cuatro días de espera, se pretendía que para este viernes ya hubiese acuerdos para el pago de la reparación digna.

En tal sentido y luego de una larga discusión, los representantes del Plan decidieron desistir de requerirle un pago a Soto, pues se había determinado que este ya no tendría dinero para restituir parte de lo extraído, sin embargo, había un acuerdo para hacer pagos a las municipalidades afectadas.

#LHNacionales | 🚨 Gustavo Soto Osorio acepta cargos por desfalco de Q21.8 millones del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. 📌 https://t.co/D9caPsVP6D

— Diario La Hora (@lahoragt) June 11, 2024

A criterio de la juez Sonia Villatoro, si bien, las partes llegaron a acuerdo para que el acusado restituyera el dinero a las municipalidades que fueron engañadas y de donde se extrajo el dinero para que no llegara al plan, era necesario que los fondos se restituyeran a este para cancelarle a los beneficiarios que resultaron afectados.

Por esta razón el pago de reparación digna quedó así:

DEBEN ENTREGARLO AL PLAN

La juez ordenó que si bien es cierto el pago de resarcimiento es a las municipalidades, porque el dinero inicialmente salió de estas sin llegar al plan de prestaciones, una vez se haga efectivo el pago, las comunas deben entregar el dinero íntegro al plan.

«Porque no es para sus fondos, esto es derivado de las acciones de sustracción del dinero que el acusado y compañeros permitieron para el retiro de los empleados municipales, entonces ese dinero debe ir íntegro para pagar el plan de prestaciones para que ellos lo administren y puedan efectivamente recuperar algunas cuotas», explicó Villatoro.

Una vez los fondos sean entregados al plan, estos deben ser entregados a los beneficiarios afectados, principalmente aquellos que realizaron sus reclamos pero que en el camino de su búsqueda de justicia fallecieron, por lo que esos beneficios que pudieron recibir deben ser trasladados a las familias.