La Revolución de octubre de 1944 y las contrarrevoluciones

Somos un país de contrarrevoluciones; los pocos cambios positivos que logra una revolución, al poco tiempo son revertidos por una contrarrevolución. El país de las contrarrevoluciones, de los retrocesos.

Por cientos de años, el discurso racista y clasista guatemalteco ha construido un imaginario social en donde lo «indígena» es inferior a lo español, luego fue lo «criollo», luego fue lo «mestizo» y se estabilizó con el concepto de «ladino». La dicotomía indio-ladino ha sido el caballito de batalla de los grupos dominantes, los cuales han sacado innumerables réditos toda vez que la misma ha servido para mantener separado al pueblo guatemalteco y así las dicotomías históricamente construidas para separarnos, de las que destaca comunista-capitalista, hasta la actual chairo-facho. Todo esto es para mantenernos separados.

Desde 1944 no hemos podido construir un verdadero país. Cada vez es un paisaje, como dice Carolina Escobar Sarti.

Hay que reconocer los avances de la Revolución de Octubre. El 20 de octubre de 1944 no fue un simple golpe de Estado: fue la culminación de un movimiento cívico-militar que puso fin al régimen de Federico Ponce Vaides y abrió la puerta a una transformación profunda. Los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz no pretendían solo cambiar gobernantes. Pretendían modificar la relación entre el Estado y la sociedad, reconocer derechos y dignificar el trabajo de quienes habían sido tratados como fuerza de trabajo barata o gratuita y lo hicieron.

Por mucho tiempo fue el Reglamento de Jornaleros el que había guiado la relación laboral en Guatemala, una relación entre finquero y esclavos. Aunque el monumento a la abolición del Reglamento de Jornaleros se encuentra, abandonado, en Quetzaltenango desde finales del Siglo XIX, el Reglamento siguió hasta 1944.

Los logros concretos de la Revolución de 1944 están documentados: Código de Trabajo, que reconoció la libertad sindical, el derecho a la huelga y mecanismos de protección frente a los abusos patronales. Se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que introdujo la idea de que la protección ante enfermedad, maternidad, accidentes, invalidez y vejez no podía depender exclusivamente de la capacidad económica individual de cada trabajador. Se reconoció la autonomía de la Universidad de San Carlos como universidad pública y laica, gobernada democráticamente, con funciones de investigación y solución de problemas nacionales. Estos tres logros ahora son retrocesos porque la Revolución no tuvo continuidad.

La contrarrevolución de 1954 no fue solo el derrocamiento de un presidente. Fue la interrupción deliberada de un proyecto de transformación.

Se da entonces otro capítulo de contrarrevolución, de retrocesos. En efecto. se revirtieron en buena medida las políticas agrarias, se persiguió a sindicatos y organizaciones campesinas, y se desmantelaron instituciones. El argumento utilizado fue el del anticomunismo: se inventó que Guatemala se estaba convirtiendo en un país comunista cuando, en realidad, se trataba de un intento de salir del feudalismo y abrir espacio a una economía y una política menos oligárquicas. El precio fue alto: décadas de dictaduras militares, un Estado policía, un conflicto armado interno que dejó alrededor de doscientos mil muertos y heridas sociales que todavía no cicatrizan.

Las contrarrevoluciones no terminaron en 1954. Después de la transición democrática de 1986 y de los Acuerdos de Paz de 1996, el país recuperó elecciones periódicas y espacios de libertad formal. Sin embargo, también emergió otra forma de contrarrevolución: la cooptación institucional por el Pacto de Corruptos, realmente por la Alianza Criminal, el clientelismo, la captura del sistema de justicia y la persistencia de una democracia de fachada que permite votar, pero no reduce de manera suficiente la pobreza, la desnutrición crónica, la informalidad laboral ni las desigualdades territoriales. La pobreza es del 56 %.

El logro de una Universidad Nacional y Autónoma ha sido reducido a una universidad distorsionada y cooptada en manos de la corrupción.

La decadencia de esta democracia no es un fenómeno exclusivamente guatemalteco. Anne Applebaum, en El crepúsculo de la democracia, describe cómo en distintas sociedades la democracia liberal se erosiona no solo por fuerzas externas, sino por la seducción del autoritarismo y por el papel de ciertos intelectuales y élites —los clercs— que justifican y normalizan el abandono de las reglas democráticas en nombre de la unidad, la seguridad o la recuperación de un orden perdido. Cualquier sociedad, dadas las condiciones adecuadas, puede volverse contra la democracia. En Guatemala, esa seducción se ha materializado en la cooptación de instituciones, en la impunidad y en la tolerancia creciente a la violencia como método político.

Manuel Castells, en Ruptura: la crisis de la democracia liberal, explica que estamos ante una ruptura profunda entre ciudadanos y gobiernos, una crisis de legitimidad provocada por la desigualdad creciente, la desconfianza en las instituciones y el fracaso de la representación. No se trata de un rechazo a la democracia en abstracto, sino a la democracia liberal tal como existe: una que promete igualdad formal, pero entrega exclusión real, una que celebra elecciones mientras las instituciones son capturadas por poderes fácticos y redes de corrupción. En Guatemala esa ruptura es visible: se vota, se alterna en el poder formal, pero las condiciones materiales de la mayoría no cambian de manera suficiente y la violencia sigue siendo el recurso de quienes se oponen a cualquier avance real.

El peligro se hace concreto cuando los avances democráticos se pagan con sangre. Este pasado sábado, el abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a balazos en las canchas del Campo Marte mientras dirigía un partido de fútbol. Foppa, conocido por su lucha contra la corrupción, por haber encabezado la SAT y por denunciar redes de impunidad, fue víctima de un ataque en el que también murió Gustavo Adolfo Aguilar. Las autoridades han señalado la participación de una estructura criminal organizada. Su muerte no es un hecho aislado ni un simple crimen común. Es una advertencia: cuando quienes han defendido instituciones, denunciado la cooptación y exigido justicia son eliminados, la democracia deja de ser solo una formalidad electoral y se convierte en un territorio donde el avance se cobra con vidas.

La dicotomía indio-ladino, izquierda-derecha, y las otras dicotomías que han separado al pueblo, siguen operando. Desde 1944 no hemos logrado construir un país en el que las mayorías tengan acceso real a tierra, agua, trabajo digno, salud, educación y justicia. Hemos construido, a veces, un paisaje. Pero el paisaje no sustituye al país. La lección de 1944 es que las transformaciones profundas requieren un movimiento social amplio, visión clara y continuidad institucional. La lección de las contrarrevoluciones —la de 1954 y las que siguen, incluida la violencia que cobra vidas como la de Foppa— es que las reformas son frágiles cuando se imponen falsas dicotomías y cuando los grupos privilegiados logran revertir o cooptar lo avanzado mediante la impunidad y el terror.

Hoy, ochenta y dos años después, conmemorar el 20 de octubre no puede limitarse a recordar los logros. Debe servir para preguntarnos cuánto hemos avanzado y para exigir que el Estado cumpla sus obligaciones sociales y proteja a quienes defienden la justicia. Guatemala necesita preservar las libertades conquistadas y, al mismo tiempo, impulsar una reforma política y social profunda. Eso solo será posible con un movimiento sostenido del pueblo que rompa las dicotomías que nos han separado y que no permita nuevas contrarrevoluciones, ni con tanques ni con balas. Hagámoslo, pero hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca Guatemala.