En el Palacio Nacional de la Cultura se llevó a cabo el acto de presentación y lanzamiento de la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035.

La implementación estará a cargo del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), que asumirá la secretaría técnica, del Consejo Coordinador, el cual será creado con el propósito de garantizar la vida, la integridad y la labor de los defensores de derechos humanos en el país.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda explicó que la política se sustenta en tres pilares: “la creación de mecanismos de prevención de riesgos y amenazas; la implementación de un sistema integral de protección, y el fortalecimiento y coordinación interinstitucional para asegurar el acceso a la justicia y la reparación digna”.

El programa, según se informó, reconoce el papel esencial de las personas defensoras como pilares de la democracia y garantes de los derechos fundamentales.

Esta política surge en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada con el crimen cometido en contra del líder indígena Florentín Gudiel, ocurrido en el 2004. En dicha resolución, la corte internacional hace énfasis en la falta de acciones del Estado para dar con los responsables del crimen contra Gudiel, activista y defensor de derechos humanos.

Posteriormente, en el 2014, la CIDH condenó al Estado de Guatemala por la denegación de justicia en ese caso y le ordenó implementar una política pública para la protección de los defensores de derechos humanos, en un plazo razonable, con el fin de evitar que continúen los ataques, intimidaciones y violaciones a sus derechos.

También aseguró que la política representa un cambio en la mentalidad del Estado. “Reconocemos que las personas defensoras no son adversarias, sino aliadas de la democracia y entendemos que su seguridad no es una concesión del poder, sino una obligación moral y jurídica del Estado de Guatemala”, afirmó Villeda, quien además indicó que es necesario “proteger a quienes nos protegen, promover respeto, protección y derechos de todas las personas y comunidades que dedican su vida a defender los derechos de los guatemaltecos”.

Aspectos que vulneran la integridad de los Defensores de Derechos Humanos

En el acto también estuvo presente el presidente Bernardo Arévalo, quien durante su intervención aseguró que el gobierno “tiene la voluntad política y está haciendo los esfuerzos necesarios para contener cualquier agresión contra las personas defensoras de derechos, luchando contra la inercia de viejos hábitos autoritarios y violentos, y contra actores que han capturado diversas instituciones del sistema de justicia para proteger a los agresores, a los corruptos, a sus aliados y a todos los que se benefician de la impunidad”.

Entre los aspectos claves identificados en el documento se señala que en Guatemala existen mecanismos débiles de prevención, atención insuficiente y falta de acceso a la justicia y reparación digna para las personas defensoras de derechos humanos.

También destaca que entre los grupos especialmente vulnerables se encuentran las mujeres defensoras, quienes enfrentan violencia de género y otros vejámenes a consecuencia de su labor. Además, se mencionan a los pueblos indígenas, defensores del territorio y el medioambiente, así como periodistas y comunicadores sociales.

Agresiones contra personas defensoras

Algunos datos presentados por la Copadeh indican que durante los años 2022 y 2023 se registraron alrededor de nueve mil agresiones contra defensores de derechos humanos, de las cuales mil 500 fueron contra comunicadores y periodistas.

El documento detalla que la situación de los defensores de derechos humanos en Guatemala es crítica y evidencia un entorno de violencia sistemática e impunidad.

Según datos de la sociedad civil citados en el mismo, entre 2019 y 2023 se registraron 18 mil 613 agresiones, de las cuales el 67.15% (12 mil 498) ocurrieron durante la administración de Alejandro Giammattei.

Las defensoras enfrentan patrones específicos de violencia, con mil 754 casos de hostigamiento y mil 130 de difamación, mientras que los periodistas sufrieron 170 agresiones solo en el 2023.

Aumento alarmante

Según la publicación, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) documentó un alarmante aumento del 264% en el número de víctimas en el 2023, año en el que al menos 20 operadores de justicia se vieron forzados al exilio.

Esta crisis se agrava por la criminalización, con 362 órdenes de aprehensión contra defensoras, según el Comité Campesino del Altiplano, y por la incapacidad estatal, reflejada en los escuetos e inexactos registros oficiales, lo que impide una respuesta efectiva ante la emergencia, revela la publicación.

Esta política se guía por principios como la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, la interculturalidad, la integridad de los derechos humanos, la territorialidad y la justicia, indicaron las autoridades.

Al cierre del acto, que contó con la participación de defensores de derechos humanos, autoridades ancestrales, representantes de la Cooperación internacional y cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo entregó el documento que contiene la política a los familiares de Florentín Gudiel, cuyo caso dio origen a la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035.