Revisando las posibles acepciones del término, el túmulo era una referencia cotidiana en la cultura maya ancestral para denotar dónde yacía una persona importante, habiendo sido el lugar seleccionado para su sepultura. Y aunque en la mayoría de las ocasiones el túmulo tenía relación con ceremonias religiosas, también se utilizaron para destacar un punto importante que servía de encuentro para actividades públicas de importancia.

Ahora bien, la reflexión que quiero motivar no es sobre el carácter ceremonial de la edificación de estos peculiares montículos, sino sobre el uso desmedido que se ha hecho para alterar, de una forma incidental o advenediza, la cotidianeidad de muchos ciudadanos que requieren de la red vial para poder desarrollar el día a día de sus actividades económicas, sociales y políticas. Basta con recorrer algunos tramos de las rutas principales que conectan con el área de las Verapaces o con el altiplano occidental para denotar la creciente cantidad de túmulos que han sido instalados en el medio de las rutas centroamericanas, nacionales y departamentales. Varían en diseño estructural, en materiales, dimensiones y sinuosidad, pero tienen en común la intención manifiesta de detener a todo aquél que busca llegar a su destino de forma expedita y libre de obstáculos.

Tan nefasta ha sido la proliferación de estas alteraciones al trazo de las vías del país, que en el 2014 se aprobó por el Congreso de la República la Ley para la Circulación por Carreteras libre de Cualquier Tipo de Obstáculos (Decreto 8-2014). El propósito de este cuerpo normativo es garantizar la circulación de personas y mercancías por la red vial del país sin que exista tropiezo alguno, y regular la posibilidad de la instalación de túmulos en aquellos lugares donde las circunstancias lo ameriten.

4 túmulos por kilómetro

Pero a pesar de la vigencia de la ley, poco se ha podido hacer para detener la instalación de túmulos, sobre todo en las rutas de mayor capacidad y velocidad. Cada túmulo que se instala reduce la velocidad de tránsito, agrava la siniestralidad en la ruta, erosiona la capacidad de carga de los vehículos, e introduce costos adicionales a la logística del país. A manera de ejemplo, sobre la CA-14 existen tramos con entre tres y cuatro túmulos por kilómetro, lo que implica que para movilizarse entre la Cumbre en Tactic y Cobán hay que soportar el daño que ocasionan entre 100 y 120 túmulos. La afectación de esta cantidad desmedida de túmulos puede representar una reducción de hasta 50% de la velocidad promedio, lo que implica que, para un recorrido esperado de 30 minutos a 60 kilómetros por hora, termina representando más de una hora de trayecto.

La ley prohíbe la colocación de obstáculos en las vías principales del país, a menos que exista una autorización expresa de la Dirección General de Caminos (artículo 2). Y en caso de que esta prohibición no se cumpla (artículo 3), se procederá a retirar dichos obstáculos sin necesidad de un aviso previo, contando incluso con el auxilio de la Policía Nacional Civil (artículo 8). Y al identificarse el infractor, las multas contempladas podrían oscilar entre los mil y los cinco mil quetzales (artículo 6), pudiendo imponerse, a quien pusiere en grave e inminente riesgo o peligro la circulación de vehículos, una sanción de un año de cárcel por motivo de alteración de la vía (artículo 9).

Sería suficiente un breve sondeo en redes sociales y medios de comunicación para hacerse la idea del impacto que los túmulos tienen en las vidas y los bienes de los usuarios de estas vías. Y aunque la mayor queja son los costos incurridos por el destrozo de los vehículos, asusta la cantidad de accidentes que hubieran podido prevenirse si no se colocaran antojadizamente los túmulos. Existe grupos que aducen que la instalación de túmulos es una garantía de flujo de clientes a un negocio cercano a la carretera, pero lo que no puede excusarse es que ese sea el único pretexto, y que el interés particular prive sobre el bienestar general.

Si hubiera causa justificada, las municipalidades podrían solicitar autorización para instalar túmulos con el fin de reducir la velocidad de los vehículos (artículo 5), pero en el caso que este procedimiento no se haya realizado, es obligación del Ministerio de Comunicaciones ordenar el retiro inmediato de todo tipo de construcciones que dificulten o impidan la libre circulación de los vehículos.

Antes se enterraban líderes, políticos y religiosos, y se conmemoraba con un túmulo el lugar de su fallecimiento. Hoy, los túmulos solamente sirven para enterrar la esperanza de tener una red vial funcional, siendo motivo de disputa entre los usuarios de la red vial y los habitantes de los poblados al margen de las carreteras. Y esta reyerta no es a costo cero, sino que se traduce en precios más altos debido a los costos que se generan por las dificultades logísticas para la movilización de bienes y servicios. Está de más ahondar en cómo este sobreprecio impacta el costo de vida de personas que viven en condiciones de pobreza, y que, coincidentemente, viven en los destinos finales de las rutas con más túmulos en el país.

Con los túmulos todos perdemos, y no se me ocurre un solo escenario en el que haya algún tipo de beneficio para alguien, porque incluso pierden quienes gastan en la instalación de estos obstáculos. Por lo tanto, el llamado es a los responsables para que ejerzan la autoridad que les otorga la ley, procurando de esta forma el bienestar de las comunidades que más urgentemente necesitan de una red vial funcional que permita llevar más rápido el desarrollo a quienes más alejados se encuentran.

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