El derecho a la protesta es un pilar fundamental de la democracia y está protegido por la Constitución Política de la República de Guatemala, así como por tratados internacionales de derechos humanos. Su ejercicio permite a la ciudadanía expresar demandas y preocupaciones, contribuyendo al debate público y al control democrático.

Sin embargo, en determinados contextos, las manifestaciones pueden derivar en actos que afectan bienes públicos y privados, lo que plantea el reto de equilibrar la protección de este derecho con la garantía de otros derechos ciudadanos y el mantenimiento del orden público.

Para abordar este tema, se entrevisto a Juan Francisco Mérida, exdiputado de la República, quien expuso su visión sobre los mecanismos para garantizar el derecho a la protesta en Guatemala sin comprometer el ejercicio de otros derechos fundamentales ni la estabilidad social.

En este espacio recordaron los bloqueos suscitados en octubre del 2023 donde muchas personas en diferentes puntos del país más que manifestar realizaban acciones que incomodaron a muchos guatemaltecos

Juan Francisco resaltó que la propiedad del Estado es de todos, pero por falta de principios y educación se daña el patrimonio

El derecho a la protesta es esencial en una sociedad democrática, permitiendo a los ciudadanos expresar sus demandas y opiniones. No obstante, su ejercicio debe realizarse de manera que no vulnere los derechos de otros ni el orden público.

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