Simplemente grosera es la postura de funcionarios respecto de la mora del Estado en su aporte patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el cual no solo se incumple en la actualidad, sino que acumula ya un saldo histórico de Q60 mil millones, pese a que dicha institución le continúa prestando servicios médicos y programas de invalidez, vejez y sobrevivencia a miles de empleados de la administración pública.

El Ministerio de Economía, a través de sus informes periódicos, usa las cifras de afiliaciones al IGSS como referencia de los empleos formales generados en el país. El más reciente documento disponible en línea, de finales de 2022, reporta un aumento total de 5% de inscripciones al Seguro Social. Se detallan todos los sectores productivos privados como comercio, construcción, enseñanza, bancos, transportes, energía y manufacturas, los cuales, en general, cumplen con las cuotas patronales y laborales; 349 mil 570 empleados públicos están afiliados, cifra que supera a cualquier otro sector, pero el pago patronal se incumple.

Debido a omisiones legales e indolencias gubernamentales sucesivas, el aporte anual del Estado al IGSS ni siquiera cubre la totalidad de la cuota patronal vigente, con lo cual la deuda crece y se acelera conforme se infla la burocracia. Cada año el Estado debería aportar unos Q4 mil millones, pero, por ejemplo en el presupuesto del 2023, solo se destinan Q1 mil 500 millones, lo cual golpea las finanzas y sostenibilidad de la institución, además de comprometer la mejora de la atención.

Recientes medidas unilaterales, como obligar a que las microempresas con uno o dos empleados coticen en el IGSS vuelve a colocar presión en las finanzas de la entidad, pues no se aclara el monto de los aportes y cada nuevo afiliado precisa de todos los servicios. Además, la medida impone una carga adicional a los emprendimientos que, en todo caso, sí tendrán que cumplir con la cuota patronal.

La Cámara de Comercio y la Cámara del Agro de Guatemala demandaron al Estado honrar el adeudo al IGSS, pero la respuesta de las autoridades de Finanzas ha sido lavarse las manos y excusarse en la falta de un supuesto impuesto específico, contemplado hace décadas, para sufragar la cuota. Es una falacia porque existen otros tributos específicos, tales como el de los combustibles, que a pesar de tener un uso establecido en ley se emplea para otros fines.

Por desgracia, el IGSS ha sido visto como un enorme botín por grupos inescrupulosos que incluso han cometido graves desfalcos, como el de Q300 millones ocurrido en 2003, durante el gobierno de Alfonso Portillo y el partido Frente Republicano Guatemalteco. También se ha intentado utilizar sus fondos en proyectos e inversiones dudosas que no se han concretado gracias a la denuncia pública.

La amenaza de un nuevo tributo, como chantaje para evadir el abordaje del adeudo estatal al IGSS, parece ser solo un distractor o incluso una treta para disuadir el reclamo. Sin embargo, el saldo sigue aumentando cada año, cada mes, cada día. Es evidente que la administración de Giammattei Falla no tiene la menor intención de ponerse al día al menos con las cuotas de su período, igual que todos los gobiernos anteriores, pese a que suman plazas presupuestadas y, por consiguiente, afiliados. Como mínimo, las figuras presidenciables deberían referirse con seriedad y propuestas claras a este grave problema.