El plan de ampliación de muelles de la portuaria Quetzal, cuya propuesta, planificación y ejecución estarían a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo como “una realidad”. Este proyecto fue mencionado de manera tangencial durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a inicios de este mes. La delegación de expertos hizo las primeras evaluaciones, y aunque las condiciones del entendimiento aún están pendientes de ser divulgadas plenamente, queda claro que será una inversión estratégica para el país del norte, a fin de contrarrestar el predominio chino en portuarias latinoamericanas.

De cara a los fiascos como el de TCQ, este aporte a la infraestructura será de beneficio para la productividad guatemalteca y para la seguridad estadounidense. Por ahora se sabe que la portuaria tiene recursos propios con los que hará frente a la inversión y otra parte vendría de un financiamiento blando.

Mientras, en el país de los rezagos, antes de que llegue la ampliación a Puerto Quetzal ojalá sea “una realidad” la reparación del km 44 de la autopista Palín-Escuintla. En dos meses llega la lluvia, que promete ser copiosa, por La Niña, y no hay visos de finalización. Primero daban fechas y las posponían; el actual ministro de Comunicaciones ofreció que el paso estaría listo antes de Semana Santa, pero el calvario vehicular a paso de procesión lleva ya ocho meses. Para más inri, un socavón en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, ya de por sí maltrecha, obliga a un desvío adicional a miles de camiones de carga. Eso sin mencionar el bloqueo efectuado por transportistas ayer, por un charco pluvial recurrente y sin resolver en el km 39. Sí, leyó bien, ¡un charco! (No estarán esperando otra delegación estadounidense para calcular y colocar el drenaje).

Donde sí existe un afán pestilente y desvergonzado por drenar dinero de la ciudadanía a raudales es en el Congreso de la República. Para la plenaria de hoy, los diputados tendrían previsto instalar una tubería leguleya desde sus curules para cobrar el doble de sueldo a costa del erario y a pesar de su manifiesta improductividad. Varios congresistas, incluyendo al presidente legislativo, Nery Abilio Ramos, y a la primera secretaria, Karina Paz, así como al ponente de tan abyecta iniciativa, Luis Aguirre, del partido Cabal, repiten la narrativa de que dice el departamento de Finanzas que “sí hay viabilidad financiera” para el abusivo y lesivo incremento que será un gasto permanente, incluidos bono 14 y aguinaldo, frente a un pueblo que se debate por sobrevivir.

La desfachatez es tal que existe la posibilidad de que desde el 4 de febrero pasado la Junta Directiva, arrogándose funciones que no le competen y desafiando el fallo de la Corte de Constitucionalidad, haya puesto en vigencia el aumentazo. De ser así, tal decisión sería potencialmente ilícita. En la votación del pleno de hoy, el incremento salarial debe ser desechado, y el legislador que se sienta afectado en su peculio al desempeñar tal tarea por solo Q29 mil 990 al mes —más dietas, más viáticos, más desayunos, almuerzos, cenas, cafés y combustibles gratis— que lo reconozca y renuncie.

Si el Congreso tiene “disponibilidad” financiera, que la dedique al beneficio de la ciudadanía a la que supuestamente representan sus integrantes. Los partidos políticos y sus secretarios generales deben repudiar la conducta de todo integrante de bancada que avale este intento de atraco a traición y mansalva. En el país de las dádivas y las negligencias que salen caras, lo último que se necesita son politiqueros prescindibles que pretenden cobrar como divos.