Muchas personas, frente al miedo, están dispuestas a ceder parte de su libertad si eso les garantiza seguridad. En países que han pasado períodos de violencia e inseguridad, los estados de sitio y los castigos severos a los delincuentes alimentan el ego de sus dirigentes y al inicio los hacen populares. Pero este sacrificio puede llevar a justificar abusos que limiten las garantías individuales, tal es el caso de Nicaragua o El Salvador.

En Guatemala, aunque se reconocen algunos avances en la última década, la inseguridad sigue estando entre las principales preocupaciones. El Estudio de Victimización Guatemala 2025, preparado por el Cien, junto con el Monitor Global de Emprendimiento (GEM) —que desde 2016 incluye un capítulo de seguridad ciudadana—, reporta que el 19% de los adultos sufrió algún delito. La cifra es apenas mayor que la de 2024, cuando fue de 18.3%.

Aunque el dato varía poco, cambian los delitos. Previamente a la pandemia, en 2019 los robos y asaltos eran 60% del total, pero en 2025 bajaron a 42%. En cambio, las extorsiones subieron de 6.6% a 15.7%, y las estafas, de 9.3% a 14.8%. Lo más preocupante es que muchos de estos se cometen con tecnología: llamadas anónimas, perfiles falsos y transferencias digitales que dificultan rastrear a los responsables.

El estudio también revela la magnitud del silencio. Más de la mitad de las víctimas (55.7%) no denuncia, por desconfianza institucional y miedo a represalias. Entre quienes sí denuncian, 47.6% acude a la Policía Nacional Civil, y 44.4%, al Ministerio Público. Se pide denunciar, pero sin garantías. Las víctimas no creen que sirva de algo, no confían en las autoridades y tienen temor a represalias.

El Estudio de Opinión Pública 2025, de la Fundación Libertad y Desarrollo, confirma que la inseguridad es la segunda preocupación nacional, solo detrás del costo de vida. El 58% percibe más crimen y delincuencia en su comunidad. En el área metropolitana se reporta 43% de robo o asalto reciente contra un promedio de 23% del país. Esa percepción, sumada a las extorsiones, alimenta la demanda de respuestas rápidas.

Ante este panorama, muchos voltean a ver a El Salvador como modelo. Según la encuesta, 45% lo considera ejemplo a seguir y siete de cada 10 aceptarían un estado de sitio para combatir la delincuencia. Sí, el gobierno del presidente Nayib Bukele redujo homicidios y devolvió la seguridad ciudadana, pero restringiendo libertades esenciales que no les permiten desarrollar la economía. El país vive bajo un régimen de excepción, prorrogado más de 40 veces. Se permiten detenciones sin orden y miles han sido arrestados sin pruebas claras. La expresión se limita, se censura a los medios de comunicación y la inversión privada resiente reglas poco claras.

Modelos como el de Cuba, Nicaragua, Venezuela, China y, en extremo, Corea del Norte, no pueden verse como una solución. Canjear la libertad por modelos de represión policial es apelar por una cultura basada en el miedo que siempre necesita ensanchar el poder estatal para orientarlo al autoritarismo. Guatemala necesita respuestas, sí, pero no a cualquier precio. Por eso hay que fortalecer instituciones que lo contengan: una Policía profesional, investigación criminal eficaz, justicia que resuelva con independencia y eficacia, y un sistema penitenciario que impida que el delito se organice desde las cárceles.

A partir del estudio de victimización, el Cien y el GEM recomiendan retomar encuestas oficiales de victimización y percepción de violencia de forma periódica, diseñar intervenciones basadas en evidencia, mejorar el desempeño institucional con resultados, fortalecer la confianza en la justicia y la seguridad, y contar con múltiples vías de comunicación que informen dónde y cómo denunciar.