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Más países de la UE se unen a sanciones contra funcionarios del MP, esto contesta el ente investigador
Según el MP se busca obstruir su trabajo investigativo por medio del “abuso de las relaciones diplomáticas”.
Al menos 10 países europeos se unieron a las sanciones que ya el bloque inicial había tomado en contra de funcionarios del Ministerio Público de Guatemala, mientras que el ente investigador asegura que solamente se trata de una injerencia de estos países en Guatemala.
Mediante un comunicado de prensa, la Unión Europea anunció que al menos 10 países se han unido a su decisión de imponer sanciones contra funcionarios del Ministerio Público y el juez Fredy Orellana, por considerar que sus acciones contra el proceso electoral socavan la democracia guatemalteca.
El pasado 2 de febrero, el bloque europeo determinó que la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales, el secretario del ministerio Ángel Pineda y el juez Orellana no podrán ingresar al territorio europeo, además de congelar sus activos y fondos en la Unión Europea.
A esta decisión se han sumado Suiza, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Ucrania, Moldavia, Bosnia y Herzegovina, y Georgia.
También se han unido países candidatos a unirse a la Unión, como Islandia, Liechtenstein y Noruega.
Por su parte, el Ministerio Público también mediante un comunicado a firmo que hay una:
“intención de querer obstruir el trabajo investigativo del Ministerio Público mediante el uso y abuso de las relaciones diplomáticas que debiesen garantizar el respeto de los derechos de los Estados parte”
De acuerdo a la postura del ente:
“estos señalamientos son espurios, tendenciosos y antidemocráticos que evidencian la desesperación por contar con un Ministerio Público a fin y complaciente para garantizar impunidad y corrupción. Asimismo, el pretender tener el control de una institución que goza de autonomía e independencia representa un agrave amenaza contra la democracia y el régimen de legalidad”.
El ministerio cierra su comunicado indicando que:
“se responsabiliza a las autoridades correspondientes de cualquier situación que atente contra la integridad, la vida y la seguridad de los funcionarios del Ministerio Público”.
Por Sergio Osegueda