En 2026 vencerán los períodos de funciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC), así como del fiscal general de la República (FGR), el procurador general de la Nación (PGN) y el contralor general de Cuentas (CGC), por lo que los sustitutos deberán ser designados conforme a la Constitución y la ley.

El Congreso elegirá a los magistrados del TSE, cinco titulares y cinco suplentes, para un plazo de seis años, de una nómina de 20 candidatos elaborada por una postuladora integrada por el rector y el decano de Derecho de la Usac, un representante de los demás decanos de Derecho y otro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

El TSE es un tribunal constitucional permanente, dotado de la jurisdicción privativa político-electoral, o sea de la potestad de proteger y hacer valer los derechos políticos de los ciudadanos (al sufragio, elegir y ser electo, participar en actividades políticas, optar a cargos públicos) y dirimir conflictos político-electorales.

Sus resoluciones definitivas son inmutables, sin perjuicio de un amparo limitado. No obstante, el TSE ha sido privado de dicha potestad, con la tolerancia de su propia magistratura, y reducido a un ente organizador de comicios y a una mera instancia administrativa, cuyas atribuciones y decisiones pueden ser desconocidas u omitidas por tribunales de la jurisdicción ordinaria, al punto que, hipotéticamente, sus declaraciones de validez de elecciones, oficialización de resultados de las votaciones, adjudicación de cargos públicos y nulidad de comicios podrían ser revertidas. Esto supone un desafío existencial para el TSE.

Asimismo, los magistrados de la CC, cinco titulares y cinco suplentes, serán designados por el Congreso, el Consejo Superior de la Usac, la asamblea del Cang, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el presidente, a razón de un titular y un suplente cada uno, para un plazo de cinco años. La 9a. magistratura de la CC deberá ponderar los riesgos de un vaciamiento de la Constitución y las implicaciones de una interpretación sin límites para la gobernabilidad.

Además, el gobernante nombrará al FGR, para un plazo de cuatro años, de una nómina de seis candidatos elaborada por una postuladora integrada por el presidente de la CSJ, los decanos de Derecho y los presidentes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Cang. El nuevo FGR debería de abrir un diálogo constructivo en torno a la política criminal, a fin de que se adecúe al mejor interés del Estado, así como institucionalizar un proceso de rendición de cuentas eficaz.

El Congreso elegirá al CGC de una nómina de seis candidatos elaborada por otra postuladora similar a la del FGR, en tanto que el gobernante nombrará al PGN, ambos para plazos de cuatro años. El CGC debe desentrañar a fondo la ejecución presupuestaria y el PGN garantizar la legalidad de la conducta oficial y la calidad del gasto.

En 2026, los magistrados del TSE tomarán posesión el 20 de marzo, los de la CC el 13 abril, el FGR el 17 de mayo, el PGN el 19 de mayo y el CGC el 13 de octubre, en un entono de disfuncionalidad institucional y escepticismo ciudadano, agudizado por las denuncias de acoso judicial en contra de indeseables, así como por la inédita imposición de sanciones internacionales por supuestas infidelidades en la gestión pública. Por lo tanto, la ciudadanía espera la designación del nuevo funcionariado, a la luz de una evaluación objetiva de los méritos de los aspirantes, conforme a la Constitución, y bajo una escrupulosa observación internacional, en el marco de la Carta Democrática Interamericana.