En un mundo interconectado, los retrocesos democráticos no se limitan a fronteras nacionales. Estados Unidos, que históricamente ha representado un modelo de democracia, enfrenta desafíos internos y externos bajo la administración actual de Donald Trump. Sus decisiones en política exterior, como las intervenciones en Irán y Venezuela, ilustran un patrón de unilateralismo que socava el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Consideremos los hechos recientes. Este fin de semana, el 2 de marzo de 2026, fuerzas estadounidenses e israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo en Irán, resultando en la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y más de 500 civiles iraníes, según informes preliminares.

Esta acción se produce apenas semanas después de la intervención militar en Venezuela, donde operaciones puntuales buscaban neutralizar al gobierno de Nicolás Maduro y asegurar acceso a recursos estratégicos como el petróleo. Aunque la invasión fue descrita oficialmente como una «operación contra el narcoterrorismo», reportes de organizaciones como Human Rights Watch destacan que no alteró fundamentalmente la estructura de poder, dejando un vacío que podría perpetuar la inestabilidad.

Estas intervenciones reflejan un enfoque que prioriza el poder ejecutivo sobre las normas internacionales. Trump ha criticado abiertamente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), retirando fondos y apoyo a varias iniciativas. Si bien la ONU enfrenta críticas válidas por su burocracia y sesgos —por ejemplo, en su manejo de conflictos en Oriente Medio—, la alternativa de un orden mundial dominado por líderes con agendas unilaterales evoca periodos oscuros de la historia, como el ascenso de regímenes autoritarios en la Europa de los años 30 o, en nuestro contexto regional, los gobiernos militares en Guatemala durante la década de 1980, marcados por figuras como Efraín Ríos Montt.

Mi comprensión de la situación en Venezuela es más cercana, habiendo visitado el país en múltiples ocasiones y compartido experiencias con venezolanos durante décadas. He presenciado de primera mano sus luchas por la democracia y los impactos de la crisis económica. En contraste, Irán representa una cultura distante, a menudo retratada en medios occidentales como “terroristas». Sin embargo, el patrón de intervención es similar: en Venezuela, sin capacidades nucleares avanzadas, el enfoque fue más directo. En Irán, con su arsenal atómico, la escalada fue más cautelosa pero igualmente disruptiva. Ambos casos contribuyen a un clima global de autoritarismo, donde el miedo y la manipulación reemplazan el diálogo.

Este fenómeno no es exclusivo del ámbito internacional; se manifiesta localmente incluso en Estados Unidos. Políticas internas como las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado la represión contra migrantes, bajo el lema «Make America Great Again» (MAGA). Estas acciones ignoran la rica historia de migración que ha forjado naciones como al mismo Estados Unidos y reflejan un desprecio por principios democráticos básicos, como la separación de poderes y los derechos humanos y fundamentalmente el respeto a la Ley.

En Guatemala, vivimos paralelos alarmantes. La crisis democrática es el resultado de factores acumulados desde la posguerra, incluyendo una educación pública insuficiente en valores cívicos y una narrativa histórica fragmentada. En instituciones clave, observamos movimientos antidemocráticos. Por ejemplo, en el proceso electoral del Colegio de Arquitectos para designar cuerpos electorales en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) rumbo al 2026, la presidenta del Tribunal Electoral, Evelyne Grisel Castañeda, ha sido criticada por eliminar planillas opositoras con argumentos burocráticos excesivos. Pero lo peor fue su negativa a atender la orden de un juez que le exigía inscribir a la planilla opositora a lo que hizo caso omiso.

Estos actos no son aislados; reflejan un patrón más amplio, evidente en la cooptación del Ministerio Público por la fiscal general, cuya gestión ha sido cuestionada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por obstruir investigaciones de corrupción. Consuelo Porras refleja a nivel local la imagen de la corrupción, el autoritarismo y el cinismo.

A nivel global, enfrentamos un auge de liderazgos autocráticos que erosionan instituciones. Localmente, en Guatemala, esto se traduce en el control persistente de elites económicas sobre el Estado, tratándolo como una «finca» administrada por capataces. Sin embargo, hay destellos de esperanza. En las actuales elecciones de cuerpos electorales en la Usac, se percibe un rechazo masivo al usurpador a la rectoría Walter Mazariegos, acusado de irregularidades en su elección. Este movimiento estudiantil, docente y de egresados representa un repudio a la corrupción y al autoritarismo, similar a revoluciones universitarias históricas como las de 1968 en Francia y México, que catalizaron cambios sociales profundos.

Para avanzar, no basta con denuncias; se requiere acción concreta. Propongo monitoreo ciudadano independiente en las elecciones de la Usac, alianzas con organizaciones internacionales como la OEA para supervisar procesos, y una reforma educativa que integre la historia democrática desde primaria. Si el Consejo Universitario —cuya legitimidad es cuestionable— intenta invalidar cuerpos electorales con pretextos espurios, el escenario se oscurecerá.

En resumen, la democracia enfrenta ataques multifacéticos, pero su defensa radica en la educación, la movilización y el respeto a las instituciones. En este momento crítico de 2026, el movimiento en la San Carlos nos inspira a persistir, recordando que la luz de la democracia puede disipar las sombras del autoritarismo, tanto en lo global como en lo local. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.