Nicaragua ha otorgado más de 700 mil hectáreas en concesiones mineras a empresas de capital chino. Esta cantidad representa más del 5% del territorio nacional y se ha formalizado con condiciones extraordinarias, sin transparencia ni consulta ciudadana, según indicó el ambientalista Amaru Ruiz a Fabián Medina Sánchez, comunicador de Infobae.

“Si me hubieses hecho esta entrevista hace cinco días, te habría dicho que eran 650 mil las hectáreas entregadas a empresas chinas, ahora ya son más de 700 mil”, señaló Ruiz, presidente de la Fundación del Río, desde su exilio. Las concesiones forman parte de una política acelerada del régimen de Daniel Ortega, que ha transformado la minería en una de sus principales cartas de intercambio político y económico con China, tras restablecer relaciones diplomáticas con Beijing en diciembre de 2021.

Actualmente, el 36% del territorio nicaragüense, equivalente a 4.2 millones de hectáreas, está destinado a la minería. Sin embargo, la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones (PRONicaragua) asegura que hasta un 49.18% del país —más de 6.4 millones de hectáreas— está disponible para nuevas concesiones. En este marco, entre 2022 y 2025, el Ministerio de Energía y Minas ha autorizado a once compañías de capital chino más de 50 concesiones metálicas y no metálicas, en regiones como la Costa Caribe Norte, Jinotega y Chinandega.

Las conexiones entre estas empresas revelan redes empresariales poco transparentes. En octubre, un acuerdo ministerial publicado en La Gaceta mostró que varias de estas firmas —Little Stone, Zhong Fu, Waslala Mine, Northern Mining y Three Golds Mining— comparten la misma dirección legal en Managua, lo que sugiere que forman parte de un conglomerado empresarial que ya acumula más de 372 mil hectáreas en 20 concesiones.

Ruiz afirma que “el régimen está cambiando las reglas del juego” para garantizar que las concesiones recaigan en manos de estas empresas, con la modificación de leyes, normas municipales y procesos de consulta. “Lo que buscan es hegemonía total sobre una industria que sostiene las exportaciones y los números macroeconómicos del país”, indicó.

Los cambios legales han permitido incluso la entrega de concesiones dentro de reservas naturales protegidas como Indio Maíz y la biosfera del Río San Juan. “Ya hay concesiones dentro de lugares que antes eran intocables”, denuncia Ruiz, y añade que muchas de las nuevas empresas fueron constituidas recientemente, sin historial en minería ni registros públicos verificables. “Son actores desconocidos, sin historia ni trazabilidad”.

El ambientalista señala además que los contratos públicos-privados no se publican y no existen estudios de impacto ambiental disponibles. “No se conoce cuánto gana el Estado, ni qué tecnología se usará: si minería a cielo abierto, por túneles o con qué químicos”, lamenta.

Según Ruiz, la dictadura ha legalizado esta práctica para canalizarla a través de empresas intermediarias —muchas de ellas chinas— y así controlar toda la cadena de valor del oro. “Los mineros industriales están en riesgo. Ya no se trata de una empresa: todo el sector puede ser desplazado si se resiste al control del régimen”, afirma.

Ruiz también advierte sobre inconsistencias en las cifras oficiales. Detectaron una diferencia del 30% al 35% entre los datos del Banco Central y el Ministerio de Energía y Minas sobre exportaciones de oro, lo que sugiere una zona gris vinculada al contrabando, minería ilegal y posible lavado de dinero. “En los municipios de frontera, incluso la policía admite la presencia de capitales ilícitos”, señala.

El análisis geopolítico del fenómeno lo aporta la académica argentina Constanza Mazzina, quien identifica la estrategia de China como un “poder incisivo” o sharp power, sostenido en cuatro pilares: diplomacia partidaria, intercambios académicos y periodísticos, empresas estatales y propaganda en medios. “China despliega relaciones ideológicas para cooptar élites y legitimar su modelo autoritario, debilitando la influencia de las fuerzas prooccidentales”, afirmó a Infobae.

Los Institutos Confucio son, según Mazzina, herramientas sutiles de captación de elites académicas. Nicaragua ya cuenta con dos de estos centros: uno en la UNAN-Managua y otro en la UNAN-León. El embajador chino en el país, Chen Xi, declaró que estos centros “ofrecerán valiosas oportunidades para que más jóvenes nicaragüenses aprendan chino y conozcan la cultura china”.

Mazzina advierte que esta estrategia responde a un modelo de cooperación autocrática global que China comparte con países como Rusia, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. “No necesita ejércitos ni invasiones. Es un poder inteligente que avanza mientras muchos aún creen que solo se trata de intercambios comerciales o culturales”, afirma.

En palabras finales, Ruiz resume la gravedad del panorama: “Estas nuevas empresas no son las grandes estatales de China. Son actores de segunda línea, con cero transparencia, favorecidos por la complicidad de un régimen que ha puesto el país en venta”. Y concluye con una pregunta fundamental: “El mismo Estado que debería protegernos es quien firma los contratos y recibe beneficios. Entonces, ¿quién garantiza que se respeten los derechos laborales, ambientales o humanos? Nadie”.