El 18 de julio de 2024, autoridades de diferentes instituciones del Gobierno de Guatemala comparecieron ante los medios de comunicación para dar a conocer los hallazgos dentro de una investigación interna que daban pistas claras de posibles hechos de corrupción generados a partir de varios contratos otorgados en el Instituto Nacional de Electrificación (Inde).

Hoy, a casi un año de presentadas estas denuncias ante el Ministerio Público (MP) —parece— no prosperan. Por el contrario, desde otras posiciones del Estado hay indicios de que se ha iniciado un hostigamiento en contra de aquellos que investigaron y denunciaron estos hechos anómalos.

Además, al menos dos diputados a través de citaciones han evidenciado un notable interés, pero en contra de quienes decidieron dar por terminados los contratos, presentar las denuncias penales e iniciar los procesos de cobro de fianzas.

En aquella conferencia de prensa celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura participaron, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, el comisionado Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, y el secretario General de Planificación de la Presidencia (Segeplan), Carlos Mendoza, entre otros.

En la actividad se dieron a conocer detalles de contrataciones con serias sospechas de anomalías, por un monto superior a los Q975 millones, por proyectos para la generación de energía eléctrica, repotenciación y modernización de plantas generadoras, construcción de una subestación, electrificación rural, adquisición de suministros para plantas generadoras y servicios de consultorías.

Estos proyectos se debieron desarrollar en Quetzaltenango, Retalhuleu, Alta Verapaz, Escuintla y Petén, así como en el edificio de la sede central del Inde, en la zona 9 capitalina. A grandes rasgos, por estos proyectos se dieron millonarios anticipos, y no muestran avance físico.

También se denunció falsedad de los documentos con los cuales algunas empresas adjudicadas comprobaron su experiencia, también a empresas oferentes relacionadas entre sí, con lo cual puede dar pie a una posible colusión, sobreprecios, productos entregados que resultaron ser diferentes a los ofertados e instalación de productos de procedencia dudosa.

Tres meses y medio después, el 4 de noviembre, se daría a conocer la segunda parte de esta posible trama de corrupción que involucraría a una de las principales figuras del gobierno anterior: Melvin Quijivix.

El apellido de este exfuncionario, muy cercano a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei, dio origen al nombre con que las autoridades nombraron al caso, Red Q.

Este cuenta cómo un exempleado del Centro de Gobierno se hizo de una plaza “fantasma” dentro de la Segeplanpara, en primer lugar, lograr la representación de dicha secretaría en diversas instancias directivas del Estado —entre ellas el Inde— y luego, cómo utilizó este puesto a manera de trampolín para saltar hasta la Presidencia de la institución.

Según la investigación que el Gobierno documentó, Quijivix ni siquiera se presentaba a laborar en Segeplan y, de hecho, ningún otro trabajador conocía dónde estaba su oficina —si es que tenía— dentro de la Secretaría.

En principio, la Oficina Nacional del Servicio Cívico (Onsec) había rechazado la creación de la plaza, pero ante la insistencia, incluso del propio Giammattei, se logró crear. Así, en el primer trimestre de 2021 se convirtió en miembro del Consejo Directivo y a inicios de 2022, en presidente de la institución.

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Es a partir de esta fecha, cuando empieza a darse un aumento considerable de las contrataciones en el Inde. De acuerdo con la denuncia —que también abarca al expresidente Giammattei, así como a la exsecretaria de Segeplan, Keila Gramajo, entre otros—, se pagaron millones de quetzales en asesorías anómalas, muchas veces creando necesidades inexistentes.

A pesar de que su plaza en Segeplan era “fantasma” según las autoridades, dicen las mismas que Quijivix cobró más de Q800 mil en sueldo y Q1.7 millones por dietas, ya que participaba en las reuniones del consejo del Inde.

Quijivix fue sancionado por el Gobierno de EE. UU. en julio de 2023, ya que fue señalado de incurrir en “una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de obra pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad”.

El exfuncionario fue incluido en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos, que el Gobierno de ese país actualiza año con año, a solicitud del Congreso.

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PROTECCIÓN DESDE EL ESTADO

La investigación presentada entre julio y noviembre del año pasado parece ser muy sólida y estar bien fundamentada, y documentada.

Sin embargo, el ánimo del equipo que participó en la investigación de este posible caso de corrupción en el Inde chocó con la aparente lentitud (en el mejor de los casos) del MP que hasta la fecha no ha solicitado ninguna orden de captura de funcionarios del gobierno anterior, que figuran en las denuncias.

