La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de declarar inconstitucional el acuerdo gubernativo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos comunes, bajo el argumento de que vulnera la autonomía municipal, abre el debate sobre el papel de las comunas en el manejo de la basura.

De acuerdo con Marco Vinicio Cerezo Blandón, director general de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), la resolución de la CC interpreta de forma incorrecta la autonomía municipal, ya que Guatemala es una república unitaria y los municipios son únicamente un nivel organizacional, un instrumento funcional para llevar los servicios públicos a los territorios, pero no constituyen extraterritorialidad y están sometidos a las leyes de la República, así como a los acuerdos ministeriales y gubernativos del Gobierno central.

“Esa autonomía extraterritorial es una interpretación exagerada e incorrecta de la autonomía municipal”, afirma Cerezo Blandón. Añade que las municipalidades deben someterse a los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Ambiente, por lo que la resolución debe revisarse. De quedar en firme, postergaría hasta por 30 años la solución a problemas ambientales, como el manejo de los desechos sólidos.

Por otro lado, indica que la gran mayoría de municipalidades no cuenta con capacidades técnicas, institucionales ni financieras —más de 80% de sus ingresos depende del Gobierno central— para enfrentar las problemáticas ambientales de sus municipios. La única forma de abordarlas es mediante una coordinación estrecha entre las comunas, el Ministerio de Ambiente y la Presidencia.

Agrega que mantener firme la resolución de la CC implicaría que los responsables civiles y penales de la contaminación del ambiente, de las aguas y de los desechos sólidos serían los consejos municipales y los alcaldes.

Los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) tienen una asignación este año de más de Q12 mil millones, presupuesto del que Cerezo Blandón no descarta que podría utilizarse para financiar el establecimiento de rellenos sanitarios e incluso de plantas de tratamiento de aguas servidas en los municipios. Sin embargo, no se trata solo de construir esos espacios, pues también se necesita contar con capacidades técnicas y financieras para hacerlos funcionar.

En ese punto, indica, se requiere “construir figuras colaborativas” de trabajo entre la cartera de Ambiente y las municipalidades, abriendo la posibilidad de que se sume la sociedad civil y el sector privado.

Sin embargo, hay municipalidades que, con sus propios recursos, han priorizado atender el asunto ambiental dentro de sus jurisdicciones. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) señala que hay 46 plantas de tratamiento de aguas residuales y 17 para manejo de desechos en proceso, en 56 municipios del país.

Sololá es el departamento con más proyectos de este tipo aprobados, pese a que el artículo del reglamento para las descargas y reúso de aguas residuales (2006), que obliga a las municipalidades a construir plantas de tratamiento, se ha prorrogado en varias ocasiones a petición de los alcaldes, quienes indican que no cuentan ni con fondos ni preparación para implementarlo.

Postura de la ANAM

Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), señala que en reiteradas ocasiones plantearon al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) que el acuerdo gubernativo 164-2021 era inconstitucional y que buscaron trabajar en una solución conjunta, partiendo de las necesidades de los municipios; sin embargo, no fueron atendidos.

Indica que dicho reglamento vulneraba la autonomía municipal porque pretendía regular el trabajo de las municipalidades y, además, sancionar a las comunas por lo que hiciera o dejara de hacer el ciudadano.

Resolver el problema de la basura, así como el de los drenajes, requiere de fondos, afirma el presidente de la Anam. Añade que las municipalidades no tienen capacidad técnica ni financiera para hacerlo, y que es necesario incluir este asunto en el Presupuesto General de la Nación.

La propuesta de la asociación consiste en la construcción de 12 plantas de tratamiento de basura en el país, con base en un informe elaborado por el Banco Mundial en el 2022. Estas se ubicarían por regiones y recibirían los desechos de varios municipios. Lograrlo, afirma Siero, requiere fondos que las comunas no poseen, por lo que los recursos económicos tendrían que provenir del Ejecutivo.

El trabajo de los alcaldes consistiría en regular, velar por la recolección de los residuos y garantizar su traslado a las plantas, a donde llegarían ya clasificados, pues —señala— de nada sirve que la población los separe si en los camiones recolectores y depósitos se mezcla con material no reciclable.

De acuerdo con Siero, el reglamento establecía sanciones contra los alcaldes si las personas no clasificaban la basura, aunque estos no tienen la potestad legal para determinar si la población cumple con esa obligación.

Agrega que, si bien el informe del Banco Mundial no detalla el costo de las plantas de separación de basura, estudios de la Anam estiman que cada una costaría entre US$6 millones y US$10 millones. Asegura que es viable, considerando que el Ejecutivo tiene uno de los presupuestos más robustos de los últimos años. La construcción de cada planta tomaría 12 meses.

Afirma que desarrollar estos espacios permitiría reducir la contaminación en un 70%, pues considera que la basura es el principal problema.

Siero es alcalde de San José Pinula, donde —según indica— ha logrado construir 23 plantas de tratamiento de aguas residuales gracias a que los recursos municipales se lo permiten. Sin embargo, señala que hay municipios en el interior del país cuyos fondos no lo permiten, y es allí donde se requiere apoyo financiero.

“Más que un reglamento, hay que hacer una ley, para que, cuando estas plantas entren en funcionamiento, lo hagan de forma correcta y se le otorgue a las municipalidades la potestad legal de sancionar a quienes contaminan. Esta ley debe trabajarse en conjunto entre las municipalidades y el Ministerio de Ambiente”, recalcó.

Recuerda que, como Anam, presentaron al Congreso de la República la iniciativa de ley del Fondo Verde, que cada año destinaba Q200 millones para la construcción de plantas de tratamiento de basura y drenajes. Sin embargo, luego de su tercera lectura, fue devuelta a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales.

“Lo único que pedimos es que se tomen en cuenta las propuestas que tenemos para aportar, porque los que estamos en la calle recogiendo la basura somos nosotros”, concluye Siero.