A siete meses de la declaratoria de la pandilla Salvatrucha como organización terrorista, el Gobierno de EE. UU. designa ahora en la misma categoría a su némesis, la mara Barrio 18, en una guerra frontal contra la criminalidad organizada que asuela sus calles pero también las de varios países de Latinoamérica. El asunto va mucho más allá de una clasificación burocrática: esta designación constituye una declaratoria de guerra total contra los jefes, los integrantes de estos grupos y también sus cómplices, colaboradores e individuos conexos.

La designación como FTO (Foreign Terrorist Organization) trae consecuencias que sobrepasan las pesquisas tradicionales y los métodos tradicionales de combate. Implica sanciones financieras y bloqueo de activos en jurisdicciones que obedecen medidas estadounidenses. Ninguna entidad comercial, financiera, inmobiliaria o de otro giro legal puede ni debe tener vínculos relacionados con el Barrio 18. Así como ahora cualquier cómplice o capo del narcotráfico es perseguido, extraditado e incautados sus bienes, quien provea cualquier tipo de apoyo a esa pandilla, dentro o fuera de Estados Unidos, se convierte en potencial ofensor federal. Esto, a la vez, conlleva la cooperación de otros Estados: compartir inteligencia, congelar bienes y procesar solicitudes de extradición.

Según varios análisis, aunque con diferencia de cifras, Guatemala posee el mayor número de clicas ligadas a dicho grupo delictivo. Y los efectos de tal proliferación son visibles, trágicos y dantescos. Paradójicamente, el origen de las pandillas se sitúa en barrios de Los Ángeles, a partir de la década 1980, con una mezcla de desplazamiento de jóvenes provenientes de familias desintegradas a causa de las guerras que afectaban a Guatemala y Centroamérica.

Retornos o desplazamientos de cabecillas entre EE. UU. y Guatemala trasladaron tales códigos de resentimiento a barrios marginales. Las políticas de captura de pandilleros sin procesos de rehabilitación o reinserción convirtieron a las cárceles en bases de operación. En Guatemala, el punto de mayor impacto en la ciudadanía empezó hace dos décadas, cuando la extorsión a negocios, transportes y hogares se convirtió en su principal fuente de ingresos. Un azote que persiste. Los asesinatos selectivos ordenados por reos expandieron el terror y consolidaron brutales redes. Se convirtieron en una amenaza estructural a la seguridad ciudadana y al Estado de derecho.

Coincidentemente, en la última semana, ha sido pública y controversial la orden de la jueza Mireya Batún de trasladar al reo Aldo Dupié Ochoa, alias el Lobo, de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 a la de Fraijanes II, que fue su centro de operaciones por años. La juzgadora citó informes de la Oficina contra la Tortura y de la Procuraduría de Derechos Humanos, cuyas autoridades públicamente intentaron desligarse, casi señalando que ella dictó qué quería de los reportes, uno, o aduciendo acciones unilaterales, el otro: ambos denotan así descontroles en sus entidades.

Tal orden judicial, impugnada por la cartera de Gobernación, adquiere nuevas lecturas a partir de la declaratoria de EE. UU. En el Congreso guatemalteco se analiza una ley para declarar terroristas a las pandillas, largamente relegada y que ahora habrá que reactivar. La designación también pondrá a prueba el trabajo de la Intendencia de Verificación Especial y del propio Ministerio Público. Hasta las campañas de prevención escolar podrán decir ahora que las pandillas no son solo grupos marginales, sino descarnadas fuerzas terroristas.