Los intentos de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump de deportar a decenas de niños guatemaltecos y hondureños no acompañados recibieron este jueves 11 de septiembre un nuevo revés judicial, luego de que una jueza de Arizona prorrogó por dos semanas más una orden cautelar emitida el pasado 31 de agosto para impedir su expulsión.

De acuerdo con una publicación del diario español El País, la magistrada Rosemary Márquez fue quien extendió la medida de protección otorgada a los menores, justo cuando abordaban los aviones para ser enviados de regreso a Guatemala.

La publicación detalla que la resolución de Márquez se fundamentó en su preocupación por quién se haría cargo de los menores a su regreso a su país de origen, al considerar que no se han dado pasos suficientes para garantizar su bienestar.

Los abogados que representan a 57 niños guatemaltecos y 12 hondureños, de entre 3 y 17 años, señalan que la expulsión violaría las leyes estadounidenses y pondría en peligro a menores vulnerables.

El pasado 31 de agosto, la jueza federal Sparkle Sooknanan ordenó en el último momento frenar las operaciones de deportación, cuando varios de los niños ya se encontraban en aviones listos para trasladarlos a su país de origen. La medida cautelar tenía una vigencia de 14 días.

La resolución de Sooknanan establecía que el veto a las expulsiones debía aplicarse a todos los niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o tutores y que se encuentren bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Además, la jueza solicitó al Gobierno pruebas que demostraran que, como afirmaba, se buscaba deportar a los niños porque habían sido reclamados por familiares en Guatemala, una afirmación cuestionada por los abogados de los menores.

Por su parte, la fiscal Denise Ann Faulk, representante de la Administración Trump, aseguró, según El País, que las expulsiones fueron negociadas en altos niveles diplomáticos y que los menores no tendrían que afrontar prohibiciones prolongadas de regreso a Estados Unidos, como ocurre en otros casos.

El Gobierno de Guatemala expresó su disposición a recibir a los menores expulsados y ha informado que afinan el protocolo para su recepción.

Además, confirmaron que las deportaciones son parte de un acuerdo firmado con autoridades estadounidenses, y garantizaron el bienestar de los menores a su arribo al país.

Según la información, los niños no acompañados que llegan a Estados Unidos y son interceptados cerca de la frontera con México quedan bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, y son trasladados a un albergue o con una familia de acogida, mientras un patrocinador —habitualmente un familiar que ya reside en Estados Unidos— se hace cargo de ellos.

En este caso, los menores que el Gobierno intentaba deportar se encontraban en albergues, a la espera de pasar a la custodia de un patrocinador. La demanda, presentada por el Centro Nacional de Derecho Migratorio y el Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes, sostiene que la Administración Trump los está transfiriendo de forma ilegal a la custodia de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para enviarlos en aviones a Guatemala, donde, según los demandantes, pueden enfrentar abuso, persecución, tortura o negligencia.

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