El viernes 18/7 fue un buen día para la justicia. Tras un tortuoso proceso judicial —lleno de irregularidades y retardos maliciosos— el exfiscal anticorrupción del Ministerio Público (MP) Stuardo Ernesto Campo Aguilar fue absuelto de los delitos que se le imputaban en el caso conocido como Alfa 7.

Aunque continúa privado de su libertad por los otros procesos espurios que la Fiscalía fabricó para mantenerlo detenido, la resolución de la jueza Magda Martínez del Tribunal Décimo de Sentencia Penal no dejó lugar a dudas sobre la inocencia de Campo y de los exauxiliares fiscales Carlos Faustino Flores y Gonzalo Rafael Chilel. Tampoco sobre el uso abusivo que el MP de María Consuelo Porras Argueta hace del derecho penal para perseguir y castigar a quienes investigaron, persiguieron, se enfrentaron (y enfrentan) a las estructuras criminales y de corrupción.

En su resolución, la jueza fue categórica: “En el presente caso no se probó con ningún medio de prueba que los acusados fueran informados del error que había cometido su compañera (…). Siendo relevante que en el momento que cometieron el error solicitaron la falta de mérito a favor de la agraviada”.

Resulta gravísimo que el “caso” haya tenido que llegar a un tribunal de Sentencia, en lugar de que el juez de Primera Instancia hubiera decretado la falta de mérito. Pero como de lo que se trata es de castigo y venganza, y no de justicia, los indicios presentados que eran “humo” fueron aceptados por el juez Selman Portillo y esto alargó por meses la estrategia de persecución contra Campo y sus colegas.

El exfiscal fue detenido por primera vez el 25 de mayo de 2023. Hoy cumple 233 días de prisión preventiva en la cárcel militar de Mariscal Zavala después de haber sido recapturado por un segundo caso en su contra. Debido a la negativa de jueces y magistrados de brindarle una medida sustitutiva y al empecinamiento de Porras y sus socios de seguir con la farsa de los procesos fabricados, deberá continuar ahí hasta que se resuelvan las solicitudes de arresto domiciliario o los dos “casos” en los que sigue imputado lleguen a juicio.

Frustra y duele saber que personas inocentes están guardando prisión sin haber cometido delito alguno. Indigna que haya cien personas en el exilio —entre operadores de justicia, periodistas, abogadas, estudiantes de la Usac, líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos— que no pueden volver porque se les giraron órdenes de captura o están implicadas en investigaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Pero, a la vez, genera admiración la profunda dignidad con la que Stuardo Campo, Jose Rubén Zamora, Eduardo Masaya, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, por nombrar a algunos, enfrentan la injusticia.

Lo ocurrido el viernes es un pequeño paso que muestra que no todo está perdido dentro del sistema de justicia del país. Sin embargo, es absolutamente equivocado pensar que, como le van quedando menos meses de gestión a Consuelo Porras, la criminalización va a menguar. Al contrario, la partida que están jugando tiene como carta principal continuar con la persecución penal indebida y procurar que, a la hora de un relevo en la dirección del MP, haya muchos casos “amarrados” contra personas inocentes.

Ahí tienen ustedes la absurda argumentación que la Fiscalía realizó y que fue aceptada por una sala de Apelaciones en el caso de criminalización en contra de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades indígenas de Totonicapán. Para endilgarles como tercer delito “asociación ilícita”, el MP adujo que los 48 Cantones no están inscritos en el Registro de Personas Jurídicas (Repeju), pese a sus más de 200 años de existencia. Así de racistas e ignorantes.

Por eso seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la salida de María Consuelo Porras del MP.