La cuestionada ampliación presupuestaria aprobada con el decreto 17-2024 hace un año por el Congreso de la República otorgó Q100 millones para el Fondo de Capital Privativo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), para fortalecer la preinversión.

El gobierno había propuesto en dicha ampliación, incrementar Q90 millones a la Anadie que se destinarán a los estudios de infraestructura para la administración pública como el Palacio Legislativo y el Centro de Administración del Estado (CAE).

La expectativa que tiene la Anadie es poder licitar la obra en el segundo semestre del próximo año, pero aún tiene mucho camino que recorrer para que la mega obra empiece su construcción. El CAE se convirtió en un proyecto prioritario en el 2013 y se inició con las solicitudes por tratarse de una edificación dentro de un predio con valor histórico y cultural propiedad de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).

Reactivar el proyecto este año tiene como imprevisto un recurso que obliga a pausar la licitación para actualizar los estudios.

Marcha lenta pese a recursos

El presupuesto para la Anadie, según el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) reflejó el aumento, pasando el año pasado de Q12.07 millones a Q115.1 millones, con lo aprobado en el decreto 17-2024 en el rubro de “estudios y servicios para proyectos”.

Se contrató a Darío Noé Oliva Oliva, de la empresa Constructora D&K, por Q884 mil 885, para hacer el estudio técnico para la propuesta arquitectónica del CAE. La compañía acumula casi Q47 millones en adjudicaciones públicas desde el 2017, siendo municipalidades de Santa Rosa, Quiché, Sacatepéquez y Jutiapa sus principales compradores.

Al final, el informe de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) indica que el año pasado la ejecución de la Anadie fue por Q13.6 millones, logrando ejecutar cerca del 12 por ciento del monto vigente. Los saldos en cuentas bancarias sumaron Q113.7 millones, incluyendo los fondos de capital privativos y de aporte de gobierno.

Este año se asignó un presupuesto de Q18.1 millones a esta entidad y en abril aprobó una transferencia de los fondos privativos por Q8.1 millones, lo que eleva el presupuesto vigente a Q26.2 millones.

La Anadie licitó este año la contratación de tres estudios para el CAE. El primero es el estudio de impacto vial y de tránsito para el proyecto, que se otorgó al Consorcio Lemra, por Q785 mil, empresa que en el sistema Guatecompras tiene contratos desde el 2011 con compras directas, de baja cuantía y cotización.

Consorcio Lemra tiene varios contratos con la municipalidad de Santa Cruz Quiché para proyectos de caminos rurales, agua potable y estudio de suelos, y en julio de este año el Ministerio de Comunicaciones le otorgó un contrato para supervisión de obras viales por Q625 mil 240, luego de ser la única oferta recibida.

La Anadie indicó que está en revisión el segundo producto entregado por la empresa, relacionado con encuestas de origen y destino, mediciones de tránsito y conteos direccionales y será en noviembre que concluya este estudio. Marla Liseth González Vargas figura como representante legal de Consorcio Lemra, que ha recibido más de Q9 millones en adjudicaciones con el Estado, incluyendo la supervisión de la construcción del hospital de Ixcán, Quiché, en el 2014 por casi Q5 millones, que hasta este año sigue sin concluirse por falta de presupuesto para terminar la obra a cargo de la constructora Sercco.

En impasse legal

La segunda licitación fue para la “actualización de estudios de estructuración técnica, legal, financiera y de riesgos para construcción y desarrollo de infraestructura” para el CAE. La Anadie recibió tres ofertas por más de Q5 millones cada una, y la junta calificación confirmó en julio pasado la adjudicación a la empresa Inesca, S.A. por Q5 millones 714 mil.

Sin embargo, la decisión fue improbada semanas después por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) por considerar que el oferente incumplió con la entrega de documentos de unificación del consorcio entre Inesca, S.A. y la entidad Consultorías, Inversiones y Proyectos,S.A.S. (CIPSAS) de Colombia, según el acta extraordinaria del Conadie 03-2025.

“La empresa Inesca presentó un recurso, que se encuentra en trámite en las instancias legales pertinentes. Posterior a ello, se tomará la decisión que corresponda con el Conadie”, indicó la Anadie.

Siomara Mazariegos Carias aparece como representante legal de Inesca, empresa constituida en el 2021 y que acumula adjudicaciones por Q10.6 millones con entidades públicas, incluyendo la que se encuentra en litigio, y otra de Q3.2 millones con el Organismo Judicial para estudios de factibilidad y diseño del un complejo en Jutiapa.

