El Congreso de la República de Guatemala está integrado por 160 diputados de diferentes partidos políticos, y de corrientes de pensamiento distintas. El Congreso de la República debe de ser la tribuna por excelencia para expresar desde las curules los acuerdos y desacuerdos en temas políticos y sobre todo en las diferentes leyes.

En la actualidad el Congreso de la República de Guatemala para el período 2024-2025 cuenta con 38 Comisiones Ordinarias de Trabajo. Estas comisiones se distribuyen por materia y cada bloque legislativo recibe un número de comisiones acorde a su porcentaje de diputados.

Cada semana el Presidente de la República sesiona con los Jefes de Bloque con el objeto de establecer la agenda legislativa que se va a trabajar durante esa semana, y se discuten las leyes que serán agendadas para su discusión en el pleno.

Los diputados son representes del pueblo. El pueblo los eligió están sujetos a lo que norma taxativamente la Carta Magna. En último semestre los diputados se han enfrascado en discusiones bizantinas que provocan que la agenda legislativa se quede sin avanzar; cabe recordar que todo se dio por la expulsión de una diputada que tenía el puesto de la secretaria por parte del partido VOS que no es más que un apéndice disconforme del partido UNE, de Sandra Torres, lo que ha provocado que la oposición del Congreso opte por bloquear el trabajo de la actual Junta directiva.

Empero tampoco algunos directivos y operadores del Congreso no han tenido el liderazgo para sacar adelante la agenda legislativa y cumplan con el mandato que el pueblo les delegó, llegando al peor de los descaros que asisten al pleno y en el momento que se van a discutir negocios y temas de importancia, rompen el quórum y llegando al peor de los extremos, que cobran dietas por no asistir al pleno, les paga el incremento salarial que se autorrecetaron ilegalmente en noviembre pasado, como medida de presión, para aprobar sin mayor discusión el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el presente ejercicio.

El pueblo que es el que pone y que quita, no debe ser cómplice, menos tolerante de los desmanes de los mal llamados “representantes del pueblo y padres de la patria” y se les debe exigir que cumplan con el mandato que el pueblo les otorgó integrarse al pleno y conocer a fondo las iniciativas que ha cursado el Ejecutivo y revertir el exagerado salario que se autorrecetaron para equipararse con el que tienen los magistrados de las Cortes de Apelaciones, sin tener el menor rango de capacidad, idoneidad, honradez y certeza en sus intervenciones.

La novena legislatura fue presidida al hilo por dos piezas importantes del expresidente Giammattei, Shirly Rivera y Allan Rodríguez y la décima, por el ex director de la Policía Nacional Civil; el diputado Nery Ramos, del distrito de Jutiapa, se ha cambiado de partido con un descaro increíble, asociándose con el Ejecutivo. Los que conforman la comisión permanente por el receso de medio año, no han tenido el liderazgo para poner orden en el Legislativo y se conoce que hace acercamientos porque pretende ser uno de los próximos aspirantes a la presidencia, lo que por ninguna razón debe aceptarse.

Las bancadas en el Congreso, están fragmentadas, de cara al próximo proceso electoral. Cada una, tiene interés de reelegirse, que no debe permitirse, es caer de sopetón a lo mismo y han tenido el mayor descaro de boicotear las acciones del Ejecutivo, asociarse con jueces, magistrados corruptos y lo peor ser aliados del Ministerio Público, entidad que, con la dirección de Consuelo Porras y sus cómplices, tienen el país en la mira internacional, cuestión ésta, que ha frenado las decisiones del presidente Bernardo Arévalo, quien hasta ahora no ha logrado hacer un cabio en el Ministerio Público y que tiene distanciamiento en todos los entes del Estado y ello ha originado que no avance en sus programas de gobierno y los días están contados para Porras, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral los intocables y poco probos de la mal llamada máxima Corte de Constitucionalidad, que se pliega a designios mercantiles, políticos y no cumple efectivamente con los postulados que le indica la Constitución de la República.