Aparte de Giammattei, Quijivix y la exjefa de Segeplan, la denuncia incluyó a otras 25 personas, pero tampoco se ha conocido de acciones contundentes, fuera de varios allanamientos que se ejecutaron en el departamento de Guatemala, entre enero y febrero pasados.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, en esa ocasión, habló de avances y hallazgos de las pesquisas, dijo que la red de corrupción también se investigaba por lavado de dinero y que incluía a funcionarios del gobierno anterior, pero también del actual, el de Bernardo Arévalo.

Una fuente con conocimiento del caso dijo a La Hora que para mediados de abril, algunos miembros de la fiscalía a cargo de las investigaciones estaban listos para solicitar las órdenes de captura, pero que, inexplicablemente, estas ya no se pidieron.

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EN EL CONGRESO

Pero, aparte de los escuetos resultados en la investigación por parte del MP, algunos diputados del Congreso de la República se han dado a la tarea de citar a los funcionarios del Inde que decidieron dar por terminados los contratos, presentar las denuncias penales e iniciar los procesos de cobro de fianzas.

Los legisladores cuestionan a los funcionarios del Inde el por qué denunciaron a las empresas —pese a las supuestas ilegalidades detectadas— y no agotaron los procedimientos administrativos de conciliación. También señalan el proceso mediante el cual se dejó fuera del Consejo Directivo de la Institución a un representante sindical que avaló las contrataciones millonarias que fueron objeto de la denuncia penal.

Uno de los más activos en este sentido ha sido el diputado José Inés Castillo, quien fue electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y es jefe de ese bloque legislativo.

Las citaciones de Castillo a funcionarios del Inde se intensificaron después de que a finales de marzo pasado, comenzó el proceso para cambiar a los representantes de dos sillas del Consejo Directivo, pero especialmente la del representante sindical.

Dicho Consejo se integra por seis representantes titulares y seis suplentes. Del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Economía, de la Segeplan y uno por parte del sector privado, de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y del sector sindical.

En representación de esta última silla durante 18 años, hasta mayo pasado, estuvo el señor Samuel Nenroth Hernández Orantes, quien se postuló, pero no fue elegido en el proceso de elección más reciente elección —en mayo pasado—, ya que no cumplió con los requisitos establecidos en la ley.

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La Hora conoció que las organizaciones sindicales a las cuales supuestamente representaba le extendieron constancias de acreditación de sindicatos que parecían dudosas, por ejemplo, muchas eran similares y lo único que cambiaba era la firma.

De hecho, en 2021, Hernández Orantes fue detenido en Chiquimulilla, Santa Rosa, precisamente por un caso de falsificación de documentos para hacerse pasar por representante sindical. La Policía Nacional Civil lo acusó en esa oportunidad de “falsedad material e ideológica”.

Este año, en medio de sus últimos días en la silla del Consejo Directivo del Inde, Castillo —diputado que fue electo, casualmente por Santa Rosa— intensificó las citaciones a funcionarios del Instituto. En una de ellas, incluso, “intermedia” por las compañías “afectadas”, según se lee en una nota publicada en la página del Congreso.

En dicha citación, Castillo también invitó a representantes de por lo menos dos empresas quienes se quejaron por las pérdidas económicas que les ha representado la rescisión de los contratos.

En la nota se lee que uno de los casos fue expuesto por el representante legal de “una de las empresas constructoras afectadas” (no se menciona el nombre de la empresa), puntualmente la que tiene a su cargo tres proyectos en Petén. La compañía dijo que tenía pérdidas porque el equipo que compró lo tiene en bodegas, y genera costos por el almacenamiento.

Sin embargo, en la misma reunión, las autoridades del Inde señalaron que la compañía adquirió estos artículos hasta después de la denuncia y que “nunca invirtieron en el anticipo que se les dio”.

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Según la nota, el diputado Castillo “lamentó la situación de los contratos anulados” por el Inde ya que están en riesgo Q70 millones y “no hay respuesta de la institución”. Pese a los anticipos, cita la nota, el diputado reconoció que “no han invertido ni construido ningún proyecto de electrificación rural”.

Castillo también invitó al representante de la “empresa Ochoa López”, a cargo de un proyecto de energía fotovoltaica en Escuintla, quien también se quejó por las pérdidas económicas que le representa la inhabilitación del contrato.

