Bloquear la circulación en carreteras y calles para plantear desacuerdos y reclamos se ha convertido en una necedad recurrente y dañosa. Perjudica a la misma ciudadanía que ciertos grupos dicen defender y no resuelven nada. Para hoy están anunciados cierres viales por parte del grupo Codeca, a fin de protestar por la captura de dos integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y en contra del ilícito autoaumento salarial de los diputados. No deberían persistir tales prácticas lesivas.

La captura de dos dirigentes indígenas por parte del Ministerio Público (MP), el 23 de abril pasado, desató reacciones nacionales e internacionales. Están señalados de presuntos delitos durante los plantones de 2023, originados por el asedio a la democracia emprendido por el MP. Que la acusación se presente 15 meses después denota lentitud para investigar y despierta suspicacias el hecho de no accionar sino hasta ahora. Para más inri, pidieron declararlo bajo reserva. Esto contrasta con la inacción de la Fiscalía en relación con bloqueos previos perpetrados por exmilitares o sindicatos acomodaticios, que también ya anuncian medidas semejantes.

La reacción del presidente de la República, Bernardo Arévalo, ante las detenciones, pudo ser más mesurada, estratégica e institucional, por ser el representante de la unidad nacional. Por ser de dirigentes indígenas que apoyaron los resultados electorales de 2023, el mandatario señaló una intencionalidad política. El día de las capturas, la fiscal general publicó en la red social X: “…Mi compromiso es innegociable: Mientras la pobreza, inseguridad y desempleo azotan a nuestro pueblo, siembran el caos. ¡Más acción, y hechos!”. Son llamativas las invocaciones a “pobreza” o “desempleo” así como la última palabra.

La libertad de expresión es un derecho, pero también lo es la libertad ciudadana de desplazarse, de trabajar y ganar el sustento. Se puede protestar sin bloquear. Los dirigentes de Codeca deben cuestionarse si las acciones anunciadas para hoy los convierten en accesorios de otros intereses. ¿A quién beneficia generar ingobernabilidad, confrontación y “caos”? A nadie… pero en río revuelto, ganancia de inescrupulosos. Los discursos relativistas, las acciones miopes y las polarizaciones inducidas nunca han solucionado nada. Las posturas confrontativas han dañado repetidamente al país, pero tienen en común el acicateo de demagogos, politiqueros y apostadores de influencias.

Los encausados por las protestas de 2023 fueron ligados a proceso y este debería desarrollarse de manera pública conforme a derecho, no en audiencias secretas. Nadie está pidiendo impunidades, pero hay excandidatos y exfuncionarios conexos con casos de corrupción que han sido casi exculpados sin mayor reacción de la Fiscalía. Tampoco ha presentado resultados convincentes en escándalos como el de la compra de vacunas rusas, el libramiento de Chimaltenango, el fraude en el hospital de esa cabecera o la defraudación fiscal B410. Es vital desactivar la confrontación maquiavélica. Debe prevalecer la institucionalidad en favor del bien común, y los titulares de entidades de Estado deben demostrar cordura. Personas y organizaciones tienen todo el derecho de manifestarse y usar las vías legales para impugnar resoluciones que consideran injustas, pero nunca más obstruir rutas.

En todo caso, quizá el quid de este nuevo asomo de crisis se encuentra en el nodo de intereses alrededor de las elecciones institucionales de 2026: el relevo en el MP, la designación de nuevo Tribunal Supremo Electoral y nueva Corte de Constitucionalidad en 2026, que agitan desde ya intereses en lograr potestades e influencias o alarmas de quienes temen perderlas.