Guatemala enfrenta un problema serio en sus carreteras. Cada día hay accidentes de tránsito que dejan heridos, familias destrozadas y hospitales saturados. Sabemos que necesitamos una solución, pero cuando aparece una propuesta concreta, como el seguro obligatorio, muchos se oponen. Queremos soluciones, pero no queremos responsabilidades.

En el 2024 hubo 8,354 accidentes de tránsito en el país. Como resultado, 2,352 personas murieron y 8,838 quedaron heridas. Esto significa que cada día, seis personas pierden la vida en las calles y carreteras de Guatemala. Las motocicletas son protagonistas en esta crisis: representan el 49% de los accidentes y, en total, 935 motoristas fallecieron en el último año.

Estas no son simples estadísticas. Detrás de cada número hay un hijo, un padre, una madre o un amigo que no volverá a casa. Hay familias que, además del dolor, quedan con deudas enormes porque no pueden pagar un hospital. Hay médicos y enfermeras agotados porque los hospitales nacionales están llenos de víctimas de accidentes.

El seguro obligatorio busca atender este problema, asegurando que haya recursos para cubrir gastos médicos y daños materiales. Pero al anunciarse la medida, la respuesta de muchos fue el rechazo. Y lo entiendo. Muchas personas viven al día y cualquier gasto extra se siente como una carga pesada. Es injusto pedirles que paguen más cuando ya luchan por salir adelante.

Pero aquí es donde debemos ver el panorama completo. Sin un seguro, cuando ocurre un accidente, los afectados quedan desprotegidos. Si no pueden pagar un hospital, terminan en un centro público, aumentando la presión sobre el sistema de salud. Al final, la factura la pagamos todos, con impuestos o con la falta de atención en hospitales ya colapsados.

Además, hay un aspecto crucial que se pone sobre la mesa. El seguro obliga a los dueños de vehículos a portar licencia y registrarse. Para nadie es un secreto que el crimen organizado opera tanto en motocicletas como taxis pirata. Esta medida también suma para mejorar el control y la seguridad de la población.

Algo importante: cuando Joviel Acevedo apoya una causa, hay que pensar dos veces si ese es el camino correcto. Su historial nos recuerda que no siempre busca el bien de la gente, sino sus propios intereses. Si está en contra del seguro obligatorio, tal vez es porque la medida realmente beneficia al país.

La resistencia a esta propuesta revela algo más profundo en nuestra cultura: queremos soluciones, pero no queremos responsabilidades. Queremos que haya menos accidentes, pero no queremos tomar medidas para evitarlos. Queremos que las carreteras sean más seguras, pero no queremos pagar por ello.

Es cierto que el seguro obligatorio debe implementarse con justicia. No puede ser una excusa para que las aseguradoras cobren precios abusivos. El Estado tiene que garantizar que las pólizas sean accesibles y que las personas de bajos recursos no sean las más afectadas. También es necesario mejorar la educación vial, las condiciones de las carreteras y el control de licencias de conducir.

El cambio no será fácil ni inmediato. Pero si seguimos esperando soluciones sin asumir nuestra parte, nada va a mejorar. Por eso, el diálogo es clave. Las autoridades, el sector privado y la población deben encontrar juntos la mejor forma de aplicar esta medida sin afectar a quienes viven al día. Pero el diálogo no puede ser una excusa para retrasar decisiones urgentes.

Los problemas del país no se solucionan con marchas o con rechazos automáticos a cualquier cambio. Tampoco se arreglan con decisiones impuestas sin considerar a quienes más les afecta. Se solucionan con responsabilidad compartida y acciones concretas.

Es momento de decidir: ¿seguimos esperando que alguien más resuelva nuestros problemas o asumimos la responsabilidad de construir un mejor país?