En Guatemala, en promedio mueren seis personas cada día por accidentes de tránsito. Aunque muchas de estas tragedias no siempre ocupan titulares, su impacto es profundo. Lo más grave es que la mayoría de estas muertes pudieron evitarse con mejores condiciones de infraestructura, normas claras y conductores informados.

Un estudio actualizado del Cien indica que en 2024 se reportaron 2,249 muertes en las carreteras y vías, con una tasa de 13.2 por cada 100 mil habitantes, acercándose cada vez más a la tasa de homicidios, que fue de 16.1. Lamentablemente, este año la situación está empeorando. Solo en febrero murieron 252 personas por accidentes; en promedio, nueve diarios. Las cifras aumentan, pero el problema sigue sin ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.

El parque vehicular crece sin control. En abril de este año, Guatemala superó los seis millones de vehículos registrados. La mayoría son motocicletas, seguidas de automóviles, transporte colectivo y transporte pesado. Aunque las motos representan el 48 % del total, participan en más de la mitad de los accidentes. Los automóviles, que son el 44 % del parque vehicular, están involucrados en el 36 % de los accidentes. El transporte colectivo y pesado, aunque es apenas el 7 %, representan el 14 % de los casos.

Los choques, atropellos y caídas son los accidentes que más se repiten, sobre todo los fines de semana entre seis y nueve de la noche. Las causas suelen ser las mismas: manejar muy rápido, el uso de alcohol o drogas, distracciones, cansancio y no usar equipo de protección. Muchos siniestros comparten un patrón: conductores inexpertos, vías mal diseñadas y falta de controles efectivos.

En 2024, la PNC emitió 43,329 multas. Los motoristas encabezaron la lista con más de 22 mil sanciones, más de la mitad por no contar o no portar licencia, mientras que los automovilistas sumaron más de 13,500. Estos datos reflejan no solo la dimensión del problema, sino la urgencia de regular mejor quién conduce y cómo. Conducir un vehículo requiere formación, conciencia y respeto a las normas básicas. Sin esto, las calles seguirán siendo un riesgo.

Además, la señalización es deficiente y la infraestructura vial está en mal estado. A ello se suma el desconocimiento o incumplimiento de los requisitos para circular. La falta de coordinación entre instituciones también limita las acciones preventivas y correctivas.

¿Qué hacer? El Cien propone mejorar el análisis de datos, planificar mejor el tránsito, regular el crecimiento del parque vehicular, supervisar con firmeza el transporte colectivo y pesado, y —lo más importante— formar a los conductores. No basta con imponer multas: se necesita una cultura vial que concientice acerca de que manejar no es un derecho automático, sino una responsabilidad compartida. Hacen falta liderazgo institucional y voluntad para aplicar lo que ya establece la ley.

Los accidentes de tránsito dejan huellas profundas en las familias. Muchas pierden a su padre, la madre o a los hijos, o pueden quedar incapacitados. Para muchos, perder el vehículo significa quedarse sin su herramienta de trabajo y sin ingresos, afectando a quienes dependen de ellos. Los hospitales se llenan de heridos que requieren atención, usando recursos que podrían destinarse a otras necesidades si estas tragedias se evitaran. La violencia vial no distingue edades ni profesiones.

Lo que está en juego no es solo la movilidad, sino la vida misma. No se puede normalizar que las vías, calles y carreteras se conviertan en escenarios de muerte diaria. La responsabilidad es de todos: de quienes legislan, de quienes supervisan y, especialmente, de quienes conducen cada día.