Dictamen de ley antilavado refuerza supervisión financiera y coordinación del Estado, según Cámara de Finanzas
La iniciativa de ley antilavado ya fue agendada y conocida en la instancia de jefes de bloque, por lo que se espera que entre a discusión en el Pleno del Congreso en los siguientes días. Existe expectativa de que pueda ser aprobada.
Se prevé que, en el corto plazo, el Pleno del Congreso de la República comience la discusión de la iniciativa de ley contra el lavado de dinero, que tiene como fin modernizar los controles contra delitos financieros en Guatemala.
El pasado lunes 2 de marzo, en la reunión semanal de la instancia de jefes de bloque, se programó conocer la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, por lo que se entrará a su discusión y eventualmente a su aprobación.
La iniciativa 6593 cuenta con un dictamen favorable emitido por los diputados miembros de la Comisión de Economía del Congreso. La propuesta plantea modernizar el marco legal guatemalteco para la prevención y represión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de alinearlo con estándares internacionales y preparar al país para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), programada para el 2027.
José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), brindó una perspectiva del contenido de la normativa y de la necesidad de que sea conocida por el Legislativo.
¿Qué análisis han realizado al contenido de la ley sobre lavado de dinero luego del dictamen de la Comisión de Economía?
La iniciativa 6593 busca modernizar y actualizar el marco legal de Guatemala en materia de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incorporando un enfoque basado en riesgo, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y actualizando obligaciones para sujetos obligados, supervisión y régimen administrativo.
El dictamen emitido por la Comisión de Economía es favorable e incorpora enmiendas; mantiene el objetivo de cumplir con las recomendaciones de Gafilat para el país y cumplir así con el estándar internacional.
En general, ¿cuáles son esos cambios?
Las modificaciones más relevantes tienden a concentrarse en precisiones operativas: definiciones y alcance de conceptos clave del régimen preventivo (incluyendo elementos vinculados a riesgo, debida diligencia, PEP y beneficiario final.
La delimitación y tratamiento de categorías de personas obligadas y su incorporación. Por otro lado, hay ajustes para asegurar coherencia con el marco jurídico nacional y con estándares internacionales.
En síntesis, más que alterar el propósito de la iniciativa, las enmiendas buscan mejorar su aplicación práctica y su consistencia normativa para que esta esté enfocada únicamente en combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son los principales cambios incluidos en el dictamen?
Desde la perspectiva de CFG, el dictamen refleja un cumplimiento con las 40 recomendaciones de GAFI: avanzar hacia un régimen moderno, con enfoque basado en riesgo, fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (que es la IVE) y mejorar la coordinación del Estado para combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo.
Los cambios introducidos parecen orientados a afinar el diseño institucional y los instrumentos de cumplimiento, por ejemplo, cómo se articula la coordinación y cómo se implementa la supervisión y el régimen administrativo, procurando mayor claridad y viabilidad en la ejecución.
La iniciativa como quedó, ¿responde al cumplimiento del Gafilat en la próxima evaluación mutua?
Sí. El dictamen y el contenido de la iniciativa se justifican expresamente en función de la necesidad de alineación a estándares internacionales y de preparación del país para la próxima evaluación.
“El dictamen refleja un cumplimiento con las 40 recomendaciones de GAFI: avanzar hacia un régimen moderno, con enfoque basado en riesgo, fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (que es la IVE) y mejorar la coordinación del Estado para combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo”.
Esto no debe entenderse como un tema sectorial, sino como una decisión de Estado: una legislación moderna y aplicable mejora la capacidad del país para demostrar efectividad, reducir riesgos reputacionales y mitigar impactos económicos asociados a escenarios de señalamiento internacional.
¿Qué se espera en su discusión final en el Pleno del Congreso?
Es una tarea que corresponderá definir a los señores diputados.
En el corto plazo, ¿qué se espera?
Lo que esperamos todos los guatemaltecos: que el tema avance favorablemente para poder tener un marco robusto contra la economía criminal. Posteriormente, corresponderá a las autoridades emitir los reglamentos que manda la ley.
Junta Monetaria pide al Congreso aprobar ley antilavado
Por medio de un desplegado de prensa, la Junta Monetaria (JM) reiteró al Congreso aprobar “con carácter urgente” la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.
Este es el segundo llamado que la JM hace en el marco del proceso de aprobación del proyecto de ley, ya que en agosto del 2025 emitió una postura similar.
La autoridad monetaria reitera que la aprobación de esta ley es de fundamental importancia para el país. Entre otras razones, destaca que contiene disposiciones que, al elevarse a rango de ley, prevendrían los actos criminales a los que se refiere mediante la implementación de un enfoque basado en riesgo, e incorporará estándares y mejores prácticas internacionales.
Además, según la posición de la JM, la normativa coadyuvaría a preservar la estabilidad y solidez del sistema financiero, facilitaría que el Banco de Guatemala continúe cumpliendo con su objetivo de mantener la estabilidad en el nivel general de precios, generaría un ambiente favorable para la atracción de inversión y sería un aspecto que las calificadoras de riesgo considerarían para la nota de calificación del país.
Para la Superintendencia de Bancos, el comunicado menciona que, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) —que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)—, contaría con un instrumento legal moderno que le permitiría cumplir mejor con sus atribuciones en la materia.
La postura oficial advierte que la no aprobación oportuna de esta ley generaría graves y perniciosas consecuencias para el país. Señala que una de ellas sería la inclusión del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el marco de la quinta ronda de Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizará a Guatemala a partir de enero del 2027.
“Por ello, el factor tiempo es vital, toda vez que la implementación de dicha ley requiere, además, la aprobación de una serie de reglamentos para hacerla funcional y efectiva”, recalca el comunicado.
La normativa coadyuvaría a preservar la estabilidad y solidez del sistema financiero, facilitaría que el Banco de Guatemala continúe cumpliendo con su objetivo de mantener la estabilidad en el nivel general de precios, generaría un ambiente favorable para la atracción de inversión.
Otra de las consecuencias negativas, según la JM, podría ser la posibilidad de que Guatemala no sostenga su actual calificación por parte de las agencias calificadoras de riesgo.
El comunicado concluye que el pasado 3 de marzo, el dictamen y proyecto de decreto fueron incluidos en la agenda para su discusión en primer debate. En ese contexto, reitera la solicitud al pleno para que se continúe con el proceso y se apruebe con carácter urgente la ley, por ser de máximo interés nacional.