El Ministerio Público (MP) informó que este lunes 23 de febrero desarrolla allanamientos por un nuevo caso que involucra al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Añadió que, según una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), más de 700 personas fallecidas habrían sido beneficiadas en un programa de alimentos.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) busca obtener la base de datos del Mides.

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, amplió que se desarrollan tres diligencias de allanamiento. La primera se realiza en el Mides, específicamente en el área de Informática, derivado de que la CGC practicó una auditoría del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, y detectó que, en el programa de comedores sociales, fueron registradas como beneficiarias aproximadamente 742 personas que aparecen como fallecidas.

Además, esas personas fueron incluidas en el programa de raciones alimentarias, hecho que se descubrió mediante un cruce de datos entre la Fiscalía, el Registro Nacional de las Personas y el sistema informático de comedores del Mides.

Añadió que, con la verificación de datos, se estableció dicho hallazgo, y la FECI considera que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón sistemático de registros en el que se sugiere —y logra establecerse— la posible utilización de personas fallecidas para justificar desembolsos de fondos públicos. Ese es, básicamente, el motivo de los allanamientos en el Mides.

Según el fiscal Curruchiche, también se ejecutan diligencias en dos empresas proveedoras de alimentos.

Añadió que la FECI posee los certificados de defunción de esas 742 personas, quienes, desde el 2024 hasta este 23 de febrero, aparecen como beneficiarias.

Indicó que parten de la auditoría de la CGC, la cual determinó este hallazgo a escala nacional. Señaló que en algunos departamentos del occidente y oriente del país, como Zacapa y Chiquimula, se detectó un alto número de personas fallecidas que figuran como beneficiarias.

El fiscal afirmó que se presume que esas personas fueron ingresadas a la base de datos pese a haber fallecido.

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Remarcó que lo importante en las diligencias es tener acceso a la base de datos del Mides, ya que se dispone de información que debe corroborarse. A partir de esa verificación, se tomarán las acciones correspondientes.

Agregó que se investigan los supuestos delitos de falsedad ideológica, peculado por sustracción y fraude en la administración pública, por tratarse de recursos erogados del impuesto de los guatemaltecos.

Añadió que, de acuerdo con la investigación, habría un patrón para defraudar al Estado de Guatemala mediante la inclusión de personas fallecidas en programas sociales.

Recordó que la CGC presentó la denuncia en mayo del 2025. Indicó que los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Diligencias Urgentes y, posteriormente, el caso será remitido a un juzgado contralor.

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