La noticia parece sacada del manual del perfecto corrupto latinoamericano. El Ministerio de Gobernación adjudica un contrato de Q84 millones para comprar 10 mil pistolas. Pronto, la Contraloría General de Cuentas enciende las alarmas por irregularidades que saltan a la vista: un plazo irrisorio para recibir ofertas; un plazo de entrega imposible de cumplir, a menos que se tuviese información previa de la negociación; la calificación de “único oferente” a pesar de que concursaron tres empresas, y, lo más grave, especificaciones técnicas que son un traje a la medida para un solo modelo de pistola, que, además, solo una compañía puede distribuir en el país. Para colmo, la compañía beneficiada tiene vínculos familiares con la ministra de Cultura. ¿Se pueden pedir más “irregularidades” de un gobierno que decía combatir la corrupción?

Esto no es solo una historia de posible corrupción. Es la radiografía de un gobierno donde las reglas no se hacen para servir al ciudadano, sino para beneficiar a los funcionarios y a su círculo cercano. Este caso es una prueba de fuego para la administración de Bernardo Arévalo, que se debate entre su promesa de “cerrar el chorro” y las denuncias de corrupción que ya empiezan a surgir en casi todas las dependencias. ¿Qué nos dice sobre el gobierno que su primera gran compra de seguridad, de la que no le puede echar la culpa a la administración pasada, exhiba los mismos vicios que prometieron erradicar?

La justificación oficial se refugia en la “estandarización”: como la PNC ya usa esas armas, es más eficiente seguir con la misma marca. Este argumento no es más que una falacia para ocultar el costo que pagamos por renunciar a la competencia, irónicamente, en un gobierno que dice favorecer la competencia. En un concurso abierto, otros fabricantes de clase mundial habrían competido, presionando los precios a la baja y la calidad al alza.

Existen armas mejores, más baratas, más resistentes, que pueden utilizar las mismas municiones y que, además, por tener menos piezas móviles, son más fáciles y baratas de mantener. Todo lo cual abona a un costo total de uso mucho más bajo a lo largo del período de vida de la pistola.

Los millones pagados de más son recursos que no se usarán en capacitación, en tecnología forense o en modernizar comisarías rurales. El costo lo pagamos los tributarios dos veces: en el sobreprecio y en los recursos que se desperdician para capturar ese privilegio. Este concurso es una violación flagrante del espíritu de la Ley de Contrataciones, que prohíbe señalar marcas, precisamente para evitar estos desenlaces.

El gobierno tiene tres caminos. Puede convalidar la compra, destrozando todavía más su ya poca credibilidad anticorrupción; puede renegociar, lo que sería un parche inútil; o puede hacer lo único correcto: anular el concurso y rediseñarlo bajo criterios de desempeño, no de marca, abriéndolo a la competencia real. Existe una opción mejor: negociar directamente con los fabricantes, como lo hacen muchos gobiernos y agencias de seguridad.

La verdadera solución a la inseguridad no es simplemente comprar más armas, sino fortalecer las instituciones y el Estado de derecho, aplicar inteligencia, patrullaje y justicia expedita. Una institución que no puede ni comprar su equipo, de forma transparente, difícilmente podrá usarlo con probidad para proteger nuestros derechos.

Este caso no trata sobre pistolas. Trata sobre la certeza jurídica, la confianza y la credibilidad de un proyecto político. La responsabilidad de los ciudadanos es permanecer vigilantes y exigir que el gobierno cumpla con su deber más básico: respetar la ley y proteger el dinero de los tributarios, no usarlo para alimentar el mismo sistema de privilegios y corrupción que prometió desmantelar.