La cotorrería politiquera usualmente agarra las emergencias viales como pretexto para hacerse pasar por adalides del interés público. No son pocos los diputados que se rasgan las vestiduras por dificultades en pasos afectados por deslaves y socavones acelerados por lluvias, pese a que algunos formaron parte de camadas exoficialistas y en su momento solo se hicieron parches para salir del paso en los mismos focos de problemas actuales. Hasta presidenciables hay que hace lustros criticaban la inversión en obras viales, porque en tono populista decían que tales proyectos eran “para los ricos”, cuando en realidad el impacto de los chapuces y los rezagos los paga toda la ciudadanía. Son merolicos del cortoplacismo.

Dicho eso, se debe cuestionar la inveterada deficiencia de supervisión para identificar y atajar próximas vulnerabilidades; por ejemplo, en puentes y bóvedas debajo de la ruta de ruta CA-2 Occidente, donde hay paso normal, pero basta un temporal súbito para otra emergencia. Pero también hay crisis existentes que también son preexistentes. Una de las más sintomáticas es la inundación recurrente en el paso El Cafetal, kilómetro 37 entre Amatitlán y Palín, que se torna cenagoso por deslaves de laderas. Bloquea el paso, con el correspondiente costo de tiempo y recursos para todo tipo de transporte.

La causa original de este pantano intermitente es el descontrol territorial edil que permitió construcciones o urbanización sin plan de drenaje adecuado a la topografía de la ruta. El Ministerio de Comunicaciones ofreció trabajos en tres fases, pero solo reportaron resultados de una. ¿Para cuándo las otras? Esta semana hubo un derrumbe en Boca del Monte que llevó al cierre parcial de la vía. Drenajes de superficie y desorden urbano son causas subyacentes.

En la ruta a Muxbal se produjo recientemente un deslave causado por un mal control edil sobre un proyecto inmobiliario. Está bien urbanizar, invertir y generar nuevos espacios de vivienda, pero no a costa de la seguridad vial ni sin medidas de mitigación para la temporada de lluvias.

Igual o aún más crítico es el socavón del kilómetro 189 de la ruta Cito-Zarco, entre Reu y Xela. No es la primera vez que colapsa. En el 2017 y en el 2021 hubo incidentes similares. Es notorio que solo se rellenó sin atender bien al caudal causante. ¿Qué diputado pregunta por exministros o funcionarios involucrados en las chapuzas? Esto no exime a los actuales personeros de informar sobre el plan a seguir. Por ahora se instala un puente Bailey para aliviar el paso y, ojalá, emprender la construcción de una bóveda sólida. Sobre la ruta al Atlántico, a la altura de El Progreso, también hay derrumbes constantes, algunos de índole geológica, pero otros claramente detonados por la forma descuidada de trabajar de operaciones extractivas de piedra. ¿Quién tiene tales concesiones y qué compromisos deben cumplir para no afectar a terceros?

No está de más recordar a la manga de estafadores que hizo posible el impune pero por siempre vergonzoso fiasco de Odebrecht. Cada puente faltante, cada reducción de tramo a dos carriles es un recordatorio histórico de su engaño e incompetencia. Pero lo más relevante es trazar en este momento un panorama de plazos y costos, aclarar a la ciudadanía cuáles proyectos ya están adjudicados y acelerar, con la debida transparencia, aquellos que aún estén pendientes. Hay diputados carroñeros que claman por destituciones, pero no les interesan las rutas, sino los contratos. Pero la cúpula actual del CIV también debe responder con datos y acciones, no con excusas.