En Guatemala, las pandillas han dejado de ser solo sinónimo de extorsión o violencia callejera. Un informe reciente de la Policía Nacional Civil (PNC), respaldado por investigadores que han seguido de cerca la evolución de estos grupos, revela un panorama mucho más complejo: las maras han tejido estructuras financieras que les permiten operar como empresas del crimen, con nexos directos con actores políticos.

El poder de estas organizaciones también se manifiesta detrás de los muros de las cárceles. En los últimos meses, cuatro motines orquestados por miembros del Barrio 18 —ocurridos en las cárceles Renovación 1, el Preventivo para Hombres de la zona 18 y Fraijanes 2— evidencian su capacidad de operación interna. Renovación 1, ubicada en Escuintla y clasificada como de máxima seguridad, ha sido uno de los escenarios donde estos cabecillas, aún privados de libertad, continúan moviendo los hilos del crimen organizado. Según funcionarios y expertos consultados, el control que ejercen sobre el sistema penitenciario es cada vez más evidente.

Enfermedad crónica

El informe más reciente de la PNC ofrece una mirada detallada de la estructura operativa de las pandillas en el país. El documento incluye un análisis firmado por David Custodio Boteo, actual director de la institución y exjefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), quien no duda en calificar a estas estructuras como “una enfermedad crónica”.

Para Boteo, esta amenaza solo podrá contenerse si el Estado responde con medidas integrales que incluyan una reingeniería total del sistema penitenciario, el aislamiento real de los cabecillas, el uso de tecnología avanzada y la profesionalización del personal carcelario.

El funcionario advierte que el negocio del narcomenudeo —bajo el control de las pandillas— podría escalar en el corto plazo y convertirse en redes de narcotráfico más estructuradas y peligrosas.

“Su actual punto de encuentro en la sociedad guatemalteca es su inclusión en las instituciones del Estado y su participación activa en el ámbito político nacional; podrían financiar partidos políticos en las próximas contiendas electorales”, refiere Boteo en el documento.

Financiamiento

La extorsión continúa siendo la base económica de las pandillas en Guatemala. Así lo afirma el exfiscal contra la extorsión, Edgar Morales, quien advierte que este delito les proporciona los recursos necesarios para operar, expandirse, comprar armamento, influencias y sumar nuevos integrantes. “La extorsión es la que les da una fuerza operativa”, afirma, al destacar que este flujo constante de dinero mantiene vivas las redes criminales.

Según Morales, las diferencias entre las pandillas también se evidencian en sus niveles de infiltración institucional. La Mara Salvatrucha, por ejemplo, ha logrado introducir a algunos de sus miembros en estructuras del Estado e incursionar en el lavado de dinero a través de negocios aparentemente formales.

“Son empresarios. El poder financiero les da auge porque pueden comprar voluntades”, sostiene.

En cuanto al Barrio 18, Morales señala que recientemente se produjo una fractura interna. La clica Little Criminal, una de las más numerosas de esa organización, intentó arrebatar el liderazgo a Aldo Dupié Ochoa, cabecilla conocido como “el Lobo”. La pugna interna derivó en una respuesta violenta: varios miembros de esa facción fueron asesinados dentro de la cárcel de Fraijanes.

“Intentaron darle un golpe de Estado al Lobo, pero él se dio cuenta y fueron asesinados miembros de la rueda del barrio”, relata.

Morales también advierte sobre los vínculos entre estos grupos criminales y el poder político. “Sí existe un nexo entre políticos y pandillas. Usted sabe que cada período electoral el caballito de batalla de los políticos son las pandillas y la inseguridad”, concluye.

Impacto

Registros de la PNC revelan que durante el 2025 han sido expulsados 28 pandilleros salvadoreños y 26 han sido capturados, para un total de 54. Al finalizar el 2024, fueron expulsados 51 y capturados 31, lo que sumó 82.

Durante una reciente presentación de estadísticas criminales del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció que pandilleros de ese país continúan ingresando a Guatemala, aunque aseguró que no representan mayor impacto en la incidencia criminal. No obstante, para el exfiscal Morales, no se debería minimizar su impacto, puesto que sí representan una amenaza.

“En el caso del Barrio 18, si entran al país, tienen que reportarse con la estructura local o los matan. Entonces empiezan a trabajar para el barrio bajo sus reglas”, explicó.

A diferencia del Barrio 18, según Morales, la Mara Salvatrucha sí mantiene coordinaciones transnacionales a través de un programa conocido como “Los”, con el cual acogen a pandilleros de otros países centroamericanos. Entre quienes dirigen este programa criminal se encuentra Mayro De León Hernández, cabecilla conocido como “el Viejo Zacapa”, uno de los trasladado recientemente a la cárcel Renovación 1.

