La falta de aprobación en el Congreso de reformas a la Ley Electoral marca una pausa de diez años en la actualización de la normativa. Ese vacío abrió el camino para promover cambios mediante la reforma de los tres reglamentos, una vía que analistas consideran inadecuada.

Los partidos políticos, en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), redactaron una propuesta de cambios al Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), que sugiere 25 modificaciones.

Aunque solo se trata de una propuesta que debe ser analizada por el pleno de magistrados, encabezado por la presidenta en funciones, Blanca Alfaro, el contenido del documento es “peligroso”, según analistas que integraron la pasada Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came).

El Congreso dictaminó de manera favorable los cambios a la Lepp el 11 de noviembre del 2024, pero la propuesta no ha sido mencionada por los diputados en lo que va del 2025.

Ante esa apatía por reformar una ley que no se actualiza desde el 2016, Alfaro sugirió a los partidos políticos elaborar conjuntamente reformas a los reglamentos.

Lo anterior motivó reuniones entre autoridades del TSE y representantes de los partidos políticos, que consolidaron una propuesta con 25 modificaciones.

Algunos cambios

Los partidos proponen modificar el artículo 2 del reglamento. Entre sus sugerencias amplían el término “candidato” y plantean que pueda hacer propaganda desde el momento en que se le notifique su inscripción.

También precisan el significado de “proselitismo”, como una actividad política para dar a conocer ideología, programas, imagen y posicionamiento por cualquier medio.

En el artículo 28 se sugiere eliminar la obligación de justificar mediante acta certificada cualquier cambio de fecha para la celebración de asambleas.

La modificación al artículo 31 permite a los secretarios generales solicitar libros de actas incluso de forma unilateral, si argumentan un caso de urgencia y por única vez.

El 62 Bis amplía a afiliados, simpatizantes y personas individuales o jurídicas la facultad de hacer propaganda, y define el proselitismo como acciones para difundir ideología o programas durante el período no electoral.

En el artículo 62 Quater se contempla un proceso administrativo y legal para impedir la inscripción de candidatos que se promocionen antes de tiempo. Además, se aclara que posicionamientos en medios sobre temas nacionales no constituyen campaña anticipada y que los funcionarios electos no pueden presentar denuncias por ese motivo.

Otro punto es la inclusión del artículo 69 Bis, que propone una amonestación menor para la organización política que incurra por primera vez en una falta.

El artículo 92 Bis crea la figura del fiscal informático, un delegado partidario que podrá fiscalizar el uso de herramientas informáticas en los centros de votación.

Propuestas permisivas

Para Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), si no hubo reforma desde el Congreso, lo prudente era no alterar los reglamentos, para no debilitar los mecanismos de control sobre los partidos políticos.

“La Lepp, como está hoy, si no es para mejorarla, no vale la pena modificarla. Esta propuesta no busca mejorar, sino relajar controles y sanciones, brindando discrecionalidad a partidos, funcionarios y hasta financistas”, advirtió.

Hidalgo señaló que la reducción de sanciones no debe pasarse por alto: “En estas reformas, con consenso de los partidos, preocupa el relajamiento de las prohibiciones durante el proceso y de las sanciones que deben imponerse durante la constitución y funcionamiento de los partidos”.

El documento aún no está aprobado y necesita el aval de un pleno que estaría integrado en su mayoría por magistrados suplentes, quienes han denunciado públicamente la falta de convocatorias para tratar diversos asuntos.

En las últimas semanas, mientras se aproxima el proceso de renovación del TSE y otras instituciones del Estado, la presidenta Alfaro ha intensificado reuniones con partidos políticos y sus secretarios generales.

“Si esto se aprueba con tantos niveles de relajamiento, podríamos estar ante una mayor impunidad en materia electoral, con acciones de amplia libertad y discrecionalidad”, advirtió Hidalgo.

Guillermo Fuentes, analista de la organización de formación política Aire, también ve un debilitamiento de las normas que podría ser contraproducente.

“Debería consultarse a la Corte de Constitucionalidad para evitar contradicciones con la Lepp, que tiene rango constitucional. Un reglamento no puede contradecir a la ley”, explicó.

Además, advirtió que algunos artículos tienen redacción ambigua, como el que señala que el candidato tiene vía libre para hacer propaganda desde que recibe su credencial.

“Eso podría abrir la puerta para iniciar campaña antes de la segunda fase”, advirtió.

Los analistas también señalan como preocupante el poder que se otorga a los secretarios generales para solicitar nuevos libros de actas, un punto que ha generado disputas internas, como ocurrió en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde la secretaria general sigue siendo la excandidata presidencial Sandra Torres.

Fuentes considera positivo que se establezca un procedimiento para sancionar la campaña anticipada, así como la creación de la figura del fiscal informático, aunque pide mayor claridad sobre el perfil profesional y académico que debe cumplir dicho representante.

El TSE afina una propuesta de reforma al Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas; mientras que un borrador de reformas al Reglamento de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión ya está finalizado. Las tres propuestas deben de ser todavía analizados por el pleno del TSE para su posible aprobación.