La palabra energía tiene aquí un triple significado: empecemos por la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española: “Eficacia, poder, virtud para obrar”. Guatemala necesita ese impulso diario y constante de los ciudadanos, los sectores productivos, las instituciones e incluso del Estado. La segunda acepción señala: “Capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo”, ya sea energía proveniente de vapor, combustión o la electricidad que mueve electrodomésticos del hogar, maquinaria industrial, telecomunicaciones e imprescindibles sistemas digitales.

Una tercera acepción tiene un complemento: energía renovable. El tiempo límite y la contaminación de los derivados del petróleo o el carbón obliga a trazar nuevas formas de generación. Primero fueron las hidroeléctricas, pero dados los desbalances de lluvias y los avances tecnológicos, se ha fortalecido la opción fotovoltaica —paneles solares— o eólica, mediante turbinas de viento. Para la más reciente licitación de Potencia y Energía PEG-4, del 2023, se aprobaron y trazaron 11 nuevas plantas de generación de inversionistas privados, de las cuales nueve son solares, una hidroeléctrica y una eólica.

La mayoría de estos proyectos tienen previsto entrar a funcionar entre 2026 y 2027, pero debe haber nuevas licitaciones, con claridad de términos, para asegurar la solidez energética de Guatemala. Es notorio y desafiante el constante incremento de la demanda de electricidad domiciliar e industrial. En los discursos electoreros suena bien y suena fácil responder en foros y debates que se pretende “atraer inversión” para “generar oportunidades”. Pero ¿quién va a generar la energía eléctrica que moverá las inversiones, las oportunidades y las mejoras en los hogares de los trabajadores?

Y es allí donde incide la miopía de ciertas autoridades locales, que quizá por ignorancia, desinterés o incluso intereses subrepticios se oponen a la instalación de plantas generadoras de electricidad, las cuales podrían no solo transformar la vida de sus vecinos, sino convertir a sus municipios en polos de inversión descentralizada. Lo peor es que lo que sí generan es desinformación entre los pobladores. Un caso sintomático es una planta fotovoltaica trazada en una finca de Jalpatagua, Jutiapa, que aún no tiene permiso edil de construcción. La cerrazón del alcalde y los circunloquios para tratar de justificarse son preocupantes, a la vez que lesivos para el progreso de su misma comunidad a la que en campaña seguro ofreció ayudar a mejorar.

Sin embargo, también desde el Gobierno central se da una especie de “apagones burocráticos”; es decir, procesos de aprobación de licencias o estudios ambientales que rezagan el inicio de obras y de entrada en operación, lo cual aumenta los costos a las empresas y termina encareciendo el precio de la energía. Es ahí donde el Ejecutivo debe ponerle energía —bajo la primera acepción del diccionario— a la agilización de requisitos, permisos o análisis técnicos. Porque lo que está en juego no solo son unas bombillas encendidas, es la competitividad del país.

Finalmente, si no hay una red de transmisión suficiente, la electricidad no llegará a todas partes donde se necesite. Y vaya si Guatemala necesita de una mayor interconexión, tanto del área metropolitana como de otras regiones de gran potencial productivo. No solo es que la energía llegue —segunda acepción—, sino de que sea constante y segura: que el suministro no falle y cada vez alcance a más guatemaltecos, con eficiencia, para que tengan acceso a la electricidad y a la vez sientan la satisfacción de que es energía limpia y renovable.