La última semana de agosto me tocó estar cinco días en Japón. Es la quinta economía del mundo, que representa los logros de la ley y el orden, la cultura y la educación, el respeto y la responsabilidad y la muestra donde el gobierno nacional y los gobiernos locales cumplen con sus roles. Allí los empresarios y los emprendedores generan oportunidades permanentemente, y entre todos han logrado desarrollar una sociedad digna, respetuosa, educada, con buenos ingresos y una ejemplar seguridad ciudadana.

Japón es una nación insular del este de Asia en el océano Pacífico con densas ciudades. Tokio es la capital que a la vez es la ciudad más poblada del país, del continente asiático y del mundo. Japón tiene 3.5 veces el territorio de Guatemala, 6.7 veces la población, 35 veces el PIB nominal y casi 6 veces el PIB per cápita. Japón es una monarquía constitucional parlamentaria unitaria mientras que Guatemala es una república democrática presidencialista.

Me disfruté movilizarme en Kioto y en Osaka a pie, en taxi y en tren. Carreteras impecables, terminales de tren modernas, funcionales, limpias, rotuladas y con servicio de información por todos lados. Me encantó escuchar que la transparencia del gasto público es una constante y que la corrupción es mínima.

A mi regreso a Guatemala me vine a encontrar con que el gobierno a través del ministro de Finanzas Públicas presentó la propuesta de Presupuesto General de la Nación para el año 2026. A simple vista se ve la irresponsabilidad de quienes lo trabajaron y lo presentaron. Están solicitando Q164 mil millones, 11% mas que el vigente, que lo caracteriza la baja ejecución mientras mantienen fondos en la caja que a finales de agosto rondaba los Q41 mil millones.

Se rumoraba la semana pasada desde el Congreso que el ministro de Finanzas no ha cumplido con los diputados de oposición, principalmente con los distritales de otros partidos políticos que votaron con el gobierno la modificación del presupuesto 2024 y con quienes aprobaron el del 2025 y su posterior modificación a cambio de presupuesto y recursos para sus distritos vía provisión a Consejos de Desarrollo.

El miércoles, con 107 votos la oposición logró aprobar un decreto ley, el 7-2025, llamado Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, cuyo principal objetivo es garantizar la continuidad de los proyectos financiados por asignaciones extraordinarias. Esa ley consiguió el rechazo del Cacif y las cámaras empresariales, centros de investigación y otras instituciones porque viola el principio de anualidad presupuestaria y otorga atribuciones al Ministerio de Finanzas que corresponden únicamente al Legislativo, lo cual debilita la transparencia y la institucionalidad. Sin embargo, los ruidos en Congreso son que están disgustados con el ministro de Finanzas por el incumplimiento en la entrega de fondos a Codedes, ya que se cree que es su arma de negociación para que aprueben el Presupuesto 2026 por Q163 mil 783 millones.

Hay que detener al gobierno con el excesivo Presupuesto de la Nación, ya que no es necesario, compromete a la población con más deuda pública e inflación como consecuencia. Los presupuestos del último año de gobierno de Álvaro Colom (2011), de Otto Pérez (2015), de Jimmy Morales (2019) y de Alejandro Giammattei (2023) fueron de Q59 mil 174 millones, Q70 mil 715 millones, Q88 mil 327 millones y Q118 mil 624 millones, respectivamente.

Bien decía el candidato Bernardo Arévalo en 2023 que el aceite que lubrica la corrupción es el Presupuesto y que el 40% del Presupuesto se va en corrupción. Es absurdo escuchar al ministro basar su propuesta con la excusa de la deuda social a la población cuando a todas luces se ve que es un presupuesto irresponsable y clientelar.