Las autoridades del Ministerio Público (MP) brindaron detalles este lunes 16 de diciembre con respecto al avance de las investigaciones del caso denominado B410, relacionado con acciones de defraudación tributaria y corrupción.

En conferencia de prensa desde la sede central de la institución, en la zona 1 capitalina, la fiscal general, Consuelo Porras, destacó que la entidad a su cargo realiza un trabajo enfocado en el combate contra la corrupción, ya que, según sus palabras, esta no solo toca los principios fundamentales de justicia y equidad, sino que también mina la confianza que la sociedad depositada en quienes tienen la repsonsabilidad de servirle.

“Hoy me dirijo a ustedes, pueblo de Guatemala, con un mensaje claro y contundente. En el MP todas las denuncias que recibimos son y serán siempre investigadas. No importa quiénes estén involucrados. Nuestra misión y función es garantizar que se haga justicia, sin distingo alguno”, expresó.

La fiscal añadió que la lucha contra la corrupción y el combate a los delitos que afectan a la población son los pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Por ello, detalló que no descansarán en realizar su labor y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

“Esta institución siempre se ha caracterizado con actuar con objetividad, imparcialidad y estricto apego al principio de legalidad. (…) Si alguien no debe nada, no tiene por qué temer. Si hay irregularidades, la ley se aplicará con todo el peso que corresponda”, enfatizó la fiscal.

Por su parte, Dimas Jiménez, fiscal regional metropolitano, señaló que el Código Tributario, en su artículo 89, se establece que las denuncias se presentan por escrito ante el juez competente, pues para estos casos hay órganos jurisdiccionales especializados.

Señaló que es por esa vía que se da seguimiento a la querella recibida 14 de agosto 2024 del caso B410, dentro del cual ya se han autorizado más de 40 diligencias de allanamiento y se han recopilado diversos medios de investigación que han ayudado a desarrollar la investigación, realizada a través de la Fiscalía contra Delitos Económicos.

“Como producto de las diligencias, hoy solo se operativizo una fase, pues se trata de un caso sumamente extenso que conlleva muchas horas de trabajo técnico y especializado”, destacó.

Añadió que la fiscalía realizó esta mañana se llevaron a cabo 18 allanamientos en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala y Sacatepéquez con el propósito de hacer efectivas 13 órdenes de captura contra algunos funcionarios del Ejecutivo, específicamente siete personas que tienen algunos cargos en el Ministerio de Salud, y también otras órdenes de aprehensión contra personas representantes legales de sociedades anónimas.

Engaños a ciudadanas y una “fábrica” de sociedades anónimas

Mario Pérez, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, brindó detalles de los antecedentes del caso y señaló la forma de operar de la estructura que estaría detrás de la defraudación millonaria al Estado de Guatemala.

Explicó que el MP registra un antecedente de 2023 con empresas creadas en la colonia Bambi, cuando ingresó una primera denuncia y conforme transcurrieron los meses siguieron presentando otras más por parte de los agraviados, hasta contabilizar 24. Los hechos involucran a 22 personas agraviadas de sexo femenino, en su mayoría amas de casa.

Las pesquisas del caso inicialmente estuvieron a cargo de la Fiscalía Municipal de Mixco y luego se trasladaron a la de Delitos Económicos, que pudo establecer que un hombre contactó a las 22 ciudadanas mencionadas, presentándose como integrante de una ONG y les ofreció ayuda económica.

Para ser supuestamente beneficiarias les requirió una fotografía de su Documento Personal de Identificación (DPI) y grabar un video detallando sus datos personales para supuestamente seguir el procedimiento necesario, pero en realidad sirvieron para crear agencias virtuales.

“Todas las víctimas fueron contactadas en la colonia Tesoro Bambi, zona 2 de Mixco, a cambio de un beneficio económico de Q200. Después, supieron que les crearon establecimientos comerciales inscritos ante la SAT, se afiliaron a la Factura Electrónica y se emitieron facturas de entre Q1 mil hasta Q29 mil. No se rebasaba el monto de Q30 mil para evitar una eventual bancarización”, detalló el fiscal.

Como hipótesis de la creación de estas entidades se manejó la venta de facturas o acciones puntualmente de lavado de dinero u otros activos, por lo que continuó la investigación.

En febrero 2024, la fiscalía empezó con el proceso del rastreo de los IP de los equipos utilizados para crear las agencias virtuales. También se solicitó a la SAT cancelar esas empresas creadas con los datos sustraídos de las víctimas.

El fiscal aseguró que en el transcurso de la investigación se estableció quién era la persona que contactó a las 22 agraviadas; sin embargo, no se reveló su nombre por tratarse de una investigación en curso. Únicamente se adelantó que se trata de un perito contador que se investiga por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y manipulación de información. Además, se busca constatar la participación de al menos otros tres partícipes.

“Este es un antecedente claro de la creación de empresas mercantiles, sociedades anónimas, de utilizar a personas de bajo perfil con la finalidad de defraudar al fisco a través de las facturaciones de empresas o lavado de dinero”, enfatizó Pérez.