México atraviesa una crisis de soberanía interna.
Fue hace apenas un mes que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que “regresar a la guerra contra el narco no es opción, porque está fuera del marco de la ley, es permiso para matar sin ningún juicio”. Tras la operación militar que resultó en la muerte del Mencho, sus milicias criminales provocaron tanto terror que la capital de Jalisco, Guadalajara, de cinco millones de habitantes, suspendió las clases presenciales de educación básica y superior.
Formidables estructuras de poder que corrompen el Estado y compiten con él.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, no es tan solo un episodio más de la larga crónica de la violencia mexicana, sino síntoma de una enfermedad política más profunda. Delata la erosión progresiva del Estado en amplias zonas del territorio del país, donde el poder público ha sido sustituido por estructuras criminales que ya no se limitan al tráfico de drogas, sino que administran grandes conglomerados de negocios ilícitos y ejercen una soberanía de facto.
Más allá de un capo abatido, confirma que los cárteles mexicanos han alcanzado un nivel de poder económico, territorial y militar que los convierte en gobiernos paralelos informales. El CJNG empezó como transporte de drogas y bajo el mando del Mencho se transformó en un conglomerado criminal: fentanilo y metanfetamina, robo de hidrocarburos (huachicol), extorsión, control de rutas de migrantes y mercados negros, tráfico de armas, secuestro, contratista de gobiernos municipales y estatales, incluso penetración en negocios legales como el turismo y la agroindustria. No es solo una banda de matones, sino una fuerza armada, equipada y organizada que impone reglas.
La comparación entre dos estrategias de seguridad revela cómo se llegó a este punto. En la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), el gobierno mexicano apostó por la confrontación frontal y la militarización del combate de los carteles. El resultado fue un aumento sostenido de la violencia; los homicidios pasaron de 10 mil en 2006 a más de 27 mil en 2011, y analistas estiman más de 50 mil muertes directamente vinculadas con ese conflicto. La captura o eliminación de líderes criminales debilitó jerarquías, pero produjo un efecto secundario devastador: la fragmentación de los cárteles en múltiples células más pequeñas, más impredecibles y violentas. Se ganaron operaciones tácticas, pero se perdió estabilidad estratégica; la violencia se desconcentró y se diseminó por el territorio.
El viraje con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) normalizó el desorden. Bajo la consigna de “abrazos, no balazos”, el Gobierno dejó de tratar a las organizaciones criminales como una amenaza directa al orden institucional y adoptó una política de “contención” basada en programas sociales. El discurso oficial se apoyó en la idea de que la violencia era un subproducto de la exclusión social. Las cifras de homicidios se “estabilizaron” en niveles históricamente altos, superando los 30 mil asesinatos anuales, mientras grupos como el CJNG expandían su presencia territorial y consolidaban sus negocios sin enfrentar presión sostenida del gobierno.
La muerte del Mencho no clausura una etapa; confirma que los cárteles ya no son solo organizaciones delictivas, sino formidables estructuras de poder que corrompen el Estado y compiten con él. Más que un problema de seguridad pública, México atraviesa una crisis de soberanía interna para determinar quién gobierna realmente en extensas regiones del país. Por lo pronto, cada capo abatido será sustituido por otro y el país seguirá atrapado en una derrota prolongada.