El gobierno de Donald Trump anunció el fin del parole humanitario de reunificación familiar, autorizado durante la presidencia de su antecesor, Joe Biden, que a su vez se otorgó tras la política de separación de menores emprendida por Trump en su primer mandato. A partir del lunes entrante, quien haya ingresado como refugiado en ese programa y no posea un formulario de trámite de residencia deberá salir de EE. UU. o atenerse a una deportación sumaria. Ciertamente, el plazo condicional no podía permanecer indefinidamente abierto, pero el anuncio súbito, a días de la Navidad, pone en vilo a miles de familias.

Esta nueva restricción se suma a la campaña de redadas, retenciones y operativos en Estados y ciudades santuario. Podría suponerse que los hispanos residentes legales o con ciudadanía están a salvo del asedio de los agentes federales, pero no es así. Hay cientos de denuncias de detención prejuiciosa e incluso violenta de personas con estatus legal, incluidos al menos 170 ciudadanos estadounidenses. El jueves último, la congresista Delia Ramírez, nacida en EE. UU. de padres migrantes guatemaltecos, increpó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en relación con tales extremos, negados por las autoridades, pero documentados por la prensa.

Y es que las políticas migratorias no solo se miden en fondos dinerarios, número de detenciones y deportaciones o discursos de campaña cuando ya no es tiempo de campaña. El asedio federal en contra de los migrantes —sobre todo, hispanos, un sesgo percibido y denunciado— causa pérdidas económicas para negocios y fábricas, que ven mermada su mano de obra, la cual a menudo no encuentra sustituto entre la población local. El pretexto es que se han dedicado a capturar y expulsar a criminales y convictos, pero estos son una minoría.

Los migrantes indocumentados aportaron a EE. UU. US$95 mil millones en impuestos en 2022, producto de su alta capacidad productiva y su adaptación al entorno laboral, con frecuencia desempeñando dos o tres empleos, debido al envío de remesas, un compromiso de amor y solidaridad con sus familias en su país de origen. Este año finalizará con más de US$25 mil millones por este concepto, en una escalada que se aceleró a causa del temor a las medidas trumpistas. La revocatoria del parole y la nueva revisión de todas las solicitudes de residencia recibidas ponen en un angustioso limbo a miles de familias.

En Guatemala, las autoridades presumen de la estabilidad económica, fruto de las remesas, pero elaboran presupuestos desfinanciados, desorientados y desvergonzados, en los cuales la inversión en desarrollo no es prioridad. No solo son los funcionarios de turno, sino también sus antecesores y los charlatanes que ya andan de delfines voraces que nada nuevo proponen ante limitaciones crónicas de infraestructura y de empleabilidad e innovación productiva, además de alta informalidad, reducción en el ritmo de empleo formal, vulnerabilidad climática y el lastre de una institucionalidad plagada de mediocridades y negligencias.

Las remesas han funcionado, de facto, como un sustituto de políticas públicas inexistentes. Si las deportaciones persisten y se reduce la capacidad de envío, el golpe no se traducirá solo en menos consumo, sino en mayor presión social. Pero también en EE. UU. habrá efectos. El afán de cumplir una promesa de campaña socava un pilar productivo allá. Debe haber una reforma migratoria y no solo una campaña de corto plazo. Y, cuando decimos corto plazo, también hablamos de las elecciones intermedias del 2026, en las cuales se votará por toda la Cámara Baja y un tercio del Senado.