Es una puerta a más desorden y a la confusión generalizada hacer cambios a la manera de realizar las elecciones del 2027, como sugirió oralmente ayer a varios diputados la señora Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Electoral, ya de hecho no Supremo porque sus decisiones necesitan autorización legal si es solicitada, con o sin mala fe. Antes de intentar una explicación de los riesgos, sí se debe hablar con suficiente anticipación de la urgente necesidad de hablar en serio de cambios a la Ley Electoral, cuyo rango constitucional obliga a lograr un dictamen de la Corte de Constitucionalidad, de prestigio menguante, como también el de todas las instituciones del Estado, a consecuencia de la manera de actuar, demasiadas veces irresponsable y corrupta, de la mayoría de sus integrantes desde hace varios años.

Por aparte, esas alteraciones necesitan de análisis técnico-político-jurídicos, lenguaje claro para facilitar la comprensión del ciudadano común y corriente cuando tenga la voluntad de enterarse, y también de colocar candados con la meta de evitar abusos y sobre todo güizachadas, así como escoger a ciudadanos probos gracias a un nuevo proceso de escogencia distinta, en la cual lo jurídico sea uno de los criterios a tomar en cuenta. Esto es el resultado de la judicialización exagerada, causante de burlas y de acciones dirigidas a descorazonar a los guatemaltecos. Tal desesperación explica por qué se ve a cualquiera como menos malo a su adversario de la segunda vuelta. La elección anterior tuvo un voto intencional y por eso es mayor el rechazo por el fallo. Entonces se necesitan castigos y consecuencias si se actúa mal.

La señora Alfaro se basa en la sobrepoblación partidista a causa de la relativa facilidad para integrar “partidos” llamados hordas electoreras con dueño, sin ideología real, con “dirigentes chapulines” porque saltan de pseudopartido en pseudopartido, sin conocimiento de ciencia política, sin valores reales, ni la más mínima noción de cuál es el papel del Congreso. Causa mareos solo pensar en el tamaño de las papeletas y el conteo de las elecciones para alcaldes, un proceso causante de golpizas y tumultos, sobre todo en los municipios lejanos y pequeños, donde todos se conocen y hay muchas veces rencillas personales entre votantes y candidatos. El incremento de armas provenientes de la narcoactividad es otro factor terrible y además ascendente. Es una horrenda realidad con consecuencias graves en el ejercicio político.

Tener largos seis meses —medio año— entre las elecciones presidenciales y las de diputados distritales, y de listado nacional, solo provocará disminución o hasta paralización de las actividades normales del país, con serios efectos sociales y económicos, además de inestabilidad. La mejor idea es la actual: tener una fecha específica como día de elecciones y ha funcionado razonablemente bien desde hace poco más de medio siglo, lo cual indica una mayoría ciudadana con esas reglas de juego. Algo debe hacerse, pero no así. Es imposible contar, revisar y autorizar tantas boletas de tantos partidos y comités cívicos de las seis de la tarde a las doce de la noche. Por eso, la solución es reducir los grupos aumentando los requisitos. Y la tecnología, como se vio, no es confiable para todos porque tiene áreas muy oscuras.

El derecho a elegir y ser electo debe ser revisado para asegurar su éxito. Quien lo ejerce con resultados ínfimos, debe quedar fuera, o si lo hace en dos ocasiones, pierde y obtiene menos de un porcentaje específico de votos, como el 5%. Ya no debe haber una tercera, y esto mismo debe ocurrir con los partidos. Esto clasifica un derecho, no lo elimina, por ser discriminatorio. Y así hay otros cambios necesarios: el nombre de los partidos, ahora muchas veces ejemplo de poca seriedad; enmarcarlos en conceptos políticos o incluso de algún otro criterio. La libertad actual de nombres es resultado de libertinaje, tiende al dueñismo, caciquismo y poca seriedad. En solucionar eso se debe centrar el tribunal electoral, con una seriedad ahora ausente.