Queda claro que el reciente traslado de cabecillas pandilleros a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, el 31 de julio último, fue una medida adecuada que debe mantenerse; ello con todo y el decomiso, cinco días después, de un botín de Q192 mil en efectivo dirigido a uno de los facinerosos en esa prisión. El martes último se produjo una reacción burda y violenta; casi se podría decir, predecible, pero las autoridades obviamente no previeron sendos motines en Fraijanes 2 y el sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres, zona 18. Tales acciones, en las cuales fueron retenidos 11 guardias penitenciarios, exhiben las vulnerabilidades de las cárceles, pero así también los esquemas criminales.

Estas escaramuzas fueron coordinadas por una docena de peones de los peligrosos cabecillas encerrados bajo máxima seguridad. Y por eso mismo cabe cuestionar: ¿cómo llegaron las órdenes? o ‘cómo se coordinaron ambos amotinamientos? Esos individuos deberían pasar a una situación de aislamiento, junto a sus capos, como medida disuasoria, además del proceso judicial y la sanción adicional.

La intervención del Comando Antisecuestros frenó lo que pudo ser una masacre, pues los guardias fueron retenidos y golpeados, pero al final liberados, lo cual no exime de responsabilidad a los insurrectos. El desafío es que estas reyertas, potencialmente letales o causantes de una fuga masiva, no vuelvan a ocurrir. Uno de los primeros pasos es la clasificación objetiva de reclusos por su peligrosidad, filiación y nexos como criterios cruciales para ampliar un estricto aislamiento. Pero por otro lado debe existir una implementación de planes de reeducación, para al menos dar una oportunidad a quienes demuestren afán de rehabilitarse.

Uno de los mejores expertos en rehabilitación carcelaria, reducción de reincidencia y reintegración social a escala internacional es el ingeniero y sociólogo guatemalteco Byron Titus, quien ha trabajado en sistemas penitenciarios de Estados Unidos, Colombia, Argentina y España, entre otros países. A lo largo de varios períodos gubernativos y una retahila de autoridades de Gobernación —incluyendo los que ahora son presidiarios—, ofreció su asesoría, experiencia y métodos para crear un modelo de seguridad gradual efectiva, firme y estricta, mas ningún gobierno le ha tomado la palabra en tres lustros.

Pero no solo el Sistema Penitenciario es el problema. El Organismo Judicial, cundido de magistrados anodinos y ávidos de compadrazgos, y el Congreso de la República, ahora lleno de iluminados místicos, no deberían eludir su responsabilidad. Jueces de ejecución y salas de amparo no deberían otorgar órdenes de traslado o retorno hacia anteriores penales con tanta displicencia y sin cotejo. Cada recurso de un asesino, secuestrador o extorsionista convicto debería ser auditado por la Corte Suprema de Justicia, la Junta Disciplinaria y el Ministerio Público. Si hay amenazas o intimidaciones para presionar este tipo de resoluciones, se tienen que denunciar, y la fiscalía debe priorizar la pesquisa. Los diputados deben legislar con seriedad, y no por inflado globo populista, para endurecer penas en delitos como los mencionados.

Es tiempo de emprender un proyecto de Renovación 2, a fin de abrir más celdas de aislamiento, para paliar el peligro inminente y atajar represalias. Cabe recordar que existen sospechas de nexos entre pandilleros y ciertas figuras conexas con la vieja politiquería. El riesgo aún no ha pasado y seguirá presente en tanto y en cuanto la certeza de castigo esté en vilo.