A poco más de tres meses para que entre en vigencia el mandato que dispone la mezcla de 10% de etanol en las gasolinas, en el Congreso de la República fue presentada una nueva iniciativa de ley y en esta ocasión el objetivo es que dicha mezcla sea voluntaria y no obligatoria, como está establecido actualmente.

Se trata de la iniciativa 6725, denominada Reforma a la Ley de Alcohol Carburante, decreto ley 17-85, para garantizar la voluntariedad y proteger el patrimonio de la población, presentada el 10 de marzo ante la Dirección Legislativa.

Los ponentes son los diputados Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez, de Comunidad Elefante; Hellen Magaly Alexandra Ajcip, César Roberto Dávila Córdova y Jorge Mario Villagrán Álvarez, quienes, según el portal del Congreso, pertenecen a Comunidad Elefante, son independientes o forman parte del Partido Azul, respectivamente.

La propuesta incluye 13 artículos y aún no ha sido conocida en el pleno.

Busca reformar los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 15, 26, 27 y 35, relacionados con abastecimiento interno, almacenamiento, distribución, expendio, porcentaje de mezcla, capacidad de producción y otros aspectos, en los que se establece que la mezcla de etanol no constituirá una obligación.

Por ejemplo, en el artículo 13, referente al porcentaje de mezcla, la propuesta indica que esta “será aplicable únicamente a gasolinas que voluntariamente se comercialicen como gasolinas mezcladas con alcohol carburante” y que “la mezcla de alcohol carburante con gasolinas será de carácter voluntario. No podrá establecerse su obligatoriedad mediante disposiciones reglamentarias o administrativas”. Además, señala: “Las disposiciones reglamentarias deberán limitarse a establecer estándares técnicos y de calidad, sin imponer obligaciones de mezcla obligatoria”.

También se establece que el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), tendrá un plazo de 30 días para adecuar el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante a fin de armonizarlo con el régimen de voluntariedad.

Actualmente, el reglamento —contenido en el Acuerdo Gubernativo 257-2025— establece que, a partir del 30 de junio del 2026, las gasolinas incorporarán un 10% en volumen de alcohol carburante.

Opiniones

MEM y productores sostienen que el mandato debe ser obligatorio

Consultado sobre la posibilidad de que la mezcla de etanol E10 en las gasolinas sea optativa, el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, expresó que no existe diferencia con lo que ocurre actualmente al adquirir gasolina, ya que los consumidores pueden elegir entre gasolina superior o regular, pero no el aditivo.

Explicó que las gasolinas mantendrán las mismas características técnicas, pero que se sustituirá un oxigenante que se ha identificado como contaminante y perjudicial para la salud y el ambiente, por otro que —según dijo— “es bueno para el ambiente, la salud y también para el motor”. Añadió: “Nunca hemos podido escoger los guatemaltecos qué oxigenante le echan a la gasolina”.

Al ser consultado si el MEM podría declarar optativa la mezcla, explicó que se realizó un análisis económico y que, para expendedores e importadores, las inversiones parciales resultan más costosas que una inversión única para todo el combustible. Agregó que, si un producto es saludable, no puede permitirse que solo una parte de la población lo utilice y otra no, ya que, en términos generales, todos se ven afectados por las emisiones y la contaminación ambiental.

“En ese sentido, la política de beneficio social, de salud y bienestar ambiental debe ser de aplicación general. Además, trae beneficio económico, porque el etanol ha sido históricamente más barato que la gasolina, y necesariamente debe haber una tendencia favorable hacia la gasolina E10 frente a aquella que no usa etanol”, puntualizó.

Productores: mezcla no puede ser opcional

Aída Fernández, directora ejecutiva de la Asociación de Combustibles Renovables (ACR), afirmó que en ningún país la mezcla con un porcentaje base de etanol ha sido optativa, ya que se implementa como política pública orientada a la seguridad energética, la lucha contra el cambio climático y la reactivación económica.

Durante el foro “Caminos de descarbonización: El etanol como parte de la solución”, celebrado esta semana en Guatemala, representantes de Brasil, Argentina y Uruguay coincidieron en que el modelo se aplica en sus países mediante un mandato legal, no como una opción voluntaria, añadió.

