Este 23 de marzo, transportistas realizaron una caravana en la capital y diferentes puntos en el país para exigir acciones ante el aumento en los precios de combustibles. Al cierre de la jornada, sectores como taxistas y repartidores advirtieron que los bloqueos podrían incrementarse en los próximos días.

Mientras las entidades del Estado aseguran que mantendrán el monitoreo del mercado, el Congreso convocó a autoridades para el 24 de marzo con el fin de buscar posibles soluciones.

En ese contexto, el Ministerio Público (MP) ha informado a Prensa Libre que avanza en la investigación por el incremento en los precios de combustibles en Guatemala y ya definió líneas prioritarias, plazos y el tipo de pruebas que sustentarán posibles acciones penales.

Como parte del seguimiento a las denuncias, la institución indicó que uno de los principales objetivos es determinar si existió un aumento injustificado en el precio de los combustibles en estaciones de servicio.

De forma paralela, el MP también analiza posibles comunicaciones de rumores o información falsa que hayan influido en el comportamiento del mercado y provocados incrementos en los precios.

Plazo para definir judicialización

Según la institución, las diligencias se desarrollan con “celeridad y prontitud”, debido al impacto que el tema tiene en la economía de los consumidores.

Además, el MP informó que trabaja con un plazo estimado de 30 días, contados a partir de la recepción de la última denuncia, para obtener resultados de la investigación y decidir sobre una posible judicialización de los casos.

En ese sentido, los primeros resultados de la investigación del ente investigador podrían conocerse alrededor del 17 de abril, tomando como referencia que las denuncias más recientes fueron presentadas el 17 de marzo, según la Diaco y el MP.

Pruebas en análisis

En cuanto a los elementos de prueba, el MP detalló que ha recabado principalmente evidencia documental, incluyendo informes de distintas entidades (Diaco, SAT, MEM), así como información proporcionada por las estaciones de servicio denunciadas.

Además, se contempla la recopilación de testimonios que permitan comprobar los hechos y fortalecer los casos relacionados con posibles prácticas de especulación en los precios de combustibles.

Estas acciones se suman a las diligencias ya realizadas, como la verificación de registros contables, inventarios y precios de venta en gasolineras, así como el análisis de datos de importación y facturación.

De acuerdo con el ente investigador, el avance de la investigación será clave para determinar si los incrementos responden a factores internacionales o si existieron irregularidades que deriven en acciones penales.

Denuncias, origen de expedientes y Plan Centinela

Los expedientes que actualmente investiga el Ministerio Público se originaron a partir de las denuncias presentadas por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), las cuales comenzaron a ser ingresadas el 14 de marzo con 42 casos vinculados a gasolineras del área metropolitana.

Posteriormente, el 17 de marzo, se sumaron 34 denuncias adicionales correspondientes al interior del país, como resultado de inspecciones realizadas en el marco del Plan Centinela, una estrategia del Gobierno para supervisar el comportamiento del mercado de combustibles y detectar posibles prácticas de especulación o acaparamiento.