Los crímenes cometidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo, copresidentes de Nicaragua, están en la mira de la comunidad internacional. Durante mucho tiempo se creyeron intocables y que podían hacer y deshacer en su país, como si fuera su finca familiar. Sus acciones sanguinarias han convertido a ese país en un reino del terror, donde la mayoría de la población está sometida a una férrea vigilancia.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de las Naciones Unidas, dio a conocer un informe que muestra un patrón de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas cometidas por la dictadura desde 2018. Ese año, miles de personas salieron a las calles para protestar contra las reformas a la seguridad social. Sin embargo, el régimen sandinista interpretó esas manifestaciones como un intento de derrocamiento y lanzó una bestial represión que continúa hasta la fecha.

Los observadores internacionales han denunciado una política deliberada para silenciar la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y una represión que traspasa sus fronteras. Los déspotas no se han conformado con atacar a sus opositores, sino que han desmantelado el estado de Derecho. Los organismos Legislativo y Judicial, así como las demás estructuras estatales, están supeditadas a los designios de los copresidentes.

Las investigaciones efectuadas por el grupo observador de las Naciones Unidas, basadas en más de mil 900 entrevistas y nueve mil 300 documentos, demuestran que estas acciones incluyen asesinatos, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y vigilancia de la población. Centenares de opositores han sido exiliados, para luego retirarles la nacionalidad y robarles sus propiedades.

Según el informe, Ortega y Murillo han desarrollado una política deliberada para consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y el estado de Derecho. Agrega que la represión es tan grave y el sistema jurídico tan depredador que las familias de las víctimas se exponen a nuevos abusos por tan solo buscar a sus seres queridos. El régimen sandinista ha llegado al extremo de enviar sicarios para asesinar a opositores en el extranjero, como ha ocurrido en Costa Rica.

El objetivo de Ortega y Murillo es evitar que alguien pueda poner fin a su régimen patrimonialista, en el cual consideran los recursos del Estado como propiedad familiar. En sus planes está heredar el poder a su hijo Laureano, quien es el nuevo brazo político, mientras que Rafael Antonio se encarga del control de las finanzas del régimen familiar. Sus otros hijos e hijas se entretienen con los demás negocios del clan. De hecho, los Ortega Murillo han superado a los Somoza en cuanto a la voracidad y saqueo de los recursos del Estado.

La represión ha llegado a desmantelar todos los medios de comunicación que no se alineen con la dictadura, hasta la confiscación de sus propiedades. La prensa independiente nicaragüense solo existe en el exilio. Lo mismo ha ocurrido con sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, señalados de ser conspiradores, lo que ha desatado la persecución religiosa.

El grupo de expertos de las Naciones Unidas dice que la comunidad internacional no puede seguir solo como espectadora de la crítica situación nicaragüense. No basta con denunciar los crímenes de la dictadura, sino que es fundamental llevar a los responsables de los hechos de lesa humanidad ante la Corte Internacional de Justicia. Además, considera que deben intensificarse las sanciones legales y selectivas contra los perpetradores de ese régimen de terror.