El mandato constitucional sobre educación y salud, es una medida necesaria para mantener un desarrollo humano sostenible equitativo e igualitario. Sin embargo, ni ciudadanía ni gobierno cumplen cabalmente con ese compromiso ni la salud y la educación adquieren dentro de la ciudadanía, la relevancia política y social que corresponde. Esta es la lectura que surge al analizar el estado actual de ambos ámbitos.

En Guatemala, la politización de la salud y la educación es un fenómeno histórico con intensidad y visibilidad en aumento en los contextos políticos recientes, pero que desafortunadamente los gobiernos han utilizado como herramientas políticas para ganar apoyo, influir en la opinión pública e implementar agendas de beneficio personal.

Actualmente vivimos inmersos en un duelo sindicatos-autoridades, en que con total irresponsabilidad, la ciudadanía se hace a un lado. Por un lado, el gobierno argumenta pretender reducir los riesgos económicos, administrativos y técnicos de un mal servicio, reforzando controles e implementando tecnología y por su lado, los sindicatos argumentan con voces de disidentes, que todo está mal y no se cumple. En el caso de la educación, los planes de estudio, la financiación de los maestros y las escuelas y las reformas educativas, se han convertido en una lucha de poder y económica entre ambos bandos. En el ámbito de la salud, decisiones sobre políticas sanitarias, asignación de recursos o manejo de servicios y crisis, son motivo de lucha de poder y económicas. En ambos casos, el afectado del duelo es la gente.

Lo paradójico es que el pueblo, que financia ambos bandos con sus impuestos, recibe servicios de mala calidad y, pese a ello, no muestra un descontento significativo. Las protestas son débiles, y los argumentos administrativos y técnicos de los de la contienda son pobres e ignorados por la ciudadanía, y por supuesto, de eso los únicos que se benefician son los sectores en contienda.

Un estudio sociológico revelaría contradicciones en el actuar de la gente: mientras la población dice valorar la educación y la salud, su actitud pasiva ante la problemática demuestra lo contrario. Quieren buenos servicios, pagan por ellos, pero se conforman con lo pobre que reciben. Deja esto claro que, sin una participación ciudadana activa e informada, cualquier intento de modernizar estos servicios pierde sentido. La historia demuestra que ni sindicatos ni ministerios, actuando como rivales y por separado, han logrado cambiar la situación caótica de estas instituciones.

De tal manera que la actitud de la población hacia la salud y la educación está ligada a su conciencia pública, expresada en estos momentos en desconfianza hacia lo estatal. Esta desconfianza ha producido una actitud estereotipada de concebir los servicios públicos como de segunda categoría, por lo tanto, malos. La población basa tal creencia, en la experiencia personal y en la información masiva difundida en los medios y redes sociales, que refuerzan la idea de que los servicios públicos son inherentemente malos. En otras sociedades, la salud (como sinónimo de bienestar integral) y la educación (como base de oportunidades) son prioridades nacionales y el esfuerzo se encamina a resolver no a discutir o descalificar. En Guatemala, la falta de formación adecuada de esta conciencia política y social, impide una reacción crítica ante la corrupción y las limitaciones del sistema, confundiendo responsabilidades, responsables y culpables. Naturalmente, la confianza en el sistema de salud y educación, está directamente relacionada con su eficacia, accesibilidad y calidad de los servicios.

Las tareas de desarrollar un modelo adecuado de salud y educación, están planteadas tanto a nivel nacional como internacional. El nuevo paradigma de la salud y la educación, es concebido con la participación directa de los consumidores de esos servicios. Esta es la única solución adecuada y no la que dicten los sindicatos u organizaciones parciales.