Análisis del Cien: Presupuesto para el 2027 sacrifica inversión para aumentar funcionamiento

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien)presentó su análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, en el que abarca los aspectos relacionados con el proyecto de gasto que está siendo analizado y discutido en la Comisión de Finanzas del Congreso, para su eventual aprobación antes del 30 de noviembre.

En el documento técnico que contiene dicho análisis se ha identificado una tendencia a la baja de la inversión pública, la cual ha perdido peso de forma sostenida en las últimas dos décadas, mientras que los gastos de funcionamiento han ganado terreno hasta convertirse en el componente dominante del gasto del Estado.

Según el informe, la participación de los gastos de inversión cayó del 37.4% del gasto total en el período 2004-2007 al 23% en el Proyecto de Presupuesto del 2027. En el mismo lapso, los gastos de funcionamiento pasaron del 62.6% al 77%.

Esto significa, según el análisis, que la inversión perdió 14.4 puntos porcentuales, mientras que el funcionamiento ganó en la misma proporción. Al hacer la comparación del promedio del 2004-2007 con el del 2024-2025, el Cien calcula que la inversión perdió 15.7 puntos porcentuales frente al funcionamiento.

La tendencia es más clara al realizar la medición del gasto como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Los gastos de funcionamiento pasaron de representar el 7.6% del PIB en el 2004-2007 al 9.9% en el 2025 y se proyectan en el 11.8% del PIB para el 2027.

En contraste, la inversión cayó del 4.6% del PIB en el 2004-2007 al 2.7% en el 2024-2025 y se propone en el 3.5% del PIB para el 2027. Es decir que, por cada quetzal de inversión adicional que se proyecta, el funcionamiento absorbe tres veces más, según el análisis.

El informe también advierte sobre la volatilidad extrema de la inversión. En este sentido, indica que su coeficiente de variación en el período 2004-2025 fue del 27.7%, superior al 9.9% de los gastos de funcionamiento, al 6.7% de los servicios de la deuda y al 5.2% de los egresos totales.

“Un factor asociado a la volatilidad del gasto en inversión pública es la prociclicidad de dicho rubro con respecto al crecimiento económico (coeficiente de correlación de 0.83)”, indica el documento.

Causas de la variación

En su análisis, el Cien identifica la rigidez presupuestaria como factor central, ya que el 90.1% de los ingresos corrientes netos de donaciones para el 2027 tiene un destino específico, el nivel más alto del período 2015-2027. A ello se suma una carga tributaria insuficiente —Guatemala recauda el equivalente al 65.9% del promedio de América Latina y el Caribe y al 42.0% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— y el crecimiento de la masa salarial, que en el 2027 alcanzará Q49 mil 816.5 millones, un 13.7% más que lo ejecutado en el 2025 y un 5.8% más que el presupuesto vigente a agosto del 2026.

Deuda para funcionamiento

El análisis indica que el resultado es que el Proyecto de Presupuesto del 2027 propone financiar el 51.9% de la deuda pública para gastos de funcionamiento y solo el 29.6% para inversión, incumpliendo el espíritu de la regla de oro de la Ley Orgánica del Presupuesto, que prohíbe usar crédito público para gastos corrientes.

Se prevén Q23 mil 716.6 millones de gastos de funcionamiento financiados con deuda, incluidos Q1 mil 621.6 millones para remuneraciones. También establece que, en las últimas dos décadas, el endeudamiento público neto solicitado para el 2027 (3.64% del PIB) solo sería menor que el del ejercicio fiscal 2020, relacionado con la pandemia del covid-19 (5.44% del PIB).

También advierte que la ejecución de la inversión es deficiente. En el 2024 se ejecutó el 61.91% de la inversión física y en el 2025, el 56.63%, muy por debajo del promedio 2004-2023 (77.14%).

El Cien indica que en el Plan de Gobierno 2024-2028 se estableció elevar la inversión al 28.2% del gasto, pero el presupuesto del 2027 solo llega al 23.0%. En conclusión, el Cien advierte que la inversión pública “ha sido sacrificada para acomodar un gasto corriente creciente”, y con la información disponible no es posible evaluar si las obras propuestas son socialmente rentables.

El informe también indica que “los gastos de inversión han tendido a perder participación en el presupuesto de egresos justamente para acomodar los mayores gastos de funcionamiento impulsado por las rigideces presupuestarias presentadas anteriormente junto con una insuficiente movilización de ingresos tributarios”.

Jorge Lavarreda, analista y experto en temas presupuestarios del Cien, presentó los resultados del análisis y señaló que del presupuesto de Q192 mil 045.1 millones, el 68.5% corresponde a impuestos; el 23.8%, a préstamos; el 4.5%, a saldos de caja, y el 3.2%, a otros rubros. Casi 92 centavos de cada quetzal que ingresa son “rígidos”.

Lavarreda también explicó que el endeudamiento neto subiría al 3.6% del PIB, el saldo de deuda se mantendría cerca del 26.8% del PIB y el gasto total llegaría al 17.6% del PIB, con el 11.8% de funcionamiento, el 3.5% de inversión y el 2.3% de servicios de la deuda.

Responsabilidad en año electoral

El Cien advierte que en el 2027, que es un año electoral, también traera consigo un aumento significativo del gasto para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que asciende a Q2 mil 333.3 millones. Además de excepciones a la Ley de Contrataciones y a la Ley Orgánica del Presupuesto, lo que constituye un riesgo de asignaciones políticas y posible clientelismo. Por ello recomienda, en el corto plazo, limitar las excepciones legales, exigir transparencia técnica y fortalecer el dictamen que será emitido por el Congreso, esto con la finalidad de que el presupuesto 2027 sea aprobado con responsabilidad fiscal e institucional, principalmente por el contexto electoral que se avecina.

Debilidades técnicas y legales

Lavarreda también comentó que en el proyecto de gasto para el próximo año se han identificado varias debilidades técnicas y legales, tales como excepciones a la Ley Orgánica del Presupuesto y una ampliación preaprobada por Q1 mil 900 millones, según lo establecido en el artículo 26 del proyecto, con relación a fondos provenientes de donaciones, préstamos externos en ejecución, aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, ingresos propios de las entidades y sus saldos, entre otros.

También se han identificado varios bolsones de reserva por un monto de Q4 mil 467.6 millones, tales como el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios, por Q3 mil 517 millones; la previsión para la modernización del Sistema Metropolitano de Transporte, Puertos y Aeropuertos, por Q800 millones, y el Fondo para la Adquisición de Tierras, por Q150 millones. Asimismo, una transferencia para la modernización de la Empresa Portuaria Quetzal por Q4 mil 800 millones y falta de información técnica en varios artículos del presupuesto.

“La recomendación a la Comisión de Finanzas antes de aprobar el presupuesto es no legislar excepciones a la Ley Orgánica del Presupuesto, respetar la regla de oro – que establece que el Gobierno solo debe pedir prestado para invertir – publicar la información técnica faltante, asignar recursos solo a obras con opinión aprobada de Segeplan, corregir artículos repetidos y elaborar el dictamen con sólido fundamento técnico”, concluye Lavarreda.