Ciudad de Guatemala, 20 jun (AGN).- Como parte de las medidas de reparación digna del Gobierno de Guatemala para la población de Sepur Zarco, las ministras de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, y de Educación, Anabella Giracca, entregaron la traducción al q’eqchi’ de la sentencia condenatoria del 26 de febrero de 2026, por los delitos de lesa humanidad, violencia sexual y doméstica que sufrieron 15 mujeres indígenas de esa comunidad.

Las vejaciones que sufrieron estas mujeres queqchíes las perpetraron elementos militares entre 1982 y 1983 en esa comunidad. Esta se encuentra en el límite de los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.

𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗲𝗺𝗽𝗶𝗲𝘇𝗮 𝗮 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗿 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗦𝗲𝗽𝘂𝗿 𝗭𝗮𝗿𝗰𝗼

La ministra de Cultura y Deportes, @LiwyGrazioso , junto a la ministra de Educación, Anabella Giracca, entregaron la traducción al Q'eqchi' 1/2 pic.twitter.com/nb938zKFGs

— Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (@McdGuate) June 20, 2024

Reconocimiento

El pasado 26 de febrero, como parte de la conmemoración del 8º. aniversario de la sentencia, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo organizó un acto de reconocimiento de los sufrimientos de estas mujeres.

El acto lo presidió la vicepresidenta Karin Herrera y Carlos Amézquita, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh). También se contó con la colaboración de ONU Mujeres y la organización Mujeres Transformando el Mundo.

Por medio de ese acto, el Gobierno se comprometió a asegurar una justicia integral y transformadora para las víctimas.

Asimismo, manifestó su apertura al diálogo ante las necesidades de estas mujeres que buscan respuesta a las 16 medidas de reparación digna que ordena la sentencia.

Entre las medidas se contempla la traducción de la sentencia al q’eqchi’, la cual se cumple con la entrega que hicieran las ministras de Cultura y de Educación.

Datos del caso

En los años 1982 y 1983, el Ejército de Guatemala estableció destacamentos militares en comunidades de Izabal y Alta Verapaz.

Esto resultó en la captura, tortura y asesinato o desaparición de hombres que gestionaban tierras, bajo la presión de finqueros que temían perder sus propiedades.

Sepur Zarco, hogar de mujeres viudas tras el conflicto armado interno, se convirtió en el escenario de abusos sexuales perpetrados por miembros del Ejército.

El proceso judicial comenzó con una valiente denuncia presentada por organizaciones de mujeres en la Fiscalía de Izabal. La valentía de las mujeres permitió juzgar y condenar a los responsables de estos crímenes.

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