La “justicia” se ensaña otra vez en contra del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, a través de una resolución arbitraria de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, que ordenó regresarlo a prisión.

Sin entrar siquiera a conocer los recursos que habían sido planteados por el Ministerio Público (MP) y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), la sala, “actuando de oficio”, revocó la decisión del juez Erick García, quien el 19 de octubre de 2024 le había otorgado a Zamora arresto domiciliario.

Los magistrados que integran la sala decidieron anular todo lo actuado a partir del 17 de octubre, aduciendo una “actividad procesal defectuosa”. Según ellos, el juez García no podía conceder el arresto domiciliario a favor del periodista por haber sido recusado (dos días antes) por el abogado de la FCT, Amílcar Raúl Falla.

La resolución de la Sala Tercera contraviene el artículo 68 del Código Procesal Penal, que establece que, “planteada la recusación, el juez no podrá realizar acto alguno, salvo aquellos urgentes que no admitan dilación y que, según las circunstancias, no puedan ser llevados a cabo por el reemplazante”. Claramente decidir acerca de la libertad de una persona —en este caso, la de Jose Rubén Zamora— era un acto urgente que no admitía demora y por eso el juez García decidió entrar a conocerla.

Pero, como en Guatemala el Derecho Penal continúa utilizándose como herramienta para perseguir, castigar y vengarse de personas que como Zamora se han enfrentado a las estructuras criminales y de corrupción, de nuevo se violenta la ley y se obliga a un juez, que actuó de forma independiente, a dar marcha atrás y cumplir con la orden ilegal de regresarlo a prisión.

Cuando se revisan los antecedentes que una organización que fiscalizó el proceso de elección de cortes recabó sobre los integrantes de estas nuevas salas de Apelaciones se logran entender muchas cosas. Vean ustedes algunos datos de quienes integran la Sala Tercera: su presidente, Alejandro Prado Estrada, fue abogado del exdiputado Felipe Alejos, Felipago, señalado en el caso Traficantes de Influencias. Como parte del proceso pidió que nueve de 13 magistrados que debían conocer la petición de retiro de inmunidad del entonces legislador se abstuvieran de hacerlo porque “Alejos, siendo diputado, había votado por ellos”. Además, el vocal II es el abogado Mario Federico Hernández Romero, quien fue defensor del expresidente Otto Pérez Molina en los casos La Línea y Cooptación del Estado, y también fue abogado de la exdirectora del Instituto de la Víctima Alejandra Carrillo, señalada en varios casos de corrupción. Recordemos que Alejos y Carrillo son esposos. ¿Será por eso que en los pasillos judiciales y parlamentarios a la Sala Tercera se le conoce como la “sala de Felipago”?

Es muy grave que con esta resolución que transgrede la legislación penal una sala de apelaciones violente la libertad de una persona, y más grave aún que habiéndose planteado un amparo para dejarla sin efecto, la Corte Suprema de Justicia no lo haya entrado a conocer, permitiendo que se concretara la ilegalidad de encarcelar de nuevo a Jose Rubén.

Zamora lleva 950 días de persecución penal indebida, enfrentando procesos fabricados por el MP de María Consuelo Porras Argueta. Las acciones judiciales en su contra son una venganza por las investigaciones y publicaciones que diario elPeriódico, medio que presidió, realizó sin tregua sobre las estructuras criminales y de corrupción en Guatemala, y constituyen un atropello a la libertad de prensa, de expresión, y un mensaje intimidatorio para quienes ejercemos el periodismo.

Solidaridad para Jose Rubén Zamora y su familia. Rechazo rotundo a la mafia judicial que tiene montado un estado paralelo en el país.