En esta semana trágica para Guatemala, algunos diputados se apresuraron a pedir un bono para familiares de víctimas de la tragedia vial de la calzada de la Paz, otros ofrecieron féretros gratuitos a quienes no tuvieran recursos para sufragar gastos. También exigieron cambios en los controles del transporte de pasajeros, aunque ello en buena medida depende de la formulación de una nueva Ley de Tránsito, integral y moderna, algo sobre lo que no han mostrado propuesta alguna; tampoco lo han hecho en relación con temas de altísimo interés nacional, como legislar sobre la clasificación de desechos sólidos, el tratamiento de aguas servidas o la misma Ley de Aguas.

Pero para recetarse aprobaciones presupuestarias cargadas de bolsones clientelares no tienen ningún empacho. A pesar de múltiples rencillas escenificadas durante semanas, esta semana se aprobó una ampliación presupuestaria de Q4 mil 166 millones para taparle el ojo a los artículos impugnados del Presupuesto General de Egresos que no contaban con fuente de financiamiento. Parchan una cosa, pero dejan suelto un costo creciente para futuros años, así es de procaz su miopía clientelar. Sale más caro el remedio improvisado que la enfermedad, pues ahora el presupuesto rebasa los US$152 mil millones.

Ante tan desprolijo desempeño, plagado de intereses subrepticios y dobles caras, el aumento salarial avalado el 28 de noviembre por 87 diputados. Entre los ponentes había algunos de los que ofrecían féretros esta semana. Eso constituye un insulto a la dignidad del ciudadano, que a diario lucha por la supervivencia económica. Esos 87 forman parte de las bancadas Vamos —25 votos—, UNE —21—, Cabal —10—, Viva —siete—, Valor —seis—, Todos y Bien —cuatro cada uno—, Elefante, Victoria y Creo —dos cada uno—, Nosotros, Cambio y Azul —uno—.

En algunas de esas bancadas mayoritarias hubo también votos en contra, pero fueron minoritarios, solo exhiben las reyertas de poder de sus mismas agrupaciones. En total, hubo 63 votos en contra del aumento, lesivo e inconsulto, propuesto prácticamente de madrugada a espaldas de la ciudadanía, que sigue rechazando tal despilfarro. No puede considerarse un gasto justificado elevar el salario de congresistas que se postularon voluntariamente a un cargo cuyas condiciones y plazo conocían de antemano. Fue tal la desfachatez, que también intentaron autootorgarse una indemnización a costillas del pueblo de Guatemala.

El 16 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la indemnización a través del otorgamiento de un amparo provisional a favor de tres diputados, pero dejó en el limbo el incremento. Sin embargo, ayer, el máximo tribunal también aclaró que su primera sentencia no entrañaba ningún aval para el autoaumento de los congresistas. Por el contrario, señala que tal medida precisa de un análisis sobre sus implicaciones presupuestarias y una discusión pública en el pleno, de cara a la ciudadanía, que es quien paga sus actuales salarios y también sus cajas chicas, comidas de restaurante, cafés, remodelaciones de oficinas y mucho más.

Es un fraude querer cobrar de más por tan pobres resultados, leyes mal formuladas —a pesar de tanto “asesor”—, deficiente representación y auténticos sainetes en cada reunión de jefes de bloques, citaciones o plenarias infructuosas. No está de más mencionar, dentro de recientes trapacerías, el dictamen de cambios chambones a la Ley Electoral para reducir controles a las finanzas partidarias. Por eso y muchas cosas más, es necesario que el pleno aborde un desistimiento del pretendido incremento, pues en estas condiciones sería un asalto a plena luz del día.