La muerte de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y las heridas sufridas por otro grupo en ataques armados, así como los motines en tres cárceles y el aumento de la criminalidad en determinadas zonas, están asociados a un enfrentamiento directo entre grupos de pandillas y el Estado.

Fuentes cercanas que pidieron no ser citadas, por seguridad, indicaron que los ataques registrados ayer a temprana hora contra los uniformados fueron promovidos por el Barrio 18, minutos después de una intervención en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, donde se encuentra recluido Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo.

La secuencia de ataques sistemáticos contra las fuerzas de seguridad ocurrió mientras gran parte de la ciudadanía de clase media en el área metropolitana realizaba sus compras semanales, lo que incrementó el impacto de los hechos.

“El ambiente vivido en el área metropolitana durante la jornada del 17 y 18 de enero muestra que Guatemala ha entrado en una etapa de conflicto con las pandillas”, afirmó Mérida, exviceministro de Gobernación y analista en temas de seguridad, al ofrecer una lectura de los acontecimientos recientes y una proyección de lo que podría ocurrir más adelante.

Señala fallas en inteligencia del Estado

Desde la perspectiva de Mario Mérida, el hecho ocurrido el fin de semana no fue aislado, sino planificado con un objetivo claro: enviar un mensaje a la población. Según el analista, se utilizó como excusa el mal estado de las cárceles y la inhumanidad —o falta de humanismo— del sistema, para justificar la toma de tres centros penitenciarios.

Recordó que el Sistema Penitenciario suele ser el origen del caos, pues desde allí se ordenan extorsiones y otros delitos vinculados a estructuras criminales.

Por otro lado, afirmó que la función principal de la PNC es servir y proteger, lo que lleva a cuestionar si las políticas y los planes estratégicos de prevención del delito han fracasado. Parte de esa falla, dijo, se debe a la falta de existencia y funcionalidad del Sistema Nacional de Inteligencia.

“Con una buena inteligencia, estas amenazas, que se materializaron, podrían haberse contenido o, al menos, haber tenido menos resultados negativos —bajas— que los que se están reportando. Porque la violencia no es solo contra la policía o contra los centros penitenciarios, sino que se traslada a la Policía Nacional Civil, que es precisamente la responsable de la previsión del delito”, remarcó.

Al respecto, una de las recomendaciones planteadas es dirigida al Congreso de la República, para que impulse la creación de una ley marco de la Política Criminal del Estado de Guatemala.

Guatemala entra en fase similar a la de El Salvador 2012

Al ser consultado sobre si los recientes hechos violentos representan ya un conflicto abierto entre las pandillas y el Estado, el analista Mario Mérida aseguró que Guatemala está entrando en una etapa similar a la que vivió El Salvador en el 2012, cuando las maras y pandillas controlaban áreas urbanas de las ciudades salvadoreñas, y eran frecuentes los enfrentamientos contra la Policía y entre las propias pandillas, que incluso utilizaban granadas de fragmentación para repeler ataques.

Al explicar en qué consiste esta fase, Mérida señaló que se observa una articulación entre quienes están detenidos y los operativos en libertad, que son quienes ejecutan las extorsiones y otras acciones delictivas.

Agregó que ya puede hablarse de una estrategia criminal articulada, liderada por quienes han asumido el control real de estas estructuras, las cuales, con base en las nuevas leyes, comienzan a ser catalogadas no solo como maras, sino como organizaciones terroristas.

A su juicio, todas estas situaciones están generando mayor incertidumbre entre los ciudadanos.

Reiteró que es necesario un mayor esfuerzo en materia de inteligencia, lo cual puede lograrse a través del Sistema Nacional de Inteligencia, contemplado en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

Gobierno debe evaluar si violencia será constante

Al analizar el escenario de conflictividad actual, Mario Mérida también planteó una proyección hacia el futuro, y consideró que es momento de convocar al Consejo Nacional de Seguridad para que, como cuerpo colegiado, tome decisiones que permitan enfrentar esta situación. En especial, dijo, se deben evaluar la duración y el alcance de estas expresiones de violencia: si se trata únicamente de una demostración de fuerza y control por parte de las maras o si se convertirá en un modus operandi durante todo el año.

Ese análisis, aseguró, brindaría al Consejo los parámetros necesarios para tomar decisiones orientadas a disminuir la violencia.

Recordó que incluso es necesario que el Ejército tenga una mayor visibilidad en las calles, como parte de una respuesta integral del Gobierno para contener la crisis que atraviesa Guatemala.

Mingob debe actuar con fuerza y decisión

Sobre las decisiones que puede adoptar el Ministerio de Gobernación (Mingob) para retomar el control y garantizar la seguridad ciudadana, hay distintas perspectivas.

El politólogo independiente Douglas González afirmó que el presidente Bernardo Arévalo tiene a su disposición la Ley de Orden Público, por lo que puede decretar un estado de excepción y, dada la gravedad de los hechos, incluso un estado de sitio.

También sugirió el despliegue inmediato de fuerzas combinadas y la realización de allanamientos a todos los vínculos familiares y políticos de los cabecillas de los motines y ataques.

En esa misma línea, el analista político Renzo Rosal aseguró que deben tomarse decisiones determinantes, a partir de lo que ocurrió con el control del líder de la pandilla Barrio 18, hecho que calificó como un mensaje claro y concreto.

“El hecho de poner en jaque a los líderes de las pandillas debe ser utilizado, en términos de comunicación política, como una prueba muy concreta de que es posible doblegar y controlar a estos líderes criminales”, apuntó.