El Congreso aprobó el pasado martes 18 de noviembre el Decreto 16-2025, que contiene la “Ley Temporal del Subsidio para la Reconstrucción de Viviendas Familiares Afectadas por los Sismos”, con la que se busca apoyar a los propietarios de viviendas dañadas por los sismos ocurridos en el territorio nacional desde julio pasado.

La aprobación se realizó en un solo debate y de urgencia nacional con el propósito de “otorgar auxilio financiero directo a los propietarios o poseedores de viviendas familiares que hubieren sido dañadas o destruidas por eventos sísmicos” del 8 de julio al 31 de diciembre de 2025.

Según el decreto, los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Jutiapa recibirán especial atención, ya que, de acuerdo con estudios de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Fondo para la Vivienda (Fopavi), adscrito al Ministerio de Comunicaciones (CIV), en esas zonas se registró el mayor número de viviendas afectadas por los sismos.

Subsidio según el nivel de daño

Datos del Ministerio de Comunicaciones indican que Escuintla y Jutiapa concentran el mayor número de viviendas dañadas, principalmente por los sismos ocurridos entre julio y agosto del presente año. En total, se reportan 6,958 viviendas afectadas: 1,654 con daños severos, 3,041 con daños moderados y 2,263 con daños leves.

El artículo 6 del decreto establece una tabla de montos según la gravedad del daño:

• Q70 mil para daños severos
• Q20 mil para daños moderados
• Q10 mil para daños leves

Con base en la información del CIV y los montos definidos en el decreto, el subsidio total estimado asciende a Q199 millones 230 mil:

• Q115millones 780 mil para las viviendas con daños severos
• Q60 millones 820 mil para las de daños moderados;
• Q22 millones 630 mil para las de daño leve.

Financiamiento y fiscalización

La ley fija los recursos del Fopavi como principal fuente de financiamiento para el programa de subsidios. Carlos Gossman, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) explica que esa dependencia tiene un presupuesto vigente de subsidio para la vivienda de Q657 millones y solo han ejecutado Q179 millones.
Además, se dispondrá del “75% de los recursos contemplados en el artículo 119 de la Ley General del Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2025”.

La administración del programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), mientras que la Contraloría General de Cuentas (CGC) supervisará que los recursos se usen exclusivamente para los fines estipulados, garantizando la transparencia.

Gossman añade que el punto más relevante del financiamiento es el 75% del fondo emergente previsto en el artículo 119 de la ley del presupuesto, por Q110 millones.

“Estamos hablando de que si son Q110 millones y se les podría aplicar el 75%, son Q82.5 millones de los que podrían utilizar de ese fondo emergente. Esa sería la cantidad que estaría invirtiéndose en este apoyo económico. Eso se podría dirigir a ese subsidio, pero ojo, porque según el artículo 119 indica que sería la Conred y esto quizá a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército quienes estarían haciendo la ejecución. Nosotros ya verificamos en las partidas de las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, y efectivamente todavía tienen disponibilidad esos Q110 millones”, aseguró Gossman.

No obstante, de acuerdo con la ley de presupuesto, los recursos del Fondo Emergente podrán utilizarse mediante gestión financiera múltiple, lo que autoriza a la Conred y al Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a ejecutar proyectos de mitigación por desastres naturales o emergencias propuestos por las municipalidades y sus empresas. Por lo tanto, se requerirían las gestiones correspondientes por parte del Minfin para modificar esos criterios y hacer uso de los recursos, puntualiza.

Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera positivo que se atiendan este tipo de situaciones, siempre que se respeten los procedimientos del régimen presupuestario nacional.

“No está mal atender la necesidad, que es impredecible que ocurra. Entonces hay que buscar recursos en el marco legal que rige el presupuesto, son permitidas las transferencias. Siempre que se vaya respetando el marco presupuestario legal, es positivo que se atienda esa necesidad”, afirma Prado, quien considera que también deben establecerse mecanismos adecuados para el buen manejo y fiscalización de los recursos destinados a este asunto.