CRITICA PROCESO DE SELECCIÓN

A la par de Castillo, el diputado Cristian Álvarez, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), también ha demostrado un interés muy particular por fiscalizar al Inde, en especial el proceso de elección donde Hernández Orantes quedó fuera de ocupar la silla del Consejo Directivo en representación de los sindicatos.

El pasado 29 de mayo fue a las instalaciones del Inde para preguntar por el proceso de nombramiento de los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales. En un video que quedó registrado en las redes sociales repetía constantemente que los votos se habían contado “en un cuartito oscuro y en secreto” y no permitía que el gerente de la Institución, Luis Adolfo Martínez, explicara con claridad el proceso.

Días después, citó a Martínez al Congreso y lo cuestionó fuertemente por haber implementado mecanismos de elección que terminaron por dejar fuera a Hernández Orantes.

Al igual que en la visita al Inde, el gerente intentaba explicar los mecanismos utilizados y aseguraba que “como nunca” la elección se hizo de manera transparente, pero Álvarez insistía una y otra vez en que la elección debió haberse hecho en público y acusaba a Martínez de que él, junto con otros dos profesionales designados, había elegido al representante sindical de su conveniencia.

Cuando se habla de que algunos de los postulantes no cumplieron con los requisitos de ley, Álvarez recrimina que “muchos han participado antes y saben cómo se hacía antes”. “Si era bueno o malo no lo sé”, añade, mientras insiste en la acusación en contra del gerente de que manipularon las leyes para “bajarse —excluir— a un candidato que no querían”.

“Creo que deberían repetir esa elección”, subraya el diputado.

La grabación de la citación tarda una hora con 10 minutos, de los cuales 59 minutos fueron para discutir por la elección del representante sindical y en 10 se habló de la elección del delegado del sector empresarial.

Una fuente relacionada a estos procesos consideró que el objetivo de las citaciones era dejar “mal parado” al gerente de la institución para que fuera relevado y que este cambiara a otras piezas claves, con miras a dar marcha atrás a la declaratoria de incumplimiento de contrato e insistir con una solución administrativa y evitar el cobro de fianzas.

Añadió que Hernández Orantes votó a favor de aprobar los contratos millonarios que llegaron al Consejo Directivo cuando era presidido por Quijivix.

NIEGAN INTERESES

Ambos legisladores negaron tener intereses particulares en la fiscalización que, aseguran, llevan a cabo en el INDE.

A pesar de que en el proceso Álvarez dijo que ha hecho «algunas amistades con líderes sindicales», asegura que no conoce a Hernández Orantes. No obstante, sin que se le preguntara, afirmó que el sindicalista posiblemente haya sido candidato a alcalde de Chiquimulilla, Santa Rosa, en 2011. «Lo he de haber visto en alguna ocasión», afirmó.

El legislador de Creo añadió que lo que a él le interesa es que haya elecciones democráticas y transparentes en las instituciones del Estado. «En el IGSS se robaron tres elecciones», subrayó el diputado, quien sostiene que Martínez, actual gerente del Inde, abusó de su autoridad y «se sacó de la manga las notas».

«Presionar porque haya una elección transparente, esa es la ruta correcta», enfatizó Álvarez quien, insistió en que debe hacerse un proceso público, aunque ni la Ley ni el Reglamento del Inde lo establece.

Por su parte, Castillo, diputado por la UNE, negó que las repetidas citaciones a funcionarios del INDE respondan a una defensa de las constructoras que habrían incumplido los contratos.

El diputado aseguró que a él le preocupan los Q70 millones que la administración pasada entregó en anticipos por proyectos en los que no se ejecutó un centavo, esto pese a que las autoridades del Instituto han dicho que ejecutarán las fianzas.

El legislador también rechazó que las citaciones sean una estrategia para defender a los señalados en el caso Red Quijivix y más bien dijo que el INDE debe denunciar para que se siga las huellas de los anticipos pagados.

«Aquí no estamos defendiendo a nadie, sino —velando— por el cumplimiento de deberes de los funcionarios. Que el gerente y el ministro de Energía y Minas no se inventen historias porque son los responsables de la corrupción en el INDE», subrayó.

AUDITORÍAS

La fuente con la que conversó La Hora agregó después de la segunda citación de que el diputado Castillo dejó de citar a los funcionarios del Inde, el legislador pidió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) efectuar una auditoría a los 31 contratos suspendidos, y casi de inmediato un equipo de auditores llegó al Inde para comenzar los procedimientos.