Astuta invitación deja mal parado a Arévalo
Consuelo Porras, al “invitar” a Arévalo a presentarse al MP, derrumbó cualquier efecto del discurso presidencial.
Catalejo
Astuta invitación deja mal parado a Arévalo
Consuelo Porras, al “invitar” a Arévalo a presentarse al MP, derrumbó cualquier efecto del discurso presidencial.
Consuelo Porras, sin duda, es irreverente, audaz, temeraria y bien asesorada. Ayer se permitió invitar a Bernardo Arévalo a presentarse a las 9 a. m. de mañana al MP para “abordar temas relacionados a lo manifestado en su conferencia” del domingo. Ella está convencida, pienso yo, de ser quien tiene mayor estatura jurídica y política del país, pero además esta “invitación” —ordenada por los asesores del pacto de corruptos, ¿quién más?— tiene como meta real acusar de no hacerlo al mandatario. Aceptarla sería un error político mayúsculo, admitir la superior jerarquía no del MP, sino de Porras. En sólo 48 horas respondió de inmediato y al hacerlo aprovechó el increíble error presidencial de anunciar la citación del domingo “para los próximos días”. ¿Cuántos?
Consuelo Porras, al “invitar” a Arévalo a presentarse al MP, derrumbó cualquier efecto del discurso presidencial.
Arévalo está solo, porque tener sus asesores es lo mismo. En resumen, ese día con una orden de juez, obviamente cooptado, el MP tuvo la excusa, por supuesto calificada de “razón”, para allanar la casa de su cercano amigo el exministro Félix Alvarado y apropiarse ilegalmente de documentos privados. Otro abuso de poder como tantos de esa entidad ahora convertida en grotesca arma para ejecutar venganzas políticas. A las 21 horas, en apresurada conferencia de prensa, habló con firmeza —como lo había hecho en una reunión patrocinada por Estados Unidos, pero respondió las preguntas en forma confusa y dubitativo, por su hábito de dejar largos espacios para sus respuestas. Se disparó en el pie cuando primero dijo citar y luego “invitar” a la díscola señora.
Tal reunión es imposible. Porras seguirá inactiva contra los exfuncionarios giammateiescos, todos ellos gozando de cuantiosas fortunas producto de la corrupción, un tema de dominio, conocimiento y convencimiento públicos. Tiene dos años para terminar su período, pero ahora ya tiene base pensar en su reelección en el 2026. La crisis se afianza y aumenta porque ha habido una confusión fatal: considerarla un asunto jurídico, no político, lo cual es claro desde el principio para los analistas no encasillados en el tema de las leyes. No se trata de llamar a desobedecerlas, porque eso llevaría al caos total, pero sí a darle primacía a lo político, entendido no como partidista, sino como un derivado de la ciencia política, de la ética filosófica y del bien común.
Es necesario volver a los principios milenarios del pensamiento occidental. El Derecho no debe estar al servicio mal intencionado de condiciones y reglas, las cuales deben existir, claro, pero no son todo. En Guatemala, las leyes son en demasiadas veces nidos de pretextos, documentos, firmas, sellos, plazos. Esto no tiene utilidad alguna para la justicia cuando las leyes se utilizan para proteger la corrupción y sus efectos y cuando grupos oscuros y ocultos actúan vía esbirros. El problema nacional se ahonda cuando en el campo político actúan personas sin experiencia, tercos y desobedientes a las sugerencias, como es el caso actual y esto ya es una percepción ciudadana y una realidad para quienes por defender fanáticamente posiciones, dañan a los ciudadanos.
Esta crisis política, tal vez la peor de la historia, obliga a llegar a un acuerdo entre personas con genuino interés de solucionarla. Ante la fuerza del pacto de corruptos al servicio de las fuerzas oscuras dominantes, se necesita buscar entre los mencionados valores filosóficos y sobre todo éticos cómo evitar el derrumbe ya total del país. También, llamar a voluntarios pertenecientes a los diversos sectores sociales, pero en su calidad personal, no como representantes gremiales. En el Congreso hay una moción para cambiar la ley del MP, inconstitucional porque contradice a la Carta Magna, aunque de manera ilegal haya sido alterada para beneficiar a Telma Aldana y autorizada por una deplorable y peor Corte de Constitucionalidad. La moción no prosperará. Punto.