Fernández explicó que si la mezcla fuera optativa, resultaría inviable económicamente, ya que las estaciones de servicio cuentan solo con un tanque para gasolina regular y otro para superior; por tanto, requerirían bombas y tanques adicionales, lo que incrementa los costos.

Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (Apag), calificó la iniciativa como perjudicial para la política pública del E10 y sus objetivos, que —según dijo— buscan promover el bien común.

Argumentó que, con base en la experiencia de uno de cada tres países del mundo y del propio mercado de combustibles, es necesario establecer un mandato que brinde certeza y permita que todos los actores de la cadena hagan las inversiones necesarias para abastecer la demanda nacional. “De lo contrario, no existen incentivos para que se realicen dichas inversiones”, afirmó.

Alrededor de 100 millones de galones de etanol se necesitarán al año en Guatemala para abastecer la mezcla de 10% de etanol en las gasolinas, expusieron autoridades del @MEMguatemala en una citación en la Bancada Vos en el Congreso @prensa_librepic.twitter.com/SV0cU4Vk4y

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) February 10, 2026

Añadió que todos los países con políticas de biocombustibles han adoptado un mandato legal, ya que este garantiza el cumplimiento de objetivos de beneficio público, como mejorar la calidad del aire y reducir la huella de carbono del transporte. También indicó que la política implementada en Guatemala se construyó con base en estándares internacionales y mediante un proceso de diálogo con todos los sectores de la cadena de suministro.

Ancheta coincidió con la ACR en que, al hacerlo opcional, el modelo se vuelve económicamente inviable, pues todas las estaciones tendrían que invertir en nuevos tanques y bombas. “Con el E10, el consumidor tendrá exactamente la misma libertad de escoger gasolina regular o súper, pero con menos aditivos tóxicos, que actualmente nadie puede elegir”, aseguró.

Gremios apoyan que la mezcla sea voluntaria

Ejecutivos de la Asociación de Importadores de Motocicletas (Asim) y de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg) manifestaron que no conocen la nueva iniciativa presentada en el Congreso. Sin embargo, reafirmaron que su postura continúa siendo la misma: no se oponen al uso de etanol, pero consideran que su aplicación debe ser voluntaria, no obligatoria.

Enrique Meléndez, director ejecutivo de Ageg, explicó que el sector gasolinero siempre ha defendido que la mezcla debe ser opcional, para que el consumidor tenga la posibilidad de elegir gasolina superior o regular con o sin etanol.

Aunque la normativa actual permite mezclar hasta un 10% de etanol, el sector no está de acuerdo con que su uso sea obligatorio, añadió.

Actualmente, mantienen una mesa de diálogo con el MEM —iniciada el 9 de marzo— para trabajar en medidas para adecuar instalaciones y tanques, de cara al mandato vigente. Aunque han señalado dudas técnicas y falta de protocolos adecuados para adaptar las estaciones.

En julio del año pasado, el sector argumentó que si la mezcla es opcional, cada quien podrá elegir qué combustible desea usar, pero el problema es que se está imponiendo por diversas vías: tanto al consumidor, para utilizarla, como a las estaciones de servicio, para comercializarla.

En esa ocasión también se les consultó si habría interés en vender gasolina mezclada con etanol si fuera opcional. Al respecto, Meléndez respondió que quienes impulsan esta implementación tienen derecho a invertir y ofrecer lo que consideran un producto beneficioso, y que sean los consumidores quienes decidan. “Será el mercado el que determine su uso, no un mandato obligatorio”, expresó.

Por su parte, César Amézquita, gerente general de Asim, señaló que no ha leído la propuesta legislativa, pero reiteró que la postura de la asociación es que la mezcla sea optativa. Esta posición —explicó— se basa en que muchas motocicletas en circulación no están adecuadas para funcionar con etanol.

Añadió que están abiertos al diálogo, pero consideran que su implementación debe hacerse de forma correcta y a largo plazo. Según dijo, debió haberse iniciado un cambio paulatino del parque vehicular, un proceso que podría tomar entre cinco y diez años, para que las unidades estén adaptadas al uso de etanol.

Se ha indicado que algunas piezas podrían deteriorarse más rápidamente; si el Estado asegura que no habrá fallos, entonces que se haga responsable por los daños, afirmó.

Y concluyó: “Si lo quieren implementar, que tomen ejemplo de países que lo han hecho bien”.