Sandra Xinico Batz

La injusticia alimenta la impunidad porque los impunes adquieren con ello más poder para seguir delinquiendo. El sistema de justicia se ha prestado a legitimar hechos atroces, como ha ocurrido en Guatemala alrededor de los delitos de lesa humanidad cometidos por militares que, en su mayoría hasta hoy, no han sido juzgados y otros continúan prófugos.

Recurrir al miedo es una estrategia que los militares saben aplicar muy bien, la historia nos lo demuestra, sus acciones los ponen en evidencia. La prepotencia con que estos siguen actuando, es señal del poder que creen seguir teniendo sobre la población y las leyes. No es casualidad la forma en que la Fundación Contra el Terrorismo filtra “información” antes de que sea oficialmente pública; la intención es hacer ver que tienen privilegios y que estos los usarán para seguir protegiendo a la oligarquía, a la cual sirven fiel y obedientemente.

Las amenazas que lanzan desde sus redes sociales tienen como objetivo intimidar, infundir miedo y difundir discursos de odio; las acciones legales que promueven son parte de una campaña de persecución, criminalización y seguimiento que busca inmovilizar y que es legitimada por la institucionalidad del Estado que se presta a perseguir a quienes no se alinearon, tal como está ocurriendo con el juez Carlos Ruano, que el miércoles pasado la Corte Suprema de Justicia aceptó la excusa planteada por Ricardo Méndez-Ruiz de la Fundación Contra el Terrorismo para que fuera asignado otro juez en el caso que se lleva en su contra.

Este miércoles fue detenido el exfiscal de Derechos Humanos que en 2013 lideró el equipo del Ministerio Público durante el juicio por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, en el cual fueron hallados culpables del delito de genocidio; mientras el exfiscal espera para ingresar a su audiencia, Raúl Falla Ovalle, también de la Fundación Contra el terrorismo, le dice: “Muerte civil a Orlando López”.

Tampoco es casualidad que esto ocurra en medio de un proceso electoral en el que se ha legalizado lo ilegal al aceptar inscribir a Zury Ríos, hija de Ríos Montt, quien junto a otros militares dieron golpe de Estado el 23 de marzo de 1982.

Una de las características del Estado colonial es usar el aparato institucional, para reprimir cualquier intento de quebrar con la estructura de corrupción e impunidad. Estos últimos años hemos visto cómo se fue preparando el terreno, para que hoy nuevamente, los distintos órganos del Estado estén alineados al patrón y no duden las órdenes que estos les den, sino que las cumplan, porque ese es su papel.

La Fundación Contra el Terrorismo se ha pronunciado en distintos momentos a favor de Zury Ríos y a través de acciones legales han promovido la persecución de quienes son aborrecidos por no obedecer. Esto tampoco es casualidad. Nada bueno se puede esperar de quienes no dudaron en masacrar, torturar y violar en nombre de la seguridad de la patria y que luego como cobardes se esconden detrás de la ley.