Luego que el presidente Bernardo Arévalo anunciara una citación a la fiscal general, Consuelo Porras, a una reunión luego de las últimas acciones en contra de exmiembros de su equipo de gobierno así como la desestimación de las denuncias de actos de corrupción registradas durante el gobierno pasado y que las actuales autoridades han ubicado, el Ministerio Público (MP), afirma que hasta ahora no hay una petición de la misma.

«Al momento no se ha recibido ningún requerimiento oficial al respecto», precisa el mensaje del Departamento de Comunicación Social del ente investigador.

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No obstante, aunque no ha fijado una postura sobre si asistirá o no a la reunión con Arévalo, refiere que no son una institución subordinada a ningún poder del estado y hace referencia al artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

«Es una institución con funciones autónomas, que actúa en forma independiente y sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autoridad alguna», afirma el texto.

Durante la conferencia de prensa del mandatario, Arévalo indicó que no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes provenientes del MP a quien calificó como «criminalizador y arbitrario».

Ante tal declaración, el MP afirmó «durante el desarrollo de sus funciones, en todo momento vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país y actúa apegado a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad».

TERCERA INVITACIÓN

Esta es la tercera vez que Arévalo invita a Porras a una reunión para que esta explique las acciones emprendidas.

La primera invitación se giró en enero pasado, días después de la toma de posesión de Arévalo. En esa ocasión, aseguraron, al igual que esta vez, qué derivado de la autonomía que goza la institución y la fiscal no debían asistir.

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Posteriormente, se realizó una segunda invitación por parte de Arévalo, a la cual esta asistió ante el gabinete de gobierno, pero previo a abordar los temas, esta abandono el recinto, porque justificó que para dicha reunión se diera, tenía que existir un acuerdo gubernativo que estableciera la integración de un gabinete específico.

Esta actitud terminó en una solicitud de antejuicio en contra de la fiscal solicitada por la Procuraduría General de la Nación (PGN); sin embargo, el 29 de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó de forma in limine la petición.

Se consultó con Presidencia para conocer si remitieron algún requerimiento oficial por la citación a Porras, de momento no se ha recibido respuesta.