El 2025 estuvo marcado por una alta incertidumbre global, producto de tensiones comerciales impulsadas por las políticas de Estados Unidos y por un complejo entorno geopolítico.

Para Guatemala, país altamente dependiente de las remesas, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense generó, como efecto paradójico, un fuerte crecimiento de los envíos ante la incertidumbre de los migrantes. A noviembre del 2025, las remesas alcanzaron un nivel récord superior a US$23 mil millones, 19% más que en el mismo período del 2024.

En el ámbito comercial, Guatemala se vio relativamente favorecida por la imposición de un arancel mínimo de 10% por parte de Estados Unidos y por condiciones favorables para sus principales exportaciones, junto con la estabilidad en los precios del petróleo. Según el Banco de Guatemala, la economía habría crecido alrededor de 4.1% en el 2025, con una proyección similar para el 2026.

La inflación mostró un comportamiento moderado, situándose en 1.73% a noviembre, por debajo del límite inferior del rango meta de la Junta Monetaria (JM).

En Estados Unidos, pese a una inflación cercana al 3%, la Reserva Federal redujo gradualmente su tasa de referencia, con tres recortes 0que la ubicaron en un rango de 3.5% a 3.75%. El contexto descrito permitió a la JM reducir la tasa líder de 5% a 3.75%.

En conjunto, el crecimiento económico de Guatemala en el 2025 respondió principalmente a factores extraordinarios y temporales, como el fuerte aumento de las remesas y términos de intercambio favorables. Sin estos, el país seguiría creciendo cerca de su potencial de 3.5%, limitado por el rezago en reformas estructurales, los altos niveles de pobreza y desnutrición, la baja escolaridad, escasa innovación y un significativo atraso en infraestructura, todo ello asociado a una débil institucionalidad.

¿Qué nos espera en el 2026?

Entorno externo

De acuerdo con las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional, la economía global crecería 3.1%, ligeramente por debajo del crecimiento observado en el 2025. En el caso de Estados Unidos, principal socio comercial de Guatemala, se espera un crecimiento de 2.1%, superior al 2.0% que se prevé para el 2025.

Estados Unidos ha anunciado que mantendrá una política migratoria más restrictiva, lo cual probablemente seguirá influyendo en el comportamiento de las remesas.

Aunque el Banguat estima una desaceleración en su crecimiento, hasta alrededor de 5%, todo indica que los flujos seguirán siendo dinámicos, sosteniendo el consumo interno y apoyando el crecimiento económico, aunque posiblemente a un ritmo algo menor que en el 2025.

Entorno interno

En el ámbito interno, el año se caracterizará por elecciones de segundo grado, que incluyen la designación de autoridades clave del sistema de justicia y del contralor general de Cuentas.

Asimismo, en el 2026 se realizarán los nombramientos del presidente del Banco de Guatemala y del superintendente de Bancos, quienes iniciarán un nuevo período a partir del 1 de octubre.

Estas designaciones son de enorme relevancia para el país, particularmente en un contexto de débil institucionalidad del sistema de justicia, que genera dudas sobre imparcialidad, transparencia y certeza jurídica.

Este factor ha sido uno de los principales obstáculos para la atracción de inversión extranjera directa. Guatemala se encuentra entre los países de la región que menos IED reciben: en el 2024, según el Banco Mundial, captó apenas el equivalente al 1.6% del PIB, muy por debajo de Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

En este contexto, la auditoría ciudadana y la vigilancia de los procesos de elección serán fundamentales para asegurar que se nombren personas idóneas, con integridad y trayectoria profesional sólida, lo cual tendrá efectos tanto de corto como de mediano plazo. Si el Ejecutivo no logra aprovechar el 2026 para dinamizar la inversión en infraestructura y avanzar en proyectos prioritarios, será poco probable observar avances significativos en el 2027, al tratarse de un año electoral.

A pesar de la persistente incertidumbre externa, las condiciones apuntan a que Guatemala podría crecer entre 3.5% y 4% en el 2026, impulsada nuevamente por las remesas y un comercio exterior relativamente favorable, sobre todo a la luz del reciente acuerdo comercial con Estados Unidos.

En materia fiscal, el presupuesto aprobado para el 2026, de más de Q163 mil millones —superior al vigente en el 2025 en alrededor de 5%—, implica un déficit fiscal mayor al 3% y una deuda pública de 28% con respecto al PIB.

Desde un punto de vista macroeconómico, dada la fortaleza de la posición externa del país y su nivel relativamente moderado de endeudamiento, este margen de déficit podría dar espacio, temporalmente, para mayores niveles de gasto social y de inversión; no obstante, persiste la falta de claridad sobre los resultados concretos del gasto público.

En efecto, aunque el presupuesto aprobado prioriza educación, salud, seguridad, protección social e infraestructura, no existen indicadores claros que permitan evaluar su impacto real en el bienestar de la población.

Además, hay opacidad en ciertos rubros, como los recursos asignados a los Consejos de Desarrollo —cuyo nivel de ejecución a octubre del 2024 era de apenas 41%— y a pagos a veteranos militares, ex patrulleros y algunas ONG.

Asimismo, la baja ejecución en infraestructura en el 2023 y el 2024 refleja más problemas de capacidad institucional que de disponibilidad de recursos.

Guatemala, aunque sigue siendo la economía más grande de Centroamérica, ocupa posiciones rezagadas en términos de PIB per cápita y desarrollo humano. Se sitúa por debajo de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, países que cuentan con estrategias nacionales de largo plazo claramente definidas.

A esto se suma un salario mínimo relativamente alto frente a la región, deficiencias en infraestructura y presiones de apreciación cambiaria, factores que afectan la competitividad exportadora.

La ausencia de una visión de país de mediano y largo plazo continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Aunque la estabilidad macroeconómica ha permitido enfrentar choques externos e internos con resiliencia, Guatemala carece de una hoja de ruta clara que impulse reformas estructurales, fortalezca la institucionalidad y permita avanzar hacia un crecimiento sostenido que se traduzca en mejoras tangibles en el bienestar de la población.

Esta necesidad se vuelve aún más urgente en un entorno global con impresionantes avances tecnológicos, pero cada vez más complejo en términos económicos y geopolíticos.