Para finales de este mes, la Anadie tiene previsto recibir ofertas en la licitación del estudio de actualización del plan maestro de desarrollo del patrimonio de los bienes de la estación central de Ferrocarriles de Guatemala para el proyecto CAE. Los resultados de esta tercera contratación son el diagnóstico del estado actual y valoración de los bienes patrimoniales e inmuebles, un proyecto de restauración y revitalización, y el plan de manejo y conservación de los bienes.

Modernizar la ley

La Anadie empezó el trabajo para una nueva cartera de proyectos que apoyen la infraestructura del país, incluyendo los sectores nuevos que contempla la reforma al decreto 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica que creó la estructura actual para proyectos público-privados.

A inicios de este mes, la iniciativa 6433 pasó en tercer debate y está próxima a la aprobación final en el Legislativo. Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la reforma a la Ley de Anadie en este momento es una de las iniciativas más importantes de la agenda económica en el Congreso de la República.

Entre las modificaciones propuestas está la autorización para que municipalidades puedan usar la figura para proyectos, y amplía la modalidad de APP a sectores como transporte, educación, agua, electrificación, saneamiento y desarrollo urbano.

Además, Zapata menciona que permite que no todos los proyectos que se liciten tengan que pasar al Legislativo para su aprobación, lo cual va a agilizar la capacidad de contar con más proyectos.

“También da la posibilidad de contar con propuestas no solicitadas para tener más y mejores estudios de preinversión y una cartera robusta de proyectos”, indicó, al considerar que va a fortalecer la capacidad de trabajar alianzas público-privadas con municipalidades, algo que urge en estos momentos.

Se deberá evaluar la cartera de proyectos para establecer cuáles están avanzados para su licitación, así como aumentar los estudios de preinversión para contar con más y mejores proyectos, recomendó. En la historia de la agencia, solo el proyecto de ampliación de la carretera Puerto Quetzal-Escuintla con cobro de peaje ha sido aprobado y está en construcción. Otros seis proyectos como el CAE, la terminal de cruceros en Santo Tomas de Castilla y otros de movilidad y transporte urbano están en la cartera.

Congreso

La Anadie confirmó que se tuvo acercamientos con el Organismo Legislativo para conversar sobre la construcción de un edificio nuevo para esa entidad, pero es decisión de la institución solicitar el proyecto para las instalaciones.

El CAE está diseñado para instituciones del Ejecutivo, añadió.

Por ahora avanzan las obras de remozamiento de la actual sede del Congreso, mientras que se multiplican las oficinas que ocupan los diputados y el personal del Legislativo.

El año pasado, algunas dependencias de esa institución se trasladaron al antiguo Hotel Panamerican, sumando este espacio a los inmuebles que rentan por los alrededores del Palacio Legislativo, ubicado en la 9a. avenida de la zona 1.

Según la información que recabó Prensa Libre al inicio del 2024, eran rentados 26 inmuebles, entre ellos, el edificio 7 y 10; Arte Centro. Además, se tienen oficinas en el edificio Centro Vivo, que albergó al Hotel Ritz y fue considerado para comprarlo por el Congreso en el 2012.

Durante la gestión de Alejandro Giammattei resurgió el interés para construir instalaciones nuevas para los 160 diputados del Congreso y todas sus dependencias, pero más allá de la oferta de un terreno no ha prosperado la idea. Entre los diputados han mencionado posibilidades de ubicación como un terreno en los predios de Fegua o adquirir inmuebles en la 9ª. calle de la zona 1 para edificar el Palacio Legislativo.

Gigante de concreto

Este proyecto bajo el modelo de Alianzas Público-Privada (APP) tiene previsto construir cuatro edificios y cuatro sótanos en el predio de las instalaciones de Fegua.

Se requiere una inversión estimada de US$270 millones y promete ahorro en alquileres que actualmente contratan las entidades públicas.

Se pretende convertir el área en una zona de uso mixto con servicios, comercio y los aspectos culturales y patrimoniales, como el Museo de Ferrocarril. La obra concluida tendrá oficinas de entidades estatales que pueden dar cabida a más de 12 mil burócratas, dentro del espacio cercano al Centro Cívico. El año pasado se reactivó el proyecto y está en la fase de actualizar los primeros estudios que datan de hace una década.