Morales cuestiona el traslado de otros cabecillas a cárceles de máxima seguridad, como “el Lobo”, al afirmar que el aislamiento no es una solución, porque dentro de las clicas siempre hay quienes siguen coordinando.

“La cárcel de máxima seguridad Renovación es VIP, y hay gente que pagó para estar allí”, afirma. El exfiscal advierte que incluso podría haber una escalada de violencia entre pandillas, especialmente en fechas conmemorativas como el 15 de agosto, cuando se recuerda el rompimiento del Sur, un evento simbólico entre facciones del Barrio 18.

Tercera generación

Las dos principales pandillas del país, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, han evolucionado más allá de la violencia callejera. Hoy operan con estructuras definidas, jerarquías sólidas y dinámicas criminales propias. Según el informe de la PNC, el Barrio 18 está conformado por 37 clicas, de las cuales 28 se mantienen activas. La organización de sus cabecillas gira en torno a un núcleo conocido como “la rueda del barrio”, integrado por pandilleros recluidos, en su mayoría, en la cárcel de Fraijanes 2 y en el sector 11 del Preventivo para Hombres de la zona 18. Algunos, como “el Lobo”, han sido recientemente trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1.

Desde estos centros de detención, el Barrio 18 mantiene presencia activa en 15 departamentos del país. La Mara Salvatrucha, por su parte, agrupa a 43 clicas y responde a una estructura dirigida por el llamado Consejo de los Nueve, cuyos integrantes permanecen recluidos en las cárceles de El Boquerón y Pavoncito. Aunque su alcance territorial cubre ocho departamentos, su influencia se concentra en áreas urbanas de Guatemala, Sacatepéquez y parte de Chimaltenango.

Las investigaciones de la PNC advierten sobre el surgimiento de una tercera generación de pandilleros. Esta nueva camada ha consolidado el relevo dentro de las estructuras criminales mediante lo que se ha definido como una “ecología criminal”: un entorno favorable al reclutamiento y cooptación de niños y jóvenes, especialmente en comunidades vulnerables. El proceso de captación suele iniciarse en escuelas, colegios, barrios y colonias donde la presencia del Estado es casi inexistente.

Colaboradoras

Dentro de las estructuras de las pandillas, las “jainas” —nombre con el que se conoce a las mujeres que integran las clicas— han asumido roles clave en la logística criminal. Muchas de ellas son personas de confianza encargadas de cobrar extorsiones, trasladar armas o administrar los buzones donde se deposita el dinero ilícito. Pero esa misma cercanía con los cabecillas las convierte en blanco cuando fallan: si no demuestran lealtad o cometen errores que afectan a la organización, pueden ser asesinadas y enterradas en las llamadas “casas del terror”. Se trata de viviendas abandonadas por familias que huyeron tras ser extorsionadas. La mayoría están ubicadas en zonas catalogadas como rojas, y en varias de ellas se han hallado restos humanos.

El entorno digital también ha sido conquistado por estas estructuras criminales. Las plataformas y aplicaciones de mensajería se han convertido en herramientas fundamentales para la coordinación de delitos y la evasión de las autoridades. De acuerdo con investigadores, esta migración tecnológica complica las tareas de seguimiento e intercepción, debido a la escasa o nula rastreabilidad de las conversaciones.

La Mara Salvatrucha ha dado un paso más allá en su evolución criminal. Según un informe policial, ha desarrollado un pensamiento empresarial y ha constituido asociaciones, ONG y sociedades mercantiles legalmente registradas. Estas funcionan como fachada: empresas de transporte colectivo, importadoras de vehículos y otros negocios operados a través de testaferros. También utilizan panaderías, abarroterías, lavanderías, taxis y préstamos “gota a gota” como mecanismos para lavar dinero. En la mayoría de los casos, los administradores de estas entidades son familiares de los cabecillas.

La Policía Nacional Civil (PNC) reporta que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024, el Barrio 18 y la MS fueron responsables del 6% y 3% de los casos de extorsión, respectivamente. En ese mismo periodo, ambas agrupaciones recibieron pagos que superaron el millón y el cuarto de millón de quetzales.

Pandilleros cabecillas trasladados a Renovación 1

Recientemente diez cabecillas del barrio 18 y Salvatrucha fueron trasladados a la cárcel Renovación 1 para evitar que coordinen extorsiones y crímenes.

Barrio 18:

Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”
Tiene 41 años y es cabecilla de la clica Solo Raperos. Anteriormente permanecía en la cárcel Fraijanes 2. Tiene antecedentes por asesinato, extorsión, robo y robo agravado, tenencia de drogas, posesión para el consumo, agresión y escándalo. Según la PNC, ordena extorsiones y asesinatos, además del traslado de armas de fuego y el control de puntos de venta de droga al menudeo. Mantiene control en las colonias El Limón, Lavarreda, Renacimiento Municipal, Juana de Arco, Atlántica y Maya, todas en la zona 18; así como en San Pedro Ayampuc, Jalapa y Santa Rosa.

Wilder Rodríguez Aguilar, alias “El Pato”
De la clica Solo para Locos, tiene 47 años y es considerado cabecilla. Tiene antecedentes por robo agravado, asociación ilícita, asesinato en grado de tentativa y asesinato. Según la PNC, ordena extorsiones, asesinatos y traslados de armas de fuego, y controla puntos de venta de droga al menudeo. Tiene influencia en colonias de las zonas 21 y 12, y en sectores de Villa Canales y Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala, así como en Escuintla, Suchitepéquez, Santa Rosa, Quetzaltenango y Huehuetenango. Actualmente 114 de sus integrantes son procesados por múltiples homicidios en el 2010.

Mayro De León Hernández, alias “Viejo Zacapa”
Pertenece a los Crazy Ganster. Tiene 49 años y está catalogado como cabecilla. Fue trasladado a Renovación 1 desde Fraijanes 2. Tiene antecedentes por asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita, conspiración y posesión para el consumo. Mantiene control en sectores de Villa Nueva, Villa Canales y Santa Catarina Pinula, en las zonas 16 y 12 de la capital, así como en Mazatenango, Suchitepéquez y Quetzaltenango. Según el MP entre el 2014 y 2015 la clica recibió Q2 millones en extorsiones a empresas de transporte y negocios.

Jarvin Leonel Itzoy Cruz, alias “El Crazy”
Integrante de la clica Raza Chapina, tiene 43 años y fue sentenciado a 35 años de prisión por robo, plagio y secuestro. Ejerce control en colonias de Mixco, Guatemala; Santa Lucía Milpas Altas, Alotenango, San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala, en Sacatepéquez; así como en la cabecera de Chimaltenango. La clica se caracteriza por captar menores de edad para entrenarlos como sicarios.

Manuel de Jesús Rivas Granados, alias “El Drimer”. Tiene 40 años permanece en prisión por asociación ilícita, robo agravado, asesinato, lesiones graves.

Mara Salvatrucha: cabecillas trasladados a Renovación 1

Jorge Yahir de León Hernández, alias “El Diabólico”
Pertenece a la clica Coronados Locos Salvatrucha. En el 2016 fue sentenciado a 168 años de prisión por haber ordenado el asesinato de cuatro personas, cuyos cuerpos decapitados fueron abandonados frente al Congreso de la República, el centro comercial Tikal Futura, la colonia Lavarreda, zona 18 y la colonia La Paz, zona 4 de Villa Nueva.

Es considerado el máximo cabecilla de la Mara Salvatrucha en Guatemala. Dirige el consejo de los nueve y tiene el control de las 43 clicas que integran esta estructura criminal. Se le atribuye haber ordenado ejecuciones como el caso de las cabezas en el 2010, atentados contra el Sistema Penitenciario en el 2014 y el ataque en el Hospital General San Juan de Dios en el 2013, entre otros.

Amílcar Galileo Torres Rosales, alias “El Garrobo”
Permanece en prisión por robo agravado, conspiración, asociación ilícita y portación ilegal de armas de fuego.

Nixon Bantes González, alias “El Flaco”
De la clica Peewes Locos Salvatruchas, tiene 42 años y fue sentenciado a 50 años de prisión por asesinato y asesinato en grado de tentativa. Cumplía condena en la cárcel Pavoncito. Tiene funciones de coordinación dentro de la estructura criminal y ejerce control en Canalitos zona 24, y en sectores de las zonas 25, 13, 17 y en San Pedro Ayampuc.

Ronal Bosbeli Choc Alemán, alias “El Sexy Boy”
Tiene 41 años, permanece en prisión homicidio, asesinato y asociaciones ilícitas.

Ángel Gabriel Reyes Marroquín, alias “El White”
De la clica Locos Centrales Salvatruchas, tiene 41 años. En el 2021 fue sentenciado a 123 años de prisión por asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Tiene funciones de coordinación de extorsiones, puntos de venta de droga, atentados, traslado de reos y armas.