En 2023, una encuesta de Prensa Libre dejó claro que nueve de cada 10 guatemaltecos no confiaban en el Congreso, ubicándolo en el último lugar del Estado. Un año después, ignorando por completo esa percepción, los diputados subieron su ingreso de Q29 mil 150 a Q66 mil 300 al mes, casi quintuplicando su sueldo base de Q9 mil 550 a Q46 mil 700. Adicional, se mantienen los Q5 mil en “gastos de representación”, Q9 mil 600 en “dietas plenarias” y Q5 mil en “dietas de comisiones”. Todo esto, por supuesto, sin consultar y a espaldas de la población.

En septiembre del año pasado, hubo un primer intento de subirse el el salario por medio de una reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, pero ante el rechazo público tan solo hicieron una pausa. Luego encontraron otra ruta, aprobarlo en su presupuesto del 2025 (acuerdo legislativo 31-2024) sin debate público, a altas horas de la noche y de forma opaca.

Este aumento no obedece ni a méritos, ni buen desempeño. Según la Alianza por un Congreso Eficiente, de las 38 iniciativas que dieron origen a los 36 decretos aprobados en el 2024, la mayoría carecía de estudios técnicos, financieros y soporte documental. El pleno del Congreso sesionó 66 veces, con un promedio de participación del 84%, pero al medir sus comisiones de trabajo se evidencia que muchos diputados no asisten regularmente a las sesiones. Por ejemplo, la Comisión de Economía realizó 43% de sus sesiones sin el quorum necesario para votar, lo que refleja un bajo nivel de compromiso.

El falaz argumento de los diputados para equiparar sus ingresos a los magistrados de sala carece de toda coherencia. Para ser magistrado se requiere ser profesional con especialización, años de experiencia, someterse a un proceso de selección y prestar un trabajo presencial de tiempo completo. En cambio, para ser diputado basta con tener 18 años y ser postulado por un partido político, sin necesidad de formación académica ni trayectoria profesional, menos ser evaluado.

No conformes con el aumento, intentaron agenciarse de una indemnización al finalizar su período, lo que les habría garantizado un ingreso millonario al dejar el cargo. La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió tal disposición mediante un amparo provisional contra el acuerdo legislativo 31-2024, al considerar que los diputados no son empleados sujetos a una relación laboral ordinaria y, por lo tanto, no tienen derecho a indemnización, pues su cargo es de elección popular y su período tiene un límite definido.

En cuanto al aumento salarial, la CC otorgó un amparo provisional y estableció que este cambio requería una aprobación presupuestaria posterior por parte del pleno del Congreso, pero la Junta Directiva lo ejecutó sin someterlo a votación, lo que ha generado cuestionamientos y más acciones legales. El impacto financiero de esta decisión es considerable. Cálculos realizados por la Alianza por un Congreso Eficiente señalan que el Congreso necesitará Q43.75 millones adicionales al año para cubrir el aumento. Más allá del costo económico, el problema de fondo es el precedente que se establece. Los diputados han demostrado que pueden modificar sus propios ingresos sin rendir cuentas a nadie, lo que agrava la crisis de confianza en el parlamento.

Paradójicamente, los diputados han ostentado históricamente el título de “dignatarios de la nación”, pero esta investidura representa un mérito que distingue, algo que se merece, cuestión de honor. En lugar de enfocarse en mejorar su labor legislativa, han priorizado su propio incremento salarial, aun cuando su rendimiento dice lo contrario. La cuestión ya no es solo si los diputados debían recibir un aumento, sino quién debería definir cuánto ganan y bajo qué criterios. Actualmente hay pendientes varias resoluciones por parte de la CC al respecto; sin embargo, los ciudadanos debiéramos dar un rotundo no ante la situación. Hoy lo hicieron sin rendir cuentas ni medir consecuencias. Si tienen la facultad de subirse el sueldo sin control, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo se les pone un alto? ¿Hasta